La ley y la transformación se construyen desde el territorio

Por Rosy Urbina

El cierre de un año legislativo no es solo una cifra en el calendario: es una pausa para mirar de frente al país que somos y al país que estamos construyendo. El 2025 fue un año de decisiones profundas, de debates intensos y de responsabilidades asumidas con la convicción de que legislar implica más que votar leyes; implica escuchar, caminar el territorio y responder a la confianza del pueblo. Desde la Cámara de Diputados, cada jornada de trabajo estuvo guiada por una certeza: la transformación no se decreta, se construye con hechos, sensibilidad social y un sentido de justicia.

El balance del trabajo legislativo de 2025 refleja un Congreso activo y comprometido. Aprobamos reformas clave en materia de seguridad, justicia, salud y derechos de las personas consumidoras; impulsamos un presupuesto con visión social y territorial, y dimos pasos firmes para que la ley vuelva a ser una herramienta de equidad y no de privilegio. Cada decisión tuvo un hilo conductor: que el Estado esté al servicio del pueblo y que la transformación se traduzca en hechos concretos en la vida cotidiana.

Si 2025 fue el año de la consolidación, 2026 se perfila como el año de los grandes retos estructurales que definirán el rumbo del país en la siguiente década. No se trata solo de aprobar nuevas reformas, sino de garantizar que las leyes se conviertan en instrumentos reales de cambio. Este nuevo ciclo legislativo exige profundidad normativa, diálogo social permanente y una visión de largo plazo que coloque a las personas en el centro de las decisiones públicas.

Uno de los desafíos centrales será avanzar en una reforma laboral que dignifique el tiempo y la vida de las y los trabajadores. Reducir la jornada laboral es una discusión de justicia social que obliga a repensar el equilibrio entre productividad, bienestar y desarrollo. Legislar en esta materia implica construir consensos, pero también asumir con firmeza que el trabajo digno es una condición indispensable para una sociedad más justa.

Otro eje fundamental será fortalecer el acceso a la justicia, mediante procedimientos más ágiles, claros y cercanos a la ciudadanía. La justicia no puede seguir siendo sinónimo de trámites interminables. El reto es consolidar un marco jurídico que reduzca la discrecionalidad, aproveche la tecnología y garantice que los derechos puedan hacerse valer de manera efectiva y oportuna.

Asimismo, la protección del medio ambiente se vuelve una prioridad ineludible. Frente al avance de los delitos ambientales y los efectos del cambio climático, el país requiere una legislación firme que defienda los recursos naturales y asegure un desarrollo verdaderamente sostenible, especialmente en regiones con alta riqueza ambiental como el sur-sureste.

De igual forma, uno de los grandes pendientes estructurales es reconocer y redistribuir las tareas de cuidado, que históricamente han recaído de manera desproporcionada y sin remuneración en las mujeres. Avanzar hacia un sistema nacional de cuidados no es una concesión, sino una condición indispensable para la igualdad sustantiva.

Finalmente, el desarrollo económico debe asumirse con una visión territorial verdaderamente equilibrada, que rompa con la lógica histórica de concentración de la inversión y del crecimiento en unas cuantas regiones del país. El fenómeno del nearshoring representa una oportunidad inédita para México, pero su impacto no será automático ni equitativo si no se acompaña de decisiones públicas claras

Al iniciar un nuevo año, refrendo mi compromiso con Chiapas y con México, con la convicción intacta y la responsabilidad histórica que nos demanda este tiempo. Seguiremos legislando con seriedad, pero también con sensibilidad; con visión de Estado, pero con los pies firmes en la realidad de nuestra gente. Porque las leyes que verdaderamente transforman no nacen en el escritorio, sino en el diálogo con el pueblo, en las comunidades, en los barrios y en cada rincón del territorio. Por eso, en 2026 seguiremos legislando con el corazón en territorio, haciendo de la ley una herramienta de justicia, dignidad y esperanza. Ese será el espíritu que guíe nuestro trabajo: servir al pueblo, honrar su confianza y no apartarnos nunca del mandato que nos dio origen.

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