Hace 42 años, en los terrenos de Nicaragua, un grupo de mujeres y hombres se levantó contra el gobierno dictatorial de los Somoza. Fue una revolución popular contra la opresión. Depuso al mal gobernante y a su séquito que habían expoliado a la nación y empobrecido al pueblo. Hubo un nuevo mañana, una esperanza de cambio. Esa revolución no existe más, ha sido traicionada. Lo único que persiste es una retórica que a pocos convence.
Las recientes elecciones para renovar los poderes en Nicaragua no pueden ser calificadas como democráticas. Más aún, ni siquiera pueden ser nombradas como elecciones en la medida en que la ciudadanía nicaragüense, en realidad, no tuvo opciones para elegir. Los candidatos presidenciales de oposición fueron encarcelados y perseguidos para imposibilitar que participaran en los comicios y se acosó a los disidentes. Sergio Ramírez, laureado escritor, por ejemplo, se encuentra en el exilio orillado por la acción de un gobierno que entiende la acción de los tribunales como el encarcelamiento de quienes ejercer su derecho a cuestionar. Encerrar la libertad es lo que hacen los operadores a modo de la justicia instigados por la perversidad de quien piensa que su voluntad y pensamiento es superior al del resto de la población.
El cuestionamiento abierto al simulacro electoral del pasado 7 de noviembre por una parte de la comunidad internacional –Europa y Estados Unidos, principalmente– ha hecho que el gobierno de Daniel Ortega, reelecto como presidente, quien sumará 20 años consecutivos en el poder, no sólo defienda –sin sentido– la legalidad y legitimidad de su proceso, sino que haya solicitado su retiro de la Organización de Estados Americanos, en donde 25 de sus miembros manifestaron su rechazo a las elecciones, por medio de una resolución que señala que dichos comicios no tienen legitimidad democrática.
Uno no puede quedarse de brazos cruzados cuando la democracia en una sociedad está siendo atacada, porque hacerlo es ser displicente ante la indignidad ciudadana. Alzar la voz es lo mínimo que se puede hacer cuando se advierte una emergencia global de autocracias que desprecian los mecanismos de la democracia representativa.
Ortega, el candidato prácticamente único, quien controla todo el aparato del Estado y ha anulado la división de poderes, ha mudado su naturaleza: de revolucionario a Presidente y, ahora a dictador.
