El gobernador electo de Chiapas y expresidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, afirma que la reforma al Poder Judicial se vuelve más que necesaria para evitar la intromisión de un Poder que no respeta la Constitución
Aquínoticias Staff
En un contexto donde la reforma judicial se ha convertido en uno de los temas más debatidos en la esfera política mexicana, Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador electo de Chiapas y expresidente del Senado, ha lanzado una declaración que ha resonado con fuerza. En ella, Ramírez Aguilar afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y su presidenta, Norma Piña, no cuentan con las facultades constitucionales para resolver impugnaciones relativas a la asignación de diputaciones de representación proporcional.
Ramírez Aguilar, quien ha sido un actor clave en el debate sobre la reforma judicial, argumentó que esta intervención del Poder Judicial «violentaría la Constitución». Citó específicamente el artículo 99, fracción I, que establece que es el Tribunal Electoral quien debe resolver, de forma definitiva e inatacable, las impugnaciones en elecciones federales de diputados y senadores.
La polémica surgió luego de que la SCJN atrajera un caso relacionado con la asignación de diputaciones, un movimiento que para muchos, como Ramírez Aguilar, es visto como una extralimitación de sus funciones. «Es inadmisible tolerar la intromisión de un Poder Judicial que no respeta la Constitución», aseveró el gobernador electo, insistiendo en que esta situación evidencia la necesidad de una reforma profunda.
El debate sobre la reforma judicial ha cobrado mayor relevancia en las últimas semanas, en parte por las crecientes tensiones entre los poderes Legislativo y Judicial. Críticos de la Corte, como Ramírez Aguilar, señalan que su intervención en asuntos electorales podría desestabilizar el equilibrio de poderes en el país, mientras que defensores del Poder Judicial argumentan que esta autonomía es esencial para la protección de la democracia.
La reforma judicial que se discute actualmente en el Congreso tiene como objetivo redefinir las atribuciones de la SCJN y fortalecer al Tribunal Electoral, para garantizar que cada uno de estos órganos actúe dentro de los límites establecidos por la Constitución. Sin embargo, las propuestas han generado división, tanto entre legisladores como en la opinión pública.
En este entorno polarizado, las palabras de Ramírez Aguilar se suman a un coro de voces que exigen una revisión minuciosa de las facultades del Poder Judicial, con el fin de evitar futuras controversias y asegurar que la Constitución sea respetada en todo momento. Mientras la discusión sobre la reforma avanza, el futuro del Poder Judicial en México parece estar en el centro de un debate que podría definir el rumbo de la nación en los próximos años.
