Ocurrido el 20 de marzo, es el primer feminicidio de una mujer que aspiraba a un cargo de elección en el actual proceso electoral
Cimac Noticias
El asesinato de la precandidata del PAN a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, en el estado de Oaxaca, Ivonne Gallegos Carreño, ocurrido el 2O de marzo, es el primer feminicidio de una mujer que aspiraba a un cargo de elección en el actual proceso electoral.
Al conocer el crimen, los presidentes nacionales del PAN, Marko Cortés Mendoza y del PRD, Jesús Zambrano, partidos que junto con el PRI forman la coalición «Va por Oaxaca», pidieron una investigación pronta y castigo a los responsables. Además, el líder perredista exigió un alto a la violencia política.
Los medios locales informaron que Gallegos Carreño viajaba en una camioneta junto a otra persona en la carretera de Santo Tomás Jalietza, a la altura del kilómetro 175, cuando fue atacada por sujetos armados. El acompañante de Gallegos resultó herido. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que investiga el caso como feminicidio.
Gallegos Carreño fue directora del Instituto Estatal de Capacitación para el Trabajo (ICAPET), y fue diputada local por el PAN. También fue Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Organizaciones como Mujeres de la Sal, 50+1 y ONU Mujeres también condenaron el crimen.
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) condenó el asesinato e informó que antes de lo ocurrido la aspirante presentó una queja ante ese órgano electoral en la cual solicitó el retiro de publicaciones en radio y redes sociales por presuntos actos de difamación y acusaciones en su contra.
El Instituto Electoral hizo un llamado para que en este proceso electoral partidos políticos e instituciones contribuyan a generar las condiciones necesarias para que la contienda electoral se desarrolle en contextos libres de todo tipo de violencia.
A la exigencia de una investigación seria se sumó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) que llamó a todas las autoridades competentes a realizar una indagatoria expedita y con perspectiva de género; y pidió a los gobiernos estatales y a los partidos políticos a que generen las estrategias para garantizar los derechos político-electorales de las mujeres.
El Inmujeres llamó además a los gobiernos estatales y a los partidos políticos a generar estrategias suficientes para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres en condiciones de igualdad y no violencia.
En este proceso electoral, el próximo 6 de junio se elegirán más de 21 mil cargos de elección popular, en el que competirán aproximadamente 10 mil 500 mujeres para conseguir diferentes cargos de elección. En este escenario el organismo pidió que se garantice la participación libre de toda forma de violencia y sin discriminación.
Desde 2020 se han documentado asesinatos de mujeres políticas. Por ejemplo, el 11 de noviembre de 2020 fue secuestrada y asesinada la presidenta municipal de Jamapa, en el estado de Veracruz, Florisel Ríos Delfín.
Este año, el pasado 10 de marzo fue asesinada la precandidata suplente a la presidencia municipal de Isla Mujeres por el Partido Redes Progresistas (RSP), en Quintana Roo, Flor de María Ballina Sánchez.
Además, un informe del Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), presentado el pasado 7 de diciembre, indica que del 14 de abril al 7 de diciembre de 2020 se presentaron 14 quejas por violencia política de género, de las cuales en 9 se determinó incompetencia del organismo electoral, por lo que se enviaron a una autoridad electoral local, al Congreso estatal, a un organismo de justicia partidaria o a la Comisión estatal de Derechos Humanos.
En febrero el INE actualizó los datos e informó que a partir del 14 de abril del año 2020 y hasta el 19 de febrero de 2021, aumentaron los casos a 36 quejas, denuncias o vistas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, en las cuales se determinó la incompetencia en 25 de ellas, remitiendo la queja o denuncia a la autoridad que se consideró competente.
