Luego de que en este año se dieron a conocer las cifras más recientes de pobreza en México, organizaciones civiles señalaron la poca efectividad de los programas sociales como una de las principales causas de que la cifra haya aumentado 2 millones en dos años
Agencias
[dropcap]D[/dropcap]urante 2015 resultó imposible verificar si las acciones realizadas a través del programa Prospera sirvieron para combatir la pobreza en México, ya que las secretarías a través de las que se ejercieron 37 mil 911 millones 332.6 mil pesos carecen de mecanismos de información y seguimiento que demuestren a dónde fue a parar ese dinero público, concluyó la investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El periodo de referencia fue el último en el que la política de desarrollo social estuvo a cargo de Rosario Robles Berlanga, y también el último que permitió al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicar las cifras nacionales de pobreza en el país.
La evaluación referente a la política pública se realizó a partir de los informes de 13 dependencias, con el objetivo de determinar la pertinencia del programa para atender la pobreza, así como la efectividad de sus acciones para cumplir metas.
El objetivo general de Prospera en 2015 fue el de «contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza mediante acciones que amplían el desarrollo de sus capacidades en alimentación, salud y educación y el acceso a otras dimensiones de bienestar para coadyuvar a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza».
En un país donde 55.3 millones de personas carecen de las condiciones necesarias para el goce efectivo de sus derechos, Prospera ha operado bajo tres ejes: alimentación, salud y educación. En todos se encontraron fallas en los mecanismos de entrega de apoyos, de requisitos para acceder a ellos, de evaluación y seguimiento de casos que sirvan para medir la efectividad y de un padrón íntegro.
La revisión evaluó la entrega de apoyos monetarios para alimentación, y la mejora de la alimentación de los beneficiarios; los diseños programático-presupuestal y normativo; el cumplimiento del objetivo general del programa, relacionado con la coordinación de sus componentes para contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza; los resultados de las actividades de inclusión financiera, laboral y productiva de los beneficiarios; la economía en el ejercicio de los recursos; el sistema de evaluación del desempeño; los mecanismos de control interno implementados para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa, y la rendición de cuentas.
Prospera busca generar incidencia en 25 millones 807 mil 615 personas que integran 6 millones 168 mil 900 familias beneficiarias.
En 2015, el presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública, fue de 37 mil 911 millones 332.6 mil pesos. El 91.5 por ciento se ejerció en «Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas», como el pago de comisiones a instituciones liquidadoras y la operación del programa, la contratación y pago de honorarios del personal operativo; el 6.3 por ciento para los operativos relacionados con la incorporación de familias al programa; el 1.8 por ciento para el pago de las obligaciones laborales, y el 0.4 por ciento para el mantenimiento del padrón de beneficiarios.
Un débil avance con la SEP
De 2010 a 2014, el rezago educativo en el país sólo disminuyó 2 por ciento. En esa condición, según la última revisión del Coneval, viven 22.4 millones de personas y que son población objetivo de Prospera. El programa tiene como propósito otorgar apoyos educativos crecientes en primaria, secundaria y educación media superior a los niños, niñas y jóvenes de las familias beneficiarias, para fomentar su inscripción, asistencia regular a la escuela y la conclusión de sus estudios.
En 2015 el presupuesto asignado a este rubro fue de 28 mil 275 millones 872.8 mil pesos para la atención de becarios y adquisición, entrega y reposición de útiles escolares.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) reportó que ejerció 18 mil 025 millones 599 mil pesos para la operación del componente educativo de Prospera para educación básica, pero careció de información sobre el resultado de la entrega de apoyos educativos justo en educación básica a niños y niñas de las familias beneficiarias, en el fomento de la inscripción, la asistencia regular y la terminación de ese nivel educativo.
La SEP es la encargada de manejar los recursos presupuestarios y se encontró que esta no es «ni suficiente ni adecuada» para operar dicho componente educativo, porque no se incluyeron mecanismos para el seguimiento y control de las actividades de la política. Como resultado, no se pudo determinar si se fomentó o no la inscripción y terminación de la educación básica, ni tampoco se establecieron estrategias de coordinación para disponer de información del seguimiento de los becarios
