La democracia mexicana está en un momento crucial. No se trata de una alarma infundada proveniente de círculos académicos, sino de una realidad técnica y política ineludible. La convocatoria para ocupar las consejerías vacantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) es más que un trámite administrativo; es, en esencia, una auténtica prueba de resistencia para la solidez de las instituciones democráticas.
Para dimensionar este proceso, es necesario abordar el concepto de integridad electoral, entendido como la garantía de que todos los actores involucrados en los procesos político-electorales puedan desempeñar su papel bajo reglas claras, en condiciones de seguridad, equidad y transparencia. El INE debe ser garante de certidumbre y neutralidad; no puede convertirse en un espacio reservado para amistades políticas ni repartirse con consideraciones de cuotas partidistas.
Se requieren perfiles que conjuguen una sólida formación técnico-académica con una integridad ética a toda prueba. No es suficiente con dominar la normativa electoral: se requiere capacidad para resistir presiones de los grupos de interés, partidos políticos y gobernantes en turno. Quienes asuman las consejerías vacantes, al igual que quienes ya integran el Consejo General, están obligados a marcar una distancia sana respecto a los poderes constitucionales, sin que ello signifique antagonismo o ruptura, sino colaboración respetuosa y autonomía constitucional.
Por ello, el actual proceso de designación reviste la mayor relevancia. Si este degenera en un intercambio de favores o en una negociación de cuotas, se pondrá en riesgo el funcionamiento ordinario del INE, generando desconfianza sobre sus decisiones y, lo que es más grave aún, sobre la legitimidad de los resultados electorales.
La vigilancia ciudadana es indispensable. Un INE debilitado sería la antesala de una crisis de legitimidad democrática que México no puede permitirse.
De ahí que la sociedad civil, los medios de comunicación y organizaciones especializadas ejerzan un papel de contrapeso y exigencia. Se deben mantener atentos, analizar los perfiles y alzar la voz ante cualquier irregularidad o intento de captura institucional.
Insistamos: sólo a través de una participación activa y una exigencia permanente de transparencia y rendición de cuentas será posible blindar al INE de presiones e injerencias indebidas, y garantizar que cumpla con sus tareas en beneficio de la sociedad.
