El servicio público es importante y así hay que reconocerlo. No es una oportunidad para cobrar sin trabajar o para hacer negocios a la sombra del poder.
El uso patrimonial de la administración pública ha generado prácticas perversas en detrimento de la comunidad que, sin embargo, busca ser emulado por quienes ven en la tarea de gobierno la oportunidad para que la “Revolución les haga justicia”. Los enemigos de la sociedad quieren, buscan y, en ocasiones, logran apropiarse de los bienes y recursos de todos. Para frenar esos apetitos de clara naturaleza delincuencial, las instituciones públicas tienen que contar con sólidos marcos de actuación y con personal comprometido, capacitado y convencido de su función. Además, la sociedad debe ser intransigente con este tipo de conductas porque normalizarlas es ir al desfiladero sin remedio.
Y hay muchas personas ocupadas en las tareas públicas que cumplen con denuedo y reciedumbre. Si no fuera así, la maquinaria oficial que atiende y resuelve (a veces, con lentitud, es cierto) quedaría inmovilizada. La cifra de empleados en la administración pública mexicana es muestra de esto: para finales de 2023, hubo 1,620,828 personas servidoras públicas que laboraron en la administración pública federal y 2,406,436, en las administraciones públicas estatales; es decir, 4,027,264 personas trabajaron para el Estado en ese año, de acuerdo con el INEGI. La participación de las mujeres es mayor al 50 por ciento en ambos ámbitos de gobierno (51.4 por ciento a nivel federal y 56.3 por ciento a nivel estatal). Cuando se va escalando en la estructura administrativa, la situación no es tan igualitaria a pesar de la existencia de la paridad “en todo”.
Lo que hace ese muy numeroso grupo de empleados es primordial para la concreción del proyecto de nación. No se trata de empleados de un partido político o de una empresa privada, sino de personas que realizan actividades que impactan en el bienestar colectivo y que, de algún modo, determinan el rumbo de la sociedad.
La administración pública es práctica, técnica y ciencia, está racionalmente estructurada y jurídicamente ordenada. Es una trama, compleja, de instituciones, procesos y recursos con una finalidad que dista mucho del lucro. Por el contrario, tiene un sentido general, compartido y colectivo.
Lo público es, precisamente, la característica distintiva de este tipo de administración. En él, conviven formas, grupos y clases de organización, merced el pluralismo, que da pie a una vida social activa, en donde la administración pública coordina actores y cumple objetivos.
En los tiempos que corren, la administración pública tiene mala fama, pero no por ella misma, sino porque se le confunde con la deficiente, improvisada o reprobable función de los (malos) políticos, pero quien resuelve los problemas gestados por ellos es el personal de la administración pública.
La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 23 de junio como el Día de la Administración Pública, mediante la resolución 57/277. En este documento, se destaca la necesidad del fomento de las capacidades institucionales, el desarrollo de los recursos humanos, el fortalecimiento de la gestión financiera y el aprovechamiento del potencial de la información y la tecnología. Bien harían los gobiernos en revisarlo para darse cuenta que minando la administración pública, pierden capacidad resolutiva, se debilitan de manera acelerada y abren la puerta a formas de organización política antidemocráticas (¿o será, acaso, que es lo que buscan?).
La tarea de gobernar, cada vez más creciente y compleja, requiere de la administración pública y esta requiere de personal con vocación y conocimientos.
