¿Jueces, por encima del Poder Legislativo?: Noroña

El presidente del Senado manifestó su desacuerdo con la revisión de la constitucionalidad de la Reforma Judicial, acusando de «facciosa» a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No solo está desafiando al gobierno, sino al mandato popular, aseguró

Aquínoticias Staff

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, manifestó su desacuerdo con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de revisar la constitucionalidad de la Reforma Judicial, promulgada el pasado 15 de septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La Reforma Judicial, que busca implementar cambios significativos en el sistema de justicia, se encuentra ahora bajo la lupa del más alto tribunal del país, lo que ha provocado una ola de reacciones políticas.

En su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), Fernández Noroña acusó a la Suprema Corte de adoptar una postura «facciosa» al aceptar analizar la constitucionalidad de la reforma. Aseguró que este acto es una demostración de que el tribunal está asumiendo un poder supremo que se coloca «por encima del Poder Legislativo, del Ejecutivo y, sobre todo, del soberano: del pueblo de México». Según el legislador del Partido del Trabajo (PT), la SCJN, bajo la presidencia de Norma Lucía Piña Hernández, está desafiando no solo al gobierno, sino también al mandato popular que, según él, respalda esta reforma.

La decisión de la SCJN se produjo después de que jueces y magistrados federales presentaran una consulta para impugnar la reforma. Con ocho votos a favor y tres en contra, el tribunal decidió que sí tenía competencia para analizar su constitucionalidad. Entre los ministros que apoyaron la consulta se encuentran figuras como Juan Luis González Alcántara, Norma Piña Hernández y Luis María Aguilar Morales. Los votos en contra provinieron de Lenia Batres, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel, quienes se mostraron firmemente opuestas a la revisión de la reforma.

Para Fernández Noroña, este análisis judicial no representa más que una resistencia desesperada de la Suprema Corte ante un cambio inevitable. En un mensaje contundente, el senador expresó su convicción de que, a pesar de este obstáculo, el proceso hacia una mayor democratización del sistema judicial seguirá adelante, enfatizando que en 2025 se llevará a cabo la primera elección de jueces y ministros mediante el voto popular. Esta propuesta, que permitiría a los ciudadanos participar directamente en la elección de autoridades judiciales, ha sido una de las principales banderas de la Cuarta Transformación y, según Noroña, no podrá ser detenida por la Corte.

Las tensiones entre los poderes Legislativo y Judicial han escalado a niveles significativos en los últimos meses, y esta reciente decisión de la SCJN ha intensificado el debate sobre el futuro de la justicia en México. Para muchos, la reforma impulsada por López Obrador y Sheinbaum representa una oportunidad para democratizar y modernizar el sistema judicial, mientras que para otros, como los jueces y magistrados que presentaron la impugnación, la reforma podría poner en riesgo la independencia de los tribunales.

La ministra Lenia Batres, una de las voces más críticas dentro del tribunal, llegó a calificar la decisión de la SCJN de aceptar la consulta como un «golpe de Estado», argumentando que al hacerlo, la Corte está interfiriendo indebidamente en las funciones legislativas y ejecutivas. Este tipo de afirmaciones reflejan la profundidad de las divisiones internas dentro del poder judicial y la gravedad de las implicaciones de esta decisión.

A medida que avanza el proceso de revisión constitucional, el futuro de la Reforma Judicial permanece incierto. Sin embargo, lo que es claro es que este conflicto entre los distintos poderes del Estado subraya la importancia y el impacto de las reformas en curso. Mientras tanto, figuras como Fernández Noroña seguirán presionando para que los cambios se concreten y el sistema judicial mexicano avance hacia una mayor participación ciudadana.

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