La entidad encabeza la lista de estados con más casos de este tipo a nivel nacional, reveló un estudio efectuado con peritos independientes por el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
Julieth Rodríguez/Portavoz
[dropcap]A[/dropcap] tres años de la visita del relator especial de la ONU en cuestión de tortura y de la implementación del denominado «Protocolo de Estambul» (PE) en estas tierras, Chiapas encabeza la lista de entidades con más casos de tortura a nivel nacional, reveló un estudio efectuado con peritos independientes por el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI).
El organismo civil informó que el estudio publicado se basa en el análisis de la información obtenida de 50 personas, a quienes se les efectuó el dictamen médico psicológico basado en el PE entre el 2006 y el 2016 a fin de examinar tanto patrones como métodos de tortura, al igual que su impacto en la vida de los afectados.
Los dictámenes médicos psicológicos —elaborados en apego al protocolo referido— se practicaron mayoritariamente a personas que «estaban o están» internas en penales de máxima seguridad y penales estatales de varios estados como Estado de México, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala, Morelos, Baja California Norte, Veracruz, Campeche, Chiapas y Jalisco.
«Con este aporte queremos dejar evidencia sobre la tortura como una práctica sistemática y generalizada en México, queremos sumar a los esfuerzos de la sociedad civil señalando la historia negra de nuestro país y la guerra dirigida a la población como una forma de orden y control social, así como evidenciar la impunidad que se pretende ocultar», se lee en el estudio.
Deficiencia en Procus
En los resultados generales, destaca que el estado donde encontraron más casos de tortura fue Chiapas (22.45 por ciento), seguido de Tlaxcala (16.33 por ciento), Estado de México, Chihuahua y Baja California Norte (8.16 por ciento). También hubo casos en Campeche y Querétaro (8.16 por ciento), Guerrero y Veracruz (6.12 por ciento), así como en Sinaloa, Quintana Roo, Oaxaca, Morelos y Coahuila (2.04 por ciento).
Además de ello, el informe reveló la criminalización de la juventud y la pobreza pues los peritos independientes participantes en el mismo explicaron que la mayoría de los casos ocurrieron en agravio de población joven y en edad productiva, cuya condición económica y social es baja.
De acuerdo con el estudio —retomado por Animal Político—, los dictámenes analizados por el CCTI determinaron que el rango de edad de los afectados al momento de los actos de tortura se estableció entre los 16 y 54 años, pero había mayor incidencia en aquellos entre los 19 y 31 años de edad.
Las autoridades que más incurrieron en tortura o que resultaron involucradas con frecuencia en los casos resultaron ser las policías estatales pues lideraron el conteo con un 42 por ciento de los casos; en segundo lugar, las autoridades de las procuradurías locales, con 22 por ciento de los casos; y en tercer lugar, los de la policía preventiva, con el 15 por ciento. En los siguientes «peldaños» se ubicaron el Ejército (10 por ciento) y la Marina (5 por ciento).
Hubo un común denominador en aquellos casos que los peritos independientes dictaminaron como de tortura: que en cada uno de ellos, «cuando la Procuraduría empleó el Protocolo de Estambul para identificar si los detenidos fueron torturados o no, los resultados dieron negativo». Es decir, los médicos y psicólogos de las procuradurías no registran de forma correcta las condiciones de los aprehendidos en el momento de practicar los exámenes correspondientes.
Casos documentados
Antes de este estudio de la CCTI, en 2012 el Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de las Casas» (Frayba) publicó uno denominado De la Crueldad al Cinismo. Informe sobre Tortura en Chiapas en el que admitió haber hecho del conocimiento público los eventos de tortura perpetrados por agentes del Estado. «De las intervenciones enviadas a las instancias correspondientes de los gobiernos, en sus diferentes niveles, éstos han hecho caso omiso o han realizado acciones que son insuficientes e ineficaces», se lee en ese informe.
En el periodo comprendido del año 2010 hasta 2011, el Frayba documentó 47 personas sobrevivientes de tortura, en 15 municipios del estado de Chiapas: Acala, Bella Vista, Comitán, Chilón, Huixtla, El Porvenir, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Pueblo Nuevo Solistahuacán, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores.
Da cuenta que las víctimas fueron sometidas, de acuerdo con la documentación recabada por ese centro, a diversos métodos de tortura como: paliza o golpiza; asfixia (submarina mojada o seca, «tehuacanazo»); algún tipo de privación (de agua y alimentos, de atención médica necesaria y/o servicios sanitarios); tensiones sensoriales (ojos vendados, cuerpo vendado); exposición al calor; toques eléctricos; inmovilización (posturas forzosas); amenazas e incluso de muerte contra la víctima o sus familiares; hostigamiento y vejación o violación sexual.
El Frayba, además, en 2014 aprovechó la visita del relator especial de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de la Tortura, Juan E. Méndez, para entregarle el informe «La tortura, mecanismo de horror» (seguimiento al trabajo que lo antecedió), donde documentaba en el periodo de 2013 a 2014, otros 17 eventos en donde se realizó al menos un acto de tortura.
Estos actos acontecieron en Tuxtla Gutiérrez (6), Tapachula (2), Chenalhó (2) y con un caso cada uno en Simojovel, Maravilla Tenejapa, Arriaga, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Sabanilla, Acala; en dos de los casos ocurrieron decesos y uno más fue en agravio de un menor de edad, según se lee en el documento.
«En cuanto a las víctimas, 14 son hombres, uno de ellos menor de edad y 3 mujeres. Dos de las víctimas murieron bajo custodia policial, presumiblemente a causa de los golpes recibidos, una en el municipio de Acala y otra en Tapachula.»
Caso Rosette
Del trabajo ampliamente documentado por el Frayba, hay uno que resalta porque se trata del primero admitido por las dependencias y de los más documentados, ya que por medio de ese caso se hizo la solicitud de la aplicación del Protocolo de Estambul en Chiapas e incluso se evaluó su tratamiento en instancias internacionales, se trata del caso de Miguel Ángel Rosette García, exchofer de la familia Orantes Costanzo, quien bajo tortura fue obligado a inculparse del robo de una caja fuerte cuyo contenido nunca se precisó.
Periodistas estatales dieron vasto seguimiento al caso que data de 2011, además, obra en poder de Portavoz el archivo parcial que corresponde a las denuncias presentadas por los agraviados en contra de diversas autoridades por abuso de poder, tortura, tráfico de influencias.
En 10 días se cumplirán seis años de litigio por limpiar el nombre del joven y porque los daños sean resarcidos. El 16 de abril de 2011, luego de haber sido enterado del robo por su entonces patrón, Gabriel Orantes, Rosette García debió presentarse en el domicilio donde se perpetró la sustracción.
Según los testimonios contenidos en las documentaciones y que la propia familia ha facilitado a los medios de comunicación, una vez en ese sitio lo interceptaron dos policías bajo el argumento de que debía ir a declarar a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
En una camioneta sin marcas, logotipos ni placas, lo trasladaron —mientras le cubrían la cabeza con su propia playera— hasta una galera propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública; había sido detenido arbitrariamente y ahí lo torturaron por más de cuatro horas. La familia también fue víctima de persecuciones, amenazas y vejaciones a raíz de estos hechos, relató Aurora Rossette García, hermana del afectado.
En declaraciones para Patricia Chandomí, refirió: «El uno de mayo (2011), Gabriel Orantes se comunica con uno de mis familiares donde nos dice que mi hermano seguirá preso, que ni el mejor abogado de México lo podrá sacar, que tienen acuerdos con el procurador (el que estaba antes Raciel Salazar); después me habló a mí, para decirme que estaba equivocada si pensaba que él iba a desistir porque mi hermano no presentaba la caja».
Asimismo, admitió: «De la misma PGJE me dijeron vaya usted al Frayba, el Centro de Derechos Humanos, y dígales que apliquen el protocolo de Estambul, si no a sus familiares se los van a estar chingando, fue así que di con ellos».
Hasta hace tres años, aunque el gobierno del estado de Chiapas aceptó la recomendación por tortura en contra de Rosette García, se mantenía en incumplimiento de la misma y las autoridades se excusaban con el argumento de no contar con los recursos suficientes para reparar los daños ocasionados, como lo marca la Ley General de Víctimas Contra la Tortura en la entidad chiapaneca. Sólo ofrecieron otorgarle ayuda sicológica.
Ahora, a cinco años de la publicación del primer informe del Frayba y a casi seis de la pesadilla de la familia Rosette, el panorama en Chiapas no ha cambiado, la tortura sigue siendo practicada por las autoridades como método «confesionario» sistemático.
