Realizará 20 auditorías a nivel municipal; 17 al gobierno estatal; y nueve a la SCT. En cuarto lugar se ubica el ISSSTE, con seis
Julieth Rodríguez / Portavoz
[dropcap]D[/dropcap]e las 67 auditorías que enfrentará la entidad ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la mayoría corresponden a los Ayuntamientos, seguidos del gobierno del estado y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Esta información está contenida en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
En el documento consta que se practicarán 20 auditorías a nivel municipal; 17 al gobierno estatal; y nueve, a la SCT. En cuarto lugar se ubica el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con seis.
Respecto a los ayuntamientos, el conteo lo lidera Tuxtla Gutiérrez con tres auditorías; le siguen, con dos procesos, los municipios de Chilón, Chamula y Ocosingo. Venustiano Carranza, Villaflores, Comitán, Las Margaritas, Ocozocoautla, Oxchuc, Palenque, Salto de Agua, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tila afrontan una auditoría cada uno.
La Secretaría de Salud (Ssa) se sujetará a tres de estas verificaciones; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a dos; y el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, a una. Afrontan un par, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad; el Instituto del Fondo Nacional para el consumo de los trabajadores; y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
De acuerdo con el portal de internet de la propia ASF, hay cuatro tipos de auditorías: de cumplimiento financiero —que se divide en Forense y de Inversiones físicas—; de desempeño; al gasto federalizado; y a las tecnologías de la información y comunicaciones y control.
La de cumplimiento financiero, «revisa que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos aprobados por el Congreso se lleven a cabo de acuerdo a la normativa correspondiente y que su manejo y registro financiero haya sido correcto».
En el caso de la Forense, «consiste en la revisión rigurosa, pormenorizada, objetiva y crítica de los procesos, hechos y evidencias derivados de la fiscalización, para la investigación y documentación de un presunto ilícito»; es decir, existe la presunción de que el ente a fiscalizar incurrió en un delito, en el que hizo uso de los recursos públicos.
En la de Inversiones físicas, explica la ASF, su materia de análisis son los procesos de adquisición y desarrollo de obras públicas; se evalúa si se justifica su inversión, si cumplen los estándares de calidad previstos, la razonabilidad de los montos invertidos, si fueron entregadas en tiempo y forma, y si se sujetaron a la normativa vigente.
Por su parte, la Auditoría de desempeño se orienta a evaluar el grado de cumplimiento de metas y objetivos de los programas gubernamentales; si estos fueron realizados con eficacia, eficiencia y economía, así como su impacto (social y económico) y beneficios para la ciudadanía.
En cada uno de estos rubros, Chiapas será auditado. El Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 da cuenta que se ejercerán 36 financieras con enfoque de desempeño; y 14 de cumplimiento financiero. Aunque de estas últimas no especifica a qué subtipos pertenecen, sí hace la distinción con otras pues clasifica 12 de inversiones físicas y una forense. Asimismo, se practicarán cuatro más clasificadas sólo como de «desempeño».
El documento publicado por la Federación, el 20 de enero pasado, especifica aquello que será objeto de las auditorías. En el caso de los ayuntamientos, en varios casos se verificarán los recursos de los fondos de aportaciones, tanto aquellos para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
Asimismo, los designados en el fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; participaciones federales a municipios; recursos del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (en el caso de Tuxtla Gutiérrez); y los del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado.
En el caso del gobierno del estado, serán auditados los recursos de los fondos de aportaciones Múltiples; para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; para la Educación Tecnológica y de Adultos; para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; para los Servicios de Salud; y de Infraestructura Social para las Entidades.
Además de los recursos federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la entidad federativa; los subsidios federales para organismos descentralizados estatales; «Prospera», Programa de Inclusión Social: Componente de Salud; proyectos de Desarrollo Regional; apoyos a centros y organizaciones de educación; participaciones federales y su distribución; el gasto federalizado a los entes ejecutores de Chiapas; el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, así como otros no especificados y demás fondos federales.
En el rubro de la construcción, se auditarán las edificaciones de viviendas en la pesquería La Gloria (Arriaga); la Planta de cría y esterilización de machos de la mosca del Mediterráneo (Metapa). También los hospitales de 180 camas, bajo jurisdicción del IMSS; y el General a cargo de la Ssa, ambos en Tapachula. En Tuxtla Gutiérrez, el Hospital General en jurisdicción del ISSSTE. Asimismo, la modernización de la Carretera Palenque-San Cristóbal de Las Casas y de la Autopista a la Frontera desde Comitán (primera etapa); además del proyecto «Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes».
Sobre salud, se verificarán la gestión financiera para la prestación de servicios de salud en el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas; y la calidad de la atención médica en la Ssa. En educación, los convenios de coordinación, colaboración y acuerdos específicos suscritos por la Universidad Politécnica de Chiapas con la administración pública federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios.
Justo ayer, el columnista Héctor Estrada aseveró en su columna «En la mira», que el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso de Chiapas y la nueva Secretaría de la Contraloría General ya alistaban auditorías contra algunos funcionarios y dependencias que recién iniciaron su proceso de desaparición de la estructura gubernamental.
«Entre algunos de los nombres que se filtran para las presuntas auditorías son el , el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y Banchiapas donde las cuentas públicas aún no terminan de ser entregadas (…) el propio Auditor Superior del Estado, Alejandro Culebro Galván, quien dejó entrever los planes gubernamentales, asegurando, que quienes todavía no han entregado la información trimestral de la cuenta pública serán sujetos de sanciones y observaciones de financiamiento conforme a lo establecido por la ley», expresó en la edición anterior de Portavoz.
Consignó que hay 3 mil 785 millones de pesos, según la misma ASF, cuyo gasto no se ha podido comprobar desde 2011. «Chiapas es la entidad número cuatro dentro de los estados con la mayor cantidad de recursos sin comprobación o esclarecimiento. La mayoría de los procesos de investigación corresponden a los primeros dos años de gobierno del actual mandatario», comentó.
