Por Rosy Urbina
La salud es, quizá, el rostro más humano del Estado. Es el lugar donde se encuentran la política pública y la vida cotidiana de millones de familias que buscan atención, alivio y esperanza. Durante décadas, ese derecho se vivió de manera fragmentada y desigual; hoy, México se encamina a saldar esa deuda histórica con la construcción de un sistema universal que pone en el centro la dignidad y la vida de las personas y el principio de que nadie debe quedarse sin atención médica por su condición social o laboral.
Este modelo, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca integrar en un solo esquema al IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, permitiendo que cualquier persona, tenga o no seguridad social, pueda atenderse en cualquier unidad médica del país. Se trata de una decisión histórica que rompe con décadas de fragmentación institucional y desigualdad en el acceso a los servicios de salud.
La universalización no es una idea nueva: es una propuesta que ha acompañado al movimiento de transformación desde sus orígenes. Hoy, esa visión se consolida con una política pública concreta que reconoce que millones de mexicanas y mexicanos han enfrentado barreras estructurales para ejercer su derecho a la salud. Tan solo el modelo IMSS-Bienestar ha sido diseñado para atender a más de 50 millones de personas en esta condición.
El nuevo esquema de atención iniciará en 2027 con una primera etapa claramente definida: garantizar atención universal en servicios esenciales como urgencias médicas, atención materno-infantil, tratamiento de enfermedades graves y un esquema ampliado de vacunación. Esto significa que cualquier persona podrá acudir al hospital o clínica más cercana, sin importar su afiliación, y recibir atención inmediata. De manera progresiva, el modelo integrará consultas generales, especialidades, cirugías programadas y abasto de medicamentos, bajo un enfoque de portabilidad nacional: el expediente y el derecho acompañan a la persona, no a la institución. A ello se suma una credencial única del sistema de salud, que permitirá identificarse en cualquier unidad médica del país, acceder a expedientes clínicos digitales, agendar citas, dar seguimiento a tratamientos e incluso utilizar servicios de telemedicina, reduciendo tiempos de espera, traslados innecesarios y espacios para la discrecionalidad.
Este avance tiene un eje claro: el humanismo mexicano como principio rector de la política pública. La salud deja de estar fragmentada entre instituciones para convertirse en un servicio articulado, cercano y centrado en las personas. No se trata solo de integrar al IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, sino de construir un modelo donde la prevención, la atención oportuna y la dignidad del paciente sean la prioridad.
La salud no puede seguir siendo vista como un privilegio condicionado al empleo o a la afiliación institucional; es, y debe ser, un derecho irrenunciable. Por ello, este nuevo sistema transforma de fondo la relación entre el Estado y la ciudadanía: pasa de un esquema burocrático y segmentado a uno universal, accesible y con enfoque de justicia social, donde el objetivo es claro: que nadie se quede sin atención médica en México.
Garantizar atención médica universal es garantizar dignidad, bienestar y justicia social. En esa ruta, México da un paso firme hacia un sistema más equitativo, donde nadie se quede atrás y donde la salud, por fin, sea un derecho pleno para todas y todos.
