No hay democracia que no reconozca a la transparencia como parte fundamental del sistema, sobre todo, cuando queremos impactar en la otra cara de la moneda: la impunidad. Con esta inercia, cambios se han gestado en los poderes ejecutivo y legislativo. Ahora, la entrada en vigor de la reforma a la fracción II del artículo 73 la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sobre la ampliación de la obligación de transparentar todas las sentencias, y no solo las de «interés nacional» –como versaba– es un gran cambio para frenar la discrecionalidad y opacidad que cubría a gran parte del Poder Judicial.
La transparencia en las sentencias atiende a la necesidad de enfrentar la corrupción, así como acercar las instituciones a la ciudadanía, a la protección de los derechos humanos y a la verdadera impartición de justicia. México, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad, ocupa el 4to lugar mundial en impunidad y el primero en el continente. Ello, derivado, entre otras cosas, de fuertes desventajas en el sistema de justicia, en promedio contamos con cuatro veces menos jueces y magistrados que el resto del mundo (3.9 por cada 100 mil habitantes). Hay que agregar que, además del enorme rezago, los índices de violencia se mantienen al alza y el sistema se satura.
La poca confianza que tiene la ciudadanía en la impartición de justicia genera que más del 90% de los delitos no se denuncien. Por ello, la transparencia y rendición de cuentas en el Poder Judicial son elementos fundamentales para la consolidación de nuestro estado de derecho. Este gran paso ayuda a conocer el trabajo de jueces y magistrados poniendo fin a la opacidad, abona al compromiso de los tribunales con la justicia y repercute en la calidad de la democracia mexicana reduciendo la corrupción.
Otra arista del tema es la perspectiva de género. Durante años, la aplicación de criterios discrecionales afectó a muchas mujeres dada la profundidad y alcance de la cultura machista (para muestra el caso de Los Porkys). Sí, los cambios en la ley conducen a la transformación de la realidad, sin embargo, ese proceso es lento. Atender con urgencia la corrupción, la impartición de justicia y la desigualdad de género requieren esfuerzos de transformación, capacitación, concientización y todo aquello que abone a la rendición de cuentas.
Hay que reconocer el trabajo de la legislatura de paridad, de las mujeres que han alzado la voz y de organizaciones como EQUIS: Justicia para mujeres que impulsaron el cambio. El desconocimiento de la sentencia y sus procesos fomenta injusticia, desigualdad e incluso impunidad. Lo justo es saber, conocer sentencias y criterios para impulsar un país más justo y transparente.
