La Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares giró una orden de aprehensión contra Marcelo Pérez, por la desaparición de 21 personas originarias de Pantelhó
Ana Liz Leyte / Aquínoticias
La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas dio a conocer a través de un comunicado, que el sacerdote indígena tsotsil Marcelo Pérez Pérez tiene una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) como resultado del acompañamiento que ha hecho a pueblos y comunidades que denuncian y enfrentan a grupos criminales.
En su mensaje durante la homilía dominical, monseñor Fabio Martínez Castilla, lamentó la persecución que vive la iglesia, al tiempo que lamentó la muerte de los jesuitas de la Tarahumara y la agresión ocurrida en las últimas horas, contra el arzobispo de la diócesis de Morelia, Mateo Calivillo Paz, presuntamente por un grupo armado.
«Antes de hacer una acusación, investiguen cómo están las cosas, lo que pasa es que nunca nos han escuchado, siempre hemos tenido gobiernos y desgraciadamente también el actual, que no nos han escuchado», expresó el sacerdote Martínez Castilla.
La Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares giró una orden de aprehensión contra Marcelo Pérez, por la desaparición de 21 personas originarias de Pantelhó.
Los 21 desaparecidos fueron retenidos por pobladores de Pantelhó en julio de 2021 como parte de las acciones con las que habitantes del municipio expulsaron a presuntos integrantes del grupo criminal llamado «Los Herrera», que habría asesinado a unos 200 habitantes de esa región, entre ellas Simón Pedro, integrante del grupo Las Abejas de Acteal.
Estos 21 retenidos, según testimonios de pobladores, participaron en asesinatos, venta de armas y drogas, entre otros agravios. Luego de su detención fueron retenidos y permanecen en calidad de desaparecidos.
Familiares de los desaparecidos acusan al presidente concejal municipal de Pantelhó y actualmente recluido en el Penal El Amate, Pedro «N», ligado a la Diócesis de San Cristóbal, y al sacerdote Marcelo Pérez, a quien la Diócesis nombró como mediador en el conflicto.
