La fiscalización, entendida como la acción de revisar y auditar el gasto público, ha tenido que adaptarse a cambios relevantes en las últimas dos décadas. La pluralidad política que irrumpió desde 1997, contribuyó a su evolución.
En ese periodo, diversas reformas de calado modificaron tanto la estructura del gasto público en México, su asignación y distribución, como la elaboración y el diseño del presupuesto.
Desde 1998 entró en operación el Ramo 33 (constituido inicialmente con cinco fondos) que integra programas y etiqueta recursos para estados y municipios en educación, salud, seguridad pública, infraestructura y desarrollo local.
Tres años después se instauró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) remplazando a la Contaduría Mayor de Hacienda, una institución que bajo distintas modalidades, se instituyó desde la época colonial.
Estas reformas alentaron otros cambios. Economistas y expertos en finanzas públicas planteaban la urgente necesidad de abandonar la inercia en la elaboración del presupuesto para adoptar un método que contribuyera a mejorar la calidad del gasto público.
Fue así que el presupuesto tradicional (que tomaba como base el presupuesto existente y sólo se le hacían adiciones) dio paso al Presupuesto basado en Resultados, una herramienta fundamental que tiene como objeto optimizar la gestión de los recursos de los gobiernos basado en metas y objetivos, con el fin de consolidar su desarrollo social y económico, y proveer mejores servicios a la población.
La entrada en vigor de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en 2006, resultó un avance sustantivo en la administración de los recursos públicos y delimitó las obligaciones y atribuciones de los órdenes de gobierno para ejercer responsablemente los recursos.
Además de contribuir a mejorar los resultados, la fiscalización materializa una obligación constitucional de sometimiento a la legalidad. La supervisión de los recursos permite a la ciudadanía el ejercicio del conocimiento de la gestión pública y el uso de los recursos públicos, en tanto patrimonio colectivo y la exigencia de un combate sostenido a la corrupción.
Durante 22 años, la labor de la entidad de fiscalización superior del país ha sido fundamental para mejorar la administración de los recursos públicos y la rendición de cuentas. Mediante el uso de indicadores y herramientas de planeación estratégica, contamos con una institución capaz de responder a la ciudadanía que demanda mejores resultados de sus gobiernos y de la forma que ejerce el gasto público.
