El relator especial sobre los Derechos Humanos de Agua y Saneamiento, Léo Heller, visitó el lugar para escuchar y documentar las voces que denuncian abuso de poder e irregularidades en el control del agua de una de las colonias más grandes y olvidadas del estado
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]L[/dropcap]os fraccionamientos Real del Bosque y Bonanza, ubicados en Tuxtla Gutiérrez, representan la unidad habitacional más grande y olvidada en materia de servicios públicos. Cerca de 30 mil habitantes no cuentan con servicio de agua potable ni saneamiento de la misma.
Durante el gobierno de Juan Sabines, en el 2009, la empresa Homex construyó alrededor de 8 mil casas –7 mil en Real del Bosque y mil en Bonanza– en donde habitan un promedio de tres a cuatro personas por vivienda; sin embargo, la obra se construyó en un área que no cuenta con una línea de conducción que permita el abastecimiento de agua potable a través del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA).
La inmobiliaria se vio obligada a realizar gestiones para obtener una concesión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el uso y aprovechamiento de dos pozos que se localizan en la zona y una más, que funcionaría para la descarga de aguas residuales, lo que permitió a la empresa suministrar el servicio a los domicilios durante unos meses pero al declararse en quiebra, las familias quedaron sin el vital líquido.
En la entrada de Real del Bosque se encuentra un pequeño establecimiento en donde opera el Patronato del Agua, que de acuerdo con los colonos, explota y controla arbitrariamente el líquido, todo en colaboración con SMAPA que se encargaba de clorar y de alguna manera subsanar la irresponsabilidad municipal cometida desde la construcción del fraccionamiento que fue habitado pese a que no contaba con las condiciones óptimas para hacerlo.
Las irregularidades llegaron al punto en el que los habitantes hartos por los abusos, denunciaron este miércoles 10 de mayo que el Patronato del Agua cobra alrededor de 60 pesos mensuales por un servicio de cuatro días, por lo que se han visto obligados a pagar pipas para llenar cada cuatro días tinacos con capacidad de 600 litros.
Los inconformes señalan que cada pipa cobra entre 70 y 90 pesos por el servicio pero se han percatado que el Patronato controla su entrada al fraccionamiento, cobrándoles una cuota de 20 pesos para que sea únicamente una empresa la que tenga acceso a la unidad habitacional.
«Necesitamos que exista competencia para que los precios disminuyan pero resulta que también las pipas son controladas, estamos pagando por servicios que sólo suministran agua por cuatro días y no podemos seguir así», declaró una de las afectadas que pidió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.
Activistas y organizaciones civiles han advertido que la falta de suministro de agua potable es una clara violación a los derechos humanos establecidos en los acuerdos internacionales y señalan a la autoridad municipal como responsable de las afectaciones directas a la salud de los habitantes, toda vez que autorizó la venta de las viviendas pero no cumple con su obligación de suministrar los servicios públicos correspondientes que se encuentran establecidos en el Artículo 115 Constitucional.
A las irregularidades solapadas tanto por la autoridad municipal como estatal, se suman las enfermedades derivadas por la falta del vital líquido y por el mal manejo de las aguas residuales, según indica el Comité de Padres de Familia del Jardín de Niños «Jorge Sabines Gutiérrez» que también precisa que la institución educativa se ha visto obligada a racionarla para el uso de los baños por la escasez que presenta el fraccionamiento.
Intervención de la ONU
Como parte de la gira de 10 días en México que el relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de Agua y Saneamiento, Léo Heller realizará para observar, atender y documentar los obstáculos a los que se enfrentan los mexicanos al ejercer su derecho al agua, este miércoles visitó al sector afectado.
La visita se basó en cuatro paradas en las que acompañado por los habitantes escuchó sus reclamos y denuncias, inspeccionó la zona y tomó evidencia de la violación a los derechos humanos.
Alrededor de las 11:30 horas, el relator hizo su primera parada en la abandonada Planta Tratadora de Aguas Residuales que desde hace 10 años dejó de operar, ahí los colonos mostraron a Léo Heller que los residuos desembocan en un riachuelo al aire libre, poniendo en riesgo la salud de todos los habitantes y violando el derecho a la vida en un medio ambiente saludable.
La segunda parada fue en el pozo, en donde exhibieron la racionada y mala calidad del agua que es suministrada y controlada por el Patronato, el recorrido continuó hacia el Jardín de Niños «Jorge Sabines Gutiérrez» en donde se han presentado casos de enfermedades relacionadas con la condición del agua y la cuarta y última parada la hicieron en el Patronato, para que el relator conociera su versión y pueda así, realizar una evaluación completa de lo ocurrido en los fraccionamientos.
«Como relator defiendo el hecho de que todos los ciudadanos tenemos derecho al agua, a que esta sea de buena calidad y a un precio accesible. Vine a documentar y evaluar lo que está ocurriendo en Chiapas pero no puedo darle solución al problema, mi misión es venir a inspeccionar la situación del agua»; explicó Léo Heller a los inconformes.
La situación hasta el momento es crítica ya que el grupo que acompañó al relator –que ascendía a 30 habitantes– denunció agresiones y amenazas por parte de los integrantes del Patronato, por lo que, señalan, muchos vecinos han decidido callar y continuar pagando por el mal servicio que ofrecen.
Lo ocurrido en Real del Bosque formará parte de un análisis estatal que el relator realizará durante los días 10 y 11 de mayo en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, ciudades en las que se organizaron diversos activistas para denunciar las anomalías en materia de derechos humanos que han ocurrido a nivel estatal.
Cabe mencionar que el recorrido que inició el 2 de mayo, concluirá en la Ciudad de México el viernes 12, con una conferencia de prensa en la que exhibirá la primera pre-evaluación de la situación en el país; sin embargo, el documento final se dará a conocer en los próximos meses.
