Tener una democracia que satisfaga los problemas comunes pasa por conciliar la participación ciudadana y la capacidad de decisión de la autoridad. En las democracias constitucionales, las personas cuentan con un catálogo de derechos que, reconocidos por el Estado, sirven para fijar límites al gobierno y para sugerir orientaciones en la política pública.
La renovación de los cargos públicos, por medio de elecciones, se ha vuelto un hábito. Con un buen grado de certidumbre sobre su realización, la ciudadanía mexicana participa en ellas. De manera excepcional, la población ha sido convocada a expresar su parecer sobre una pregunta: «¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».
Algunos han dicho que la pregunta es un galimatías. No considero que llegue a ser propiamente eso pero, al menos, sí está excesivamente «adornada» y, por ello, merece ser analizada en tres dimensiones: la temporalidad, el universo de personas implicadas, y las víctimas.
Hay que tener presente que la redacción de la pregunta estuvo a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, institución que modificó la que planteó el poder Ejecutivo de la Unión en cuyo contenido, de forma explícita, nombraba a cinco personas por la supuesta comisión de delitos (el artículo 13 constitucional señala que nadie podrá ser juzgado por leyes privativas).
Con relación a la primera dimensión de análisis –la temporalidad–, la pregunta no fija un límite de años; en todo caso, de la lectura de la misma se colige que la expresión «los años pasados» se refiere a todo año anterior al 2021, incluyendo, entonces, periodos gubernamentales ya concluidos y vigentes, sin distinción de partido o nivel de gobierno. Sobre la segunda dimensión –el universo de implicados–, la pregunta menciona a los actores políticos. La ambigüedad es amplia: ¿se refiere a quienes ganaron elecciones o a aquellos designados en tareas de la administración pública?, ¿a qué niveles de gobierno y poderes se refiere?, ¿los actores políticos no estatales también están considerados?; en fin, la última dimensión, las víctimas. Se ha dicho que la consulta puede dar origen a un proceso de justicia transicional en donde se pongan en el centro los derechos de las víctimas y hayan medidas de reparación y no repetición. Al respecto, hay que subrayar que las acciones propias de la justicia transicional son medidas ejecutivas que no requieren de consultas populares para legitimarse.
Lejos de la propaganda, del uso político del ejercicio que puede significar la utilización de un mecanismo democrático para fines perversos o de lo que se dice que es pero no es, esta será la primera consulta popular organizada profesionalmente con un alcance nacional.
La consulta viene a poner de relieve que la condición ciudadana no se agota en un día. Este mecanismo de participación está pensado como un lazo directo de comunicación entre el gobierno y la sociedad para que el primero tome el pulso sobre alguna cuestión de interés general y resuelva el sentido de su acción. Al respecto, la incidencia ciudadana en el gobierno tiene reglas. Y no podría ser de otra manera; en principio, la regla para hablar. Si todos se expresan al unísono en la plaza, ese abanico de voces desaparece, callando a todos. La canalización de la voz pública por medio de la consulta –o de algún otro mecanismo institucionalizado similar– recaba cada una de las voces en su singularidad. La otra regla: no todo se puede consultar. Si así fuera, los derechos humanos, por ejemplo, podrían serles desconocidos a algunos sectores por gobiernos con pretensiones autoritarias.
La consulta revive la idea del «ciudadano y de la ciudadana total»: aquellos que participan todo el tiempo y en todos los asuntos. Esto no es más que una utopía, como bien dice Mauricio Merino. Querer estar en todo es un sinsentido. Quien participa en los temas comunes decide en cuáles hacerse presente porque no existe el don de la ubicuidad, pero la acción colectiva que se manifiesta en estos ejercicios suple la actuación individual.
La democracia no es perfecta y algunos medios para mejorarla son los mecanismos de participación (referéndum, plebiscito, revocación de mandato, iniciativa ciudadana, consulta popular, entre otros), siempre que se usen con responsabilidad y sentido de Estado. La democracia electoral, la representación política y estos mecanismos no se oponen, sino que se nutren en la medida en que, en algunos procesos decisionales de trascendencia para la comunidad, se obtiene el parecer de los gobernados. El mandato original que tienen las personas electas no entra en conflicto con la voluntad que se manifiesta en la participación directa.
Una consulta popular, como mecanismo de democracia participativa, no sustituye a los poderes tradicionales ni a la aplicación de la justicia (la investigación de delitos no necesita consultarse), contribuye a conformar, en todo caso, la potencia volitiva estatal en temas muy específicos.
