De acuerdo con la sentencia consultada por Reforma los normalistas no fueron «ocultados» sino privados de la vida, por esta causa –argumenta el documento- no hubo órdenes de aprehensión
Redacción
[dropcap]E[/dropcap]l Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales y el Segundo Tribunal Unitario de Tamaulipas rechazó que los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa hayan sido de víctimas de desaparición forzada, ya que los indicios señalan que están muertos y no «ocultados» por el Gobierno, revela una sentencia consultada por el diario Reforma.
«Según se advierte de las declaraciones, las víctimas de los eventos suscitados el 26 de septiembre de 2014, fueron privadas de la vida, por lo tanto, se concluye que no es posible que se actualice el primero de los elementos que nos ocupa (el ocultamiento)», señala un fallo según el diario Reforma.
De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso el medio de circulación nacional, el Juzgado consideró que el ocultamiento de los estudiantes por parte un servidor público no fue acreditado por la Subprocuraduria Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por lo que la desaparición forzada quedó descartada.
«Las constancias procesales apuntan en forma coincidente a que las víctimas no fueron mantenidas en el ocultamiento; muy al contrario, fueron detenidas, privadas de la libertad y trasladadas al lugar donde fueron ejecutadas sumariamente», dice una sentencia a la que el diario Reforma tuvo acceso.
Al respecto, señala el diario, los jueces argumentaron que la desaparición forzada implica una privación de la libertad extensa, situación que no fue posible puesto que las pruebas apuntan a que, muy probablemente, los estudiantes fueran asesinados horas después de su detención.
«(El) ocultamiento no se mantuvo en absoluto, pues el sumario apunta a considerar que las víctimas probablemente fueron ejecutadas en brevísimo tiempo posterior a su detención», señala el fallo.
Según el medio, por ello no se giraron órdenes de aprehensión por desaparición forzada en contra de 56 acusados, entre ellos, José Luis Abarca, ex Alcalde de Iguala; su esposa María de los Ángeles Pineda Villa; como también Felipe Flores Velázquez, ex jefe de la Policía de Iguala; policías municipales de Iguala y Cocula; y algunos presuntos miembros del grupo delictivo «Guerreros Unidos».
«Al no acreditarse el primero de los elementos, es innecesario realizar el estudio relativo a la demostración de los demás elementos que conforman el cuerpo del delito; y, por ende, la probable intervención de aquellos (acusados)», sentencia el fallo.
(Con información de SinEmbargo)
