El Máximo Tribunal resolvió tres asuntos que fortalecen el acceso a la justicia, garantizan la participación de víctimas y establecen criterios sobre reparación del daño y actuación del Ministerio Público
AquíNoticias Staff
La Suprema Corte de Justicia de la Nación marcó un nuevo precedente en materia penal al resolver diversos asuntos que colocan en el centro del sistema de justicia a las víctimas, fortaleciendo su participación y acceso efectivo a la justicia.
En sesión de Pleno, el Alto Tribunal validó la reposición de un procedimiento penal iniciado en 2011, relacionado con delitos de secuestro y delincuencia organizada, al considerar que las víctimas no fueron notificadas adecuadamente sobre las conclusiones del Ministerio Público. Esta omisión vulneró sus derechos, por lo que se ordenó repetir el proceso para garantizar su intervención.
La Corte estableció que la persona juzgadora puede dar vista a instancias superiores cuando el Ministerio Público emite conclusiones no acusatorias, siempre que exista inconformidad expresa de la víctima. Con ello, se activa un mecanismo interno de revisión sin sustituir las funciones del órgano acusador.
En otro criterio relevante, el Tribunal fijó reglas claras sobre la prescripción de la reparación del daño. Determinó que el plazo comienza a correr a partir de que la sentencia condenatoria queda firme y la víctima es notificada formalmente. De lo contrario, se vulnera su derecho a una reparación integral.
Además, al analizar un caso originado en Chiapas, la Corte resolvió que las víctimas tienen derecho a participar activamente cuando el Ministerio Público decide desistirse de la acción penal. Esto implica ser notificadas y tener la posibilidad de intervenir en las audiencias para expresar sus argumentos.
Estas resoluciones consolidan un principio: el sistema penal no puede operar al margen de las víctimas. Su participación ya no es accesoria, sino un componente esencial para garantizar la legalidad, la equidad procesal y la justicia.
