Los afectados denuncian que el edil Felipe López Pérez les tiene retenidos más de 11 millones de pesos, sumado a descuentos que no tienen fundamento pues ya fueron auditadas las construcciones
José Estrada
[dropcap]L[/dropcap]os actos de nepotismos y corrupción que se llevan a cabo dentro de la administración de Felipe López Pérez han ocasionado daños patrimoniales a un grupo de empresarios, a los cuales se adeuda más de 11 millones de pesos. El recurso que dejó etiquetado Miguel Díaz Arcos tendría que haberse entregado en los primeros meses de éste año, sin embargo, la dirección de Obras Pública les aplica un «descuento por irregularidades en las obras» de entre 100 mil y 250 mil pesos a cada empresa.
Al mismo tiempo que la Organización Popular de los Pueblos Indígenas (OPPI) le ha dado al alcalde un ultimátum para que dé inicio a las obras priorizadas en cada una de las más de 80 comunidades que pertenecen a dicha asociación. En caso contrario iniciarán acciones que podrían desestabilizar al municipio de Salto de Agua, cuya administración, a ocho meses ha dado iniciado pocas obras en las cerca de 500 comunidades, barrios y colonias que se ubican en el municipio.
La designación de su ahijado, Federico Pablo Gutiérrez Mauricio, como director de Obras Públicas, quien resulta ser hijo del dirigente de la UGOCP en el municipio de Tila, Chiapas, deja en claro que ésta organización tiene metidas las manos en el erario público y pretende financiar no sólo las campañas del 2018 en Salto de Agua, sino en aquellas donde tiene presencia.
Es de conocimiento del alcalde Felipe López Pérez que los empresarios lo han buscado para que les pague, sin embargo, ha dejado ésta responsabilidad en su ahijado, quien realiza recorridos por las comunidades donde las obras han sido construidas y busca «detalles» que a su criterio merecen ser «sancionadas» y bajo éste pretexto realiza los descuentos antes señalados. Los amenaza de que si no aceptan no tendrán participación en las obras de la presente administración. A pesar de que el OFSCG auditó las obras y dio visto bueno a los trabajos, el dinero continúa en poder del alcalde.
A ocho meses de iniciado los trabajos de los presidentes municipales electos en el pasado sufragio del 2015, pocas obras han sido empezadas en Salto de Agua. «Algunas incluso no tienen siquiera el expediente técnico realizado, señalan algunos funcionarios, por lo que existe descontento entre los habitantes».
En Palenque, más de 120 obras han sido iniciadas, algunas ya hasta fueron inauguradas en diversas comunidades y la cabecera municipal. La Libertad, a pesar de contar con techo presupuestal de 5 millones 900 mil pesos, son 12 obras a las que el alcalde Gamaliel López Arcos ha dado el banderazo oficial y en Catazajá más de 35 se están ejecutando y otras cuantas ya han sido finalizadas; que pasa con los más de 190 millones que el estado ha enviado al edil, se preguntan los habitantes.
¿Quién saca provecho de ese dinero que debería ya estar en manos de los constructores para ejecutar las obras que desde inicios de éste año fueron priorizadas y dadas a conocer por el presidente municipal, durante un acto multitudinario el pasado mes de febrero?
La respuesta está en manos de los funcionarios del ayuntamiento municipal de Salto de Agua, quienes tienen conocimiento hacia dónde van los recursos. No sólo del estado sino de la federación y otros extraordinarios que llegan a las arcas públicas, por ser considerado uno de los 25 municipios más pobres de la nación.
En este caso es la OPPI, cuyos integrantes encabezados por Rigoberto López Trujillo se reunieron con Felipe López Pérez hace un par de meses, la que exige cuentas al edil. Señalaron algunas fuentes informativas que durante la reunión, donde se tomaron acuerdos en relación a la entrega de proyectos productivos, le exigieron que inicie las obras ya priorizadas o de lo contrario, sentenciaron, tomarán otro tipo de acciones que podrían desestabilizar la paz social, no unicamente en ese municipio, sino en toda la región.
