A la mitad de las personas que viven en América Latina no les gusta la democracia. No porque rechacen la elección periódica de sus gobernantes y las alternancias políticas sean, en su mayoría, pacíficas, sino porque este régimen ha constituido a élites que se alejan de la sociedad, concentran la riqueza y cancelan los puentes de la movilidad social; que destruyen el Estado de Derecho y las instituciones que le dan forma, al procurar sólo sus intereses. La democracia rechazada es la que ha dejado de representar un pacto social amplio. La que se exige, en contrapartida, es una abierta al disenso, donde la hegemonía de una persona o una idea no exista, y la equidad, la justicia y la igualdad se verifiquen en la realidad.
El informe 2021 del Latinobarómetro, hecho público el pasado jueves, es particularmente importante porque la recolección de datos se realizó durante la pandemia y, porque, además –aunque esto entra en el orden de lo simbólico– esta edición es la número 25: un cuarto de siglo registrando el ánimo y las tendencias de la sociedad latinoamericana. Los temas que se reúnen en este estudio son muy variados, así que sólo me referiré a uno: el apoyo a la democracia.
Entre 2010 y 2018 se registró una disminución del apoyo social a la democracia: de 63 a 48 por ciento. Esta caída puede explicarse por las crisis políticas endógenas, pero, también, por circunstancias internacionales como las crisis económicas. Para 2020 se advirtió un incremento de un punto porcentual. Junto con el 49 por ciento de personas que apoyan a la democracia en el subcontinente, conviven otras dos expresiones: la que prefiere un sistema autoritario (13 por ciento) y la que no tiene preferencia por algún tipo de régimen (27 por ciento). En 11 países hay un aumento en el apoyo a la democracia, pero no es el deseable. El Salvador, Uruguay y Guatemala registran las tasas de incremento más altas con relación al 2018, con una diferencia de 18, 13 y 9 puntos, respectivamente. Por su parte, las sociedades de Chile y Bolivia manifestaron un entusiasmo muy tímido con 2 y 1 por ciento.
¿Cómo le fue a México? El país se ubica a la mitad de la tabla con un incremento de 5 puntos con relación al 2018: de 38 a 43 por ciento. Sin embargo, es un porcentaje bajo e incluso preocupante si lo comparamos con el 2002 cuando registró una taza de 63 por ciento. Finalmente, Ecuador y Colombia registran las caídas más significativas de apoyo a la democracia: 17 y 11 puntos menos, respectivamente.
Hay que singularizar, al menos, dos casos que son dramáticos a pesar del porcentaje de apoyo a la democracia consignado en el informe. En Nicaragua, cuya población registra un ánimo prodemocrático de 48 por ciento, se vive una crisis institucional de consecuencias importantes. Una parte de la comunidad internacional ve a Daniel Ortega como un dictador al haber modificado las reglas electorales para permanecer en el poder, encarcelado a más de una docena de candidatos a la Presidencia por ser opositores y desatado una persecución contra sus detractores. Por su parte, El Salvador tiene un alto apoyo a la democracia (46 por ciento) a pesar de que los poderes Ejecutivo y Legislativo se han enfrenado y el presidente Nayib Bukele ha dispuesto de las Fuerzas Armadas para amedrentar al Congreso. Bukele manifiesta de forma pública su desprecio a las reglas institucionalizadas del juego político. En su biografía en Twitter se define como «El dictador más cool del mundo». Francamente, no es gracioso.
El apoyo a la democracia ha venido cayendo de manera constante en la región. La desconfianza hacia la clase política, el descontento con los resultados en el ejercicio de gobierno y el rechazo a los partidos políticos son muestra de la insatisfacción con el pacto social existente. El problema es estructural. Pasa por la economía, el sentido de pertenencia y la posibilidad real de cumplir expectativas personales y colectivas.
La democracia no es un estado de cosas permanente, requiere que se promueva y defienda todos los días. No hay que olvidarlo.
