Jorge Constantino Kanter, titular de la delegación en Chiapas—a la que llegó en 2012— ha estado bajo el escrutinio público no solamente por sus omisiones delante de esta dependencia, sino por sus presuntos nexos con el narcotráfico; en junio del 2016, la dependencia anunció en su portal oficial que ejecutaría procedimientos administrativos contra la empresa encargada del manejo de residuos en Tuxtla, hasta ahora no se han encausado esas acciones
Portavoz
[dropcap]E[/dropcap]n la entrega pasada de este trabajo especial se comentó acerca de los oscuros personajes que mantienen «metidas las manos» en delegaciones estratégicas de la administración Federal en Chiapas. Asimismo, de cómo su influencia se ha ido expandiendo tras la llegada de Manuel Velasco Coello a la gubernatura del estado, en diciembre de 2012.
Se habló de la red política del exgobernador Juan Sabines Guerrero extendida hasta las oficinas de la Secretaría de Economía, encabezada por Juan Carlos López Fernández, quien se denominó a sí mismo como «de izquierda, chiapaneco y amigo de Juan Sabines».
Incluso de los intereses de Ricardo Salinas Pliego que se han visto beneficiados con Amado Ríos Valdéz en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Las relaciones del quinto mexicano más acaudalado se estrechan con Luis Armando Melgar Bravo, exdirector del Canal 40 (propiedad de Salinas Pliego) y senador por el Partido Verde Ecologista de México, cuyo hermano, Aarón Yamil Melgar Bravo, dirige la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la entidad.
Es justo Luis Armando Melgar Bravo el que nos lleva a conocer la urdimbre que se trama en torno a otro personaje oscuro a la cabeza de otra de las dependencias federales con oficinas en Chiapas. Ante los medios de comunicación locales, el legislador se pronunció con respecto al desempeño de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) —que dirige Jorge Constantino Kanter—.
Inacción de Profepa
El pevemista resaltó, ante la inacción de esta dependencia, la urgencia de imponerle un plazo a Proactiva para que rindiera cuentas ante los hechos de contaminación generados en la capital chiapaneca debido al mal manejo del relleno sanitario.
La irresponsable administración de este tiradero ha ocasionado contaminación y daños irreparables al predio San Martín Mujular, propiedad de Héctor Montesinos Cano, quien desde hace años mantiene una pugna legal contra la empresa en busca de que las afectaciones sean resarcidas.
Montesinos Cano ha luchado solo pues aunque en junio del 2016, la Profepa anunció en su portal oficial que ejecutaría procedimientos administrativos contra Proactiva, hasta ahora no se han encausado esas acciones. Asimismo, a mediados del año pasado, acusó que el Centro Médico «Jesús Gilberto Gómez Maza» vaciaba los residuos tóxicos en un predio de Tuxtla Gutiérrez.
Para medios nacionales, el también activista explicó que por debajo de esta propiedad pasa un manantial que desemboca en un arroyo del río Sabinal, que a su vez lo hace en uno más grande llamado Suchiapa; de ahí, al Santo Domingo y finalmente al Grijalva, donde se encuentran plantas potabilizadoras que proveen a Tuxtla Gutiérrez.
Montesinos Cano, integrante de Chiapanecos en Defensa del Agua, refirió que al solicitarle a la Profepa información sobre algún proceso de investigación abierto por estas causas, la respuesta tampoco ha sido favorable. «Profepa está peor porque ya tenemos un año solicitando información y ni siquiera nos contesta, está violando el derecho al acceso a la información, está violando mi derecho de petición», refirió.
Nexos
Jorge Constantino Kanter, titular de la delegación en Chiapas de Profepa —a la que llegó en 2012— ha estado bajo el escrutinio público no solamente por sus omisiones delante de esta dependencia, sino por sus presuntos nexos con el narcotráfico, debido a su cercanía con el excandidato a Gobernador de Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez.
Hace unos años, mediante redes sociales, se filtró un video en el que se acusaba al que era el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Comitán, Mario Antonio Guillén Domínguez, «El Señor Fox», de recibir el apoyo del senador por el Partido Revolucionario Institucional, Roberto Albores Gleason, de quien Kanter era incondicional y quien también fue mencionado en la grabación.
«En el vídeo se advirtió sobre el riesgo de que candidatos coludidos con los capos del crimen, pudieran llegar a la Presidencia de Comitán, dada la situación actual», publicó entonces el portal Chiapas sin censura.
Cuando trascendieron los presuntos vínculos ilícitos de Sánchez Martínez, Jorge Constantino Kanter se postulaba como el candidato a la alcaldía de Comitán por la «Alianza por Chiapas», integrada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Convergencia (PC), Nueva Alianza (Panal), y Social Demócrata (PSD). Era cercano del hermano del quintanarroense, Daniel Sánchez Martínez.
A la luz de esas controversias, el actual delegado de la Profepa renunció a sus aspiraciones por la alcaldía en mayo de 2010. «Jorge Constanino Kanter que sin dar muchos detalles ni los motivos de su declinación, únicamente agradeció a sus colaboradores su disponibilidad y su confianza que habían depositado en él en estos días que estuvo en actos de proselitismo. Esta improvisada renuncia toma por sorpresa a la sociedad de Comitán ya que faltaban unos cuantos días para iniciar con las campañas electorales», se leía en la prensa.
Kanter ya había ocupado la presidencia municipal de Comitán; resultó electo por el periodo 2005-2007. Le sucedió el actual presidente de la mesa directiva del Congreso del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, quien permaneció al frente de Comitán hasta 2010.
El nombre de Constantino Kanter —de tradición priista— también resonó en el conocido escándalo de «Las Juanitas». De acuerdo con el periódico de circulación nacional, «Reforma», luego que el Tribunal Electoral federal ordenara a los partidos postular 50 por ciento de candidatos varones y 50 por ciento de mujeres, el Instituto de Elecciones de Participación Ciudadana (IEPC) obligó a las 12 facciones que competían en la entidad a cambiar candidaturas para acatar la paridad de género.
Se dijo que el PRI pretendía burlar la ley en materia de paridad de género en Chiapas, al retirar al menos a cuatro candidatos varones a alcaldías y registrar a mujeres, familiares. Entre ellas figuraba Catalina Licea Bonilla, ahora, séptima regidora en la planilla del edil de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, esposo de su sobrina política, ya que Martha Muñoz Constantino es hija de la hermana del actual delegado estatal de la Profepa, Constantino Kanter.
A pesar de la vocación «verde» de esta familia política, tampoco el alcalde de la capital del estado ha emprendido acciones contra Proactiva. A su llegada a la presidencia de Tuxtla Gutiérrez, Castellanos hizo una clausura simbólica de la empresa y exigió una investigación a fondo; de manera más reciente ha admitido que Proactiva no ha cumplido con el contrato ante las autoridades y se mantiene el litigio en su contra, no obstante, hasta la actualidad la situación no se ha revertido.
