Héctor Estrada Avelar de Unidos Diferentes y José Eliezer Esponda Cáceres de Red Abierta A.C. denunciaron ser victimas de una campaña de difamación mediante redes sociales por lo que ya se abrió expediente para hallar a los responsables
Redacción
[dropcap]L[/dropcap]a Fiscalía Especializada de Protección y Atención a Organismo No Gubernamentales para la Defensa de los Derechos Humanos inició las investigaciones por los actos de acoso y difamación cometidos el pasado 14 y 15 de junio de 2016 contra activistas defensores de los Derechos Humanos de la población LGBTI en Chiapas que días antes habían denunciado las acciones discriminatorios y homofóbicas por parte del Presidente del Congreso local.
Las denuncias fueron presentadas por coordinador general de Unidos Diferentes Asociación Civil (UDAC) Héctor Estrada Avelar, y el presidente del Colectivo Red Abierta A.C., José Eliezer Esponda Cáceres, quienes la semana pasada fueron víctimas de una grave y ofensiva campaña de difamación mediante distintas redes sociales.
Los hechos se suscitaron sólo un día después de que los activistas encabezaran una conferencia de prensa, a nombre de alrededor de 20 organizaciones civiles LGBTI, donde denunciaron prácticas de fomento al odio y homofobia por parte del Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso de Chiapas, contra quien también se inició un proceso ante la Conapred para el establecimiento de medidas precautorias.
«Desde diversas cuentas de dudosa procedencia, creadas un día después de la conferencia, se comenzó una campaña de desprestigio contra quienes nos atrevimos a denunciar las prácticas ilegales en el Congreso de Chiapas contra los derechos de la población LGBTI y pedir la renuncia del Presidente del Legislativo. Se quiere generar temor entre las organizaciones LGBTI y eso no puede permitirse, por eso hacemos responsable a Eduardo Ramírez de todo lo que pueda sucedernos», expresaron los activistas.
Las investigaciones por los delitos contra la moral, la integridad y la dignidad de las personas, bajo los números de expediente 00137958 y 00137959, han sido turnadas a la Policía Cibernética para esclarecer el origen de los mensajes difundidos en redes sociales y teléfonos celulares, así como los posibles vínculos con los hechos expuestos por los defensores de los derechos humanos agredidos.
Asimismo, las denunciantes precisaron que la Fiscalía Especializada de Protección y Atención a Organismo No Gubernamentales para la Defensa de los Derechos Humanos la posible activación del protocolo especializado de seguridad y resguardo policiaco en caso de cualquier indicio de riesgo que pudiera presentarse.
