El 47 por ciento de las muertes maternas se relacionan con un aborto y se concentra en seis entidades: Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Puebla, Baja California
Aline Espinosa Gutiérrez / Cimac Noticias
Ciudad de México. De cara al 28 de septiembre «Día Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro», defensoras y especialistas en el tema coincidieron que el derecho a una maternidad elegida todavía no está completamente reconocido ni legalizado porque se cree que las mujeres deben cumplir con ciertos estereotipos de género sobre la «buena costumbre», lo que implica una interrupción a la vida privada de ellas.
Durante el conversatorio «Luchas y resistencias: la despenalización del aborto en México», explicaron que cuando se tipifica y define tipos penales hacia la interrupción del embarazo se impulsa la carga de estigmas entorno al libre ejercicio de la decisión de las mujeres a ser o no madres y promueve la criminalización hacia ellas, que resulta en muertes por abortos en condiciones inseguras.
«El artículo cuarto de la Constitución mexicana garantiza que las personas pueden decidir cuántos y cómo tener hijos, pero en el momento en que el Estado criminaliza la decisión de tener o no tener hijos está chocando con este derecho porque invade la privacidad y autonomía reproductiva de las mujeres porque no les permite elegir libremente sí quieren o no quieren tener una maternidad», añadió la abogada de la Facultad de Derecho de la UNAM, Leslie Jiménez Urzua.
Jiménez Urza detalló que determinar un plazo para que las mujeres puedan abortar también estigmatiza su libertad sexual, restringe las posibilidades en las que ellas desean ejercer su libertad sexual y «pone una etiqueta grande sobre ellas sobre que el mandato de la maternidad es una obligación social y legal porque el marco jurídico sigue criminalizando el aborto».
En su opinión, a pesar de que cuatro estados (Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz) en México permiten que las mujeres puedan interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación por voluntad propia, esto no permite que esta práctica deje de ser criminalizada y despenalizada porque si una mujer aborta en la semana 13 de gestación se considera que cometió un delito, su poder de decisión queda nulo y se obstruye su proyecto de vida.
Las mujeres, dijo, pueden ser perseguidas por dos delitos, uno por abortar fuera del tiempo definido para hacerlo y otro por homicidio en relación de parentesco, que es aún más grave y en el que muchas ciudadanas se encuentran ubicadas y estacionadas en investigaciones y procesos legales, por ello es importante que el Estado mexicano trabaje en este tema.
«No hay ningún instrumento internacional que realmente pueda proteger a una ficción desde la concepción y es importante ponderar y salvaguardar a la mujer que ya está aquí, que ya está sufriendo el estrago de esta criminalidad, por esa razón las decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son importantes porque ven el aborto como una voluntariedad», agregó Jimenez Urza.
Cabe recordar que el pasado 7 de septiembre, la SCJN declaró inconstitucional que el estado de Coahuila sancione con pena de uno a tres años de prisión a las mujeres que voluntariamente tengan un aborto y determinó que ningún juez o jueza podrá castigar a una mujer por tomar esta decisión. Más tarde, definió que los estados no son competentes para definir el concepto de persona, por lo que invalidó la reforma constitucional de Sinaloa que desde 2018 protegía la vida «desde la concepción».
Las especialistas enfatizaron que las mujeres no tienen porqué justificar las decisiones que toman sobre su cuerpo ni cumplir con los roles de género que terceras personas les imponen. «Nadie tendría que aprobar nuestra voluntad, nuestra conciencia personal ni tendríamos que estar encarceladas por ser madres solteras o por no querer una maternidad, en cualquier situación estamos sujetas a una estigmatización fuerte», declaró la presidenta de la Red de Chimali, Marycarmen Ortega Bravo.
Resaltaron que aún faltan muchos avances para garantizar que las mujeres decidan plenamente sobre su maternidad, uno de ellos es que las autoridades desarrollen políticas públicas enfocadas en ello y en los derechos sexuales y reproductivos que sean eficaces porque las actuales no han tenido ninguna repercusión y han quedado en en el olvido después de las elecciones electorales.
«Tenemos que empezar a exigir que estas propuestas no se queden en un Código Penal o en promesas, sino que de forma integral se vean en una ley de salud y en las leyes locales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, entre otros instrumentos internos porque está recayendo las acciones materiales en los hospitales y eso no puede ser así», añadió Jimenez Urza.
La lucha de las mujeres, concluyeron las especialistas, por sus derechos sexuales y reproductivos es una prueba de que aún se encuentran en una situación de desigualdad frente a los hombres, por ello es necesario un cambio cultural en el que se visibilice que los derechos son inherentes a las personas y que las maternidades deben ser libres y elegidas.
Reiteraron que la criminalización hacia el aborto seguirá vigente si se trata de regularlo en la normativa si se pone a discusión o si en vez de proteger la vida de las mujeres se prepondera a «una ficción» que no existe, por lo que es importante que se entienda que cuando se habla de aborto lo más es la decisión de las mexicanas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que 13 por ciento de las muertes maternas a nivel global son derivadas de un aborto en condiciones inseguras y calculó que en el mundo se practican cerca de 19 millones de abortos inseguros, de los cuales mayoría provienen de América Latina y del Caribe. En México, datos de Ipas México, señalan que 47 por ciento de las muertes maternas se relacionan con un aborto y se concentra en seis entidades: Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Puebla, Baja California
