El pasado 30 de enero el gobierno del exgobernador de Puebla, hizo pública por primera vez que la deuda que le heredó a Tony Gali, la cual asciende a 23 mil 97 millones de pesos, sin embargo, en el documento no se contemplan los Proyectos para la Prestación de Servicios del Museo Internacional Barroco y del Centro Integral de Servicios, que ascienden a 11 mil 80 millones de pesos, es decir que la deuda total alcanzaría los 34 mil 177 millones de pesos
Agencias
[dropcap]E[/dropcap]n los 23 mil 97 millones de pesos considerados como deuda que dejó el ex Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, no se encuentran contabilizados los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) del Museo Internacional Barroco (MIB) y del Centro Integral de Servicios (CIS), que ascienden a 11 mil 80 millones de pesos, debido a que corresponden a «gasto corriente», así lo informó el Secretario de Finanzas y Administración (SFA), Raúl Sánchez Kobashi.
En una reunión con medios de comunicación, el funcionario estatal continuó con la defensa de la administración pasada pues dijo que los 23 mil millones de pesos, no corresponde a una deuda sino a compromisos financieros y obligaciones a pagar.
Con una presentación explicó que la deuda reconocida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados y el Congreso del Estado, es de 8 mil 362 millones de pesos.
Sobre la cifra de 23 mil 97 millones de pesos que el Gobierno de Puebla transparentó el pasado 30 de enero, dijo que son obligaciones financieras correspondientes a 558.3 millones de pesos a Fondos Ajenos de Soapap y la Fiscalía, Aportaciones, Participaciones y Convenios (Municipios y Fondos Federales) que son de 6 mil 838 pesos; el proyecto de inversión AUDI a largo plazo —que es el total del pago— son de 8 mil 228 millones; el proyecto de inversión AUDI a Corto Plazo contemplado en la ley de Egresos 2017, que es el pago de 756.2 millones de pesos.
Además de «otros compromisos» en Inversión Pública por mil 194.4 millones de pesos, que da como total 17 mil 575 millones. A estos recursos hay que sumarle la deuda pública a largo plazo por 5 mil 414 millones de pesos y porción a corto plazo por 107 millones de pesos, que en total suman los 23 mil 97 millones de pesos.
A pesar de que al principio de la conferencia dijo que una obligación financiera representa deuda, después corrigió negando lo anterior en relación al pago de las plataformas de Audi.
Sánchez Kobashi insistió que la SHCP no considera deuda a las Asociaciones Público Privadas (APP»s), es decir, que ni las plataformas de Audi —que son Proyectos de Inversión— ni los PPS como el Centro Integral de Servicios y el Museo Internacional del Barroco (MIB) representan pasivos al estado.
El pasado 30 de enero Central publicó que el gobierno de Rafael Moreno Valle hizo pública por primera vez que la deuda que le heredó a Tony Gali asciende a 23 mil 97 millones de pesos, de acuerdo con el informe de la deuda 2016 publicado en el portal de Transparencia que contiene el desglose de la deuda directa, indirecta y otros pasivos.
Sin embargo en el documento no se contemplan los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) del Museo Internacional Barroco (MIB) y del Centro Integral de Servicios (CIS), que ascienden a 11 mil 80 millones de pesos, es decir que la deuda total alcanzaría los 34 mil 177 millones de pesos.
El diario Reforma, por su parte, publicó que Moreno Valle heredó una deuda de 35 mil millones de pesos, parte de la cual está oculta en un fideicomiso operado por Evercore, empresa de Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari.
Nahle afirmó que Aspe ha colaborado tanto con exmandatarios del PAN como del PRI, como Miguel Alonso, en Zacatecas; César Duarte, en Chihuahua; Javier Duarte, en Veracruz, y ahora Moreno Valle, en Puebla, para reestructurar deudas millonarias.
De acuerdo con Reforma, la Administración de Rafael Moreno Valle en Puebla terminó con decenas de revisiones y recursos por aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Tan sólo por la cuenta pública de 2014, la última con resultados, se ubicaron 666.6 millones de pesos con observaciones y requerimientos de comprobación.
De ese monto, 126.3 millones de pesos fueron reportados como posible daño patrimonial, y por otros 32.6 millones de pesos se requirió acreditar el destino y uso para programas financiados con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal.
Sin citar algún monto, la ASF requirió al Gobierno poblano aclarar y proporcionar la documentación necesaria por seis contratos con cargo al programa Apazu, 44 de Fonregión y 17 de Protar, en los que hubo excepciones de licitación pública.
