La entidad está ubicada en el primer lugar en los hechos más violentos contra los defensores humanos, con 56 casos; además, en relación a personas asesinadas, Chiapas también destaca con los mayores actos cometidos
Portavoz Staff
[dropcap]L[/dropcap]a entidad está identificada como la más peligrosa para los defensores de derechos humanos, y es el primer lugar en los hechos más violentos contra ellos, con 56 casos, de acuerdo con el estudio «La esperanza no se agota» de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todos y Todas» (Red TDT).
Después de Chiapas, siguen: Oaxaca con 45; la Ciudad de México con 37; Guerrero, 25; Veracruz, 21; Puebla, 17; Edomex, 16; Chihuahua, 13; Jalisco, 11 y el resto de las 21 entidades con menos de una decena de casos, según información retomada de Animal Político.
En lo que va la gestión del presidente de México, Enrique Peña Nieto, a nivel nacional han sido asesinados al menos 106 personas activistas de derechos humanos, mientras que hay otras 81 de las que se desconoce el paradero, revela dicha investigación.
El informe indica que este panorama de violencia hacia las y los defensores en el país «es una realidad desconocida para la población», pues del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2016 se registraron 302 casos de organizaciones perjudicadas, de las cuales mil 037 personas y 422 colectivos resultaron afectadas; la mayoría de los casos no fueron difundidos.
De esos 302 casos, 217 fueron documentados por primera vez dentro del periodo de gobierno de Peña Nieto y los 85 restantes se suscitaron antes de que iniciara su sexenio, pero continúan vigentes.
En relación con personas asesinadas, Chiapas es también el estado con más casos reportados junto con Guerrero y Oaxaca. A nivel nacional, 24 fueron ejecutadas extrajudicialmente (es decir, por personas que pertenecen o trabajan bajo las órdenes del Estado, como las fuerzas estatales de seguridad) y 52 fueron ultimadas por sujetos no pertenecientes al gobierno.
Respecto al tema de las agresiones, las cinco acciones más comunes son: los ataques físicos y los intentos de ejecución que suman 120 casos, las intimidaciones 102, amenazas 101, difamación 92 y las amenazas de muerte con 87 denuncias, según dicho medio.
El estudio evidencia que los gobiernos estatales son quienes ejecutan más violaciones a los derechos humanos de personas y colectivos; representan el 39 por ciento, (273) de los eventos; le sigue el gobierno federal con el 32 por ciento, (220) casos; mientras que los agentes del gobierno municipal fueron responsables en el 20 por ciento (141).
Y la situación no tiene síntoma de mejora, debido al tipo de trabajo que realizan estos defensores y «el agudizamiento de violencia y desigualdad que persiste en el país», menciona la Red TDT.
Los periodistas son las otras víctimas de constantes agresiones, y en interminables ocasiones han instado al gobierno a garantizar su protección y, por ende, su integridad.
Gestión de abusos
Ni bien había empezado el mandato de Peña Nieto, cuando se le señaló como el máximo responsable de las detenciones improcedentes hacia las personas que hacen uso de su derecho a manifestarse; el informe señala que ha violado tanto a los derechos humanos como al proceso mismo mediante el abuso de autoridad.
Además, desde el 2012 se publicaron cinco leyes en diferentes estados que, en síntesis, criminalizan las protestas y legalizan el uso indiscriminado de la fuerza pública.
A raíz de ello, las organizaciones de la Red TDT decidieron en 2015 implementar acciones colectivas basadas en «seis graves situaciones de disputa en el país» como lo son: tierra y territorio; violencia e inseguridad; mujeres, género y poblaciones LGBTTTI; derechos económicos, sociales culturales y ambientales; movilidad humana; y derecho a defender los derechos humanos, de acuerdo con Animal Político.
Esta determinación se tomó a causa de las cifras alarmantes que ha propiciado la administración de Peña Nieto; en el texto se contabilizan por lo menos 90 mil 694 asesinatos. Los feminicidios en los primeros tres años de su gobierno equivalen al 60 por ciento de ejecutados en todo el sexenio de Felipe Calderón, por lo que el resultado final alcanzaría niveles históricos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La implementación de las Reformas Estructurales (energética, educativa y telecomunicaciones) de Peña Nieto han sido un factor que incrementó los casos de abusos y violencia contra los defensores, porque desencadenaron una serie de protestas y denuncias por las violaciones a derechos humanos que trajeron consigo; detalla el reporte, 67 de los 302 casos estuvieron ligados a ellas.
Ante este contexto, la Red TDT agregó unas recomendaciones en el documento, entre ellas que las investigaciones de los delitos y/o violaciones a derechos humanos contra personas defensoras se realicen con una indagación especial, ya que las agresiones no deben tratarse como hechos aislados. Además, solicita a las autoridades federales, estatales y municipales, realizar acciones de prevención, para reconocer y respaldar la labor de los activistas.
