En octubre pasado, la Administración Biden anunció un programa piloto de permisos humanitarios para migrantes provenientes de Venezuela consistente en admitir hasta 24 mil de ellos para trabajar durante dos años en Estados Unidos, si cuentan con apoyo económico de un anfitrión.
La medida fue modificada en enero para contemplar a personas originarias de Cuba, Haití y Nicaragua, otorgando 30 mil permisos especiales. Tiene el propósito de controlar y contener el flujo migratorio pero cancela el derecho humano a solicitar asilo.
Como era de esperarse, la restricción se tradujo en una caída considerable en el arribo de personas originarias de esos países, no así de centroamericanos. ¡Durante 2022 fueron detenidas 2.7 millones de personas migrantes en la frontera! y expulsadas miles de ellas bajo el Título 8 (deportación a sus países de origen) y Título 42 aún vigente (orden que niega el ingreso por razones sanitarias).
Por su parte, autoridades locales y federales detuvieron al menos a 70 personas durante el pasado lunes, y los remitieron sin los protocolos debidos al centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Juárez. El reporte de la muerte de 39 migrantes detenidos en ese lugar, la mayoría de Guatemala, es el hecho más reciente de una larga y grave cadena de omisiones, vejaciones e irregularidades en el trato otorgado hacia los migrantes desde que ingresan a México por el sur hasta su llegada a la franja fronteriza.
Se trata de la terrible pérdida de vidas de personas que en su intento de cambiar la narrativa a sus condiciones de vida, terminan por encontrar no la ansiada esperanza, sino la evitable muerte, o visto de otra manera, es el último capítulo de un periplo que inicia con el pago a las bandas de traficantes de personas, sigue con un camino lleno de dificultades y episodios de corrupción de policías corruptos y grupos criminales a lo que se suma ahora a la política norteamericana de muro blando. Y encima de todo, se culpa a los migrantes por ejercer su derecho a desplazarse.
Instalarse en Ciudad Juárez, que está azotada por la violencia feminicida e institucional (donde se escenificó un sangriento motín en un reclusorio que se saldó con la muerte de 17 reos en enero) resulta un alto riesgo para la integridad de las mujeres.
Desde la expedición de la Ley de Migración en 2011, organismos defensores de migrantes han exigido eliminar el enfoque de seguridad y dar más garantías de protección durante su tránsito y estancia en el país, al mismo tiempo han demandado un mejor trato en los centros de detención del INM, que como vemos, se han convertido en una estancia del terror. No hay personas ilegales solo seres humanos, hoy víctimas de una serie de omisiones.
