Un magistrado federal acusó a 11 consejeros de desacato y ordenó detener el proceso electoral extraordinario 2025. ¿Se paralizará el órgano electoral o continuará con sus funciones en el tiempo limitado que queda para la Elección Judicial?
Aquínoticias Staff
En un episodio que podría redefinir los límites entre las instituciones clave de México, el juez Segundo de Distrito en Colima, Francisco García Contreras, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por presunto desacato a una suspensión provisional que ordena detener el proceso electoral extraordinario en la elección de jueces, magistrados y ministros de 2025.
Además de la denuncia, el juez impuso una multa de 54,285 pesos a los consejeros y otorgó un plazo de 24 horas para que el INE acredite el cumplimiento de la suspensión. “Se han mostrado renuentes a acatar la orden de este juzgado, incurriendo en la conducta prevista en el artículo 262 de la Ley de Amparo”, advirtió García Contreras.
Entre las órdenes del juez destaca la suspensión de actividades relacionadas con la planificación y organización del proceso electoral extraordinario, así como la abstención de emitir acuerdos relacionados con la transferencia de recursos del Poder Judicial Federal a otras instancias.
El INE, por su parte, respondió que las actividades vinculadas a la organización del proceso electoral no pueden ser detenidas, ya que constituyen un mandato constitucional. “Concluir lo contrario paralizaría a los órganos del Estado responsables de garantizar los derechos políticos de la ciudadanía”, señaló el organismo en un comunicado.
El INE subrayó que detener sus funciones afectaría el derecho ciudadano a votar y ser votado, así como la certeza en los procesos democráticos. La institución consideró “constitucionalmente inviable” suspender las elecciones, dado que su actuación está sustentada en normas de interés público que salvaguardan la democracia.
La denuncia del juez y la postura del INE marcan un punto álgido en la interacción entre el Poder Judicial y el organismo electoral. Mientras el primero enfatiza el cumplimiento de medidas legales, el segundo defiende su autonomía para garantizar procesos democráticos.
Con el plazo del juez en curso y la firme postura del INE, el desenlace podría depender de la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de acuerdos políticos que mitiguen las tensiones. Mientras tanto, la ciudadanía observa con preocupación el desarrollo de un enfrentamiento que pone a prueba la solidez del sistema democrático mexicano.
