Por Edgar Monribot
En los últimos meses, diversas investigaciones periodísticas han puesto sobre la mesa un concepto inquietante: la “narconómina”, es decir, los pagos que organizaciones criminales realizan a jóvenes reclutados para tareas que van desde vigilancia hasta sicariato. Más allá del morbo mediático, el fenómeno revela una verdad incómoda: para muchos jóvenes en regiones con alta pobreza y marginación, el crimen organizado se presenta como una alternativa económica frente a la precariedad laboral.
En ese contexto de desigualdad estructural, la economía criminal ha comenzado a competir directamente con el mercado laboral formal. Diversos medios de comunicación han documentado que algunos grupos ofrecen pagos mensuales que pueden ir desde 8,000 hasta 20,000 pesos para funciones básicas de vigilancia o “halconeo”, mientras que tareas de mayor riesgo pueden alcanzar ingresos mucho más elevados. La comparación con el mercado laboral formal resulta reveladora: de acuerdo con datos de INEGI, el ingreso laboral promedio mensual en estados como Chiapas, Guerrero o Veracruz apenas superan los 8,000 pesos mensuales.
Esta brecha salarial entre la economía formal y la economía criminal ayuda a explicar por qué el reclutamiento se ha vuelto un fenómeno cada vez más extendido en distintas regiones del país. Una investigación publicada en la revista Science estima que entre 160,000 y 185,000 personas trabajan actualmente para organizaciones criminales en México, lo que, en términos comparativos, convertiría al narcotráfico en el quinto mayor “empleador” del país, por encima incluso de grandes empresas nacionales.
Este fenómeno no se mantiene estático: las organizaciones criminales requieren un flujo constante de nuevos integrantes para sostener sus estructuras operativas. Debido a la alta mortalidad, encarcelamientos y deserciones dentro de los grupos criminales, los cárteles necesitan reclutar alrededor de 350 personas cada semana simplemente para mantener su tamaño actual. Además, organismos de protección de la infancia y organizaciones civiles han advertido que más de 200,000 niñas, niños y adolescentes en México se encuentran en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado, especialmente en regiones con alta marginación, baja escolaridad y escasas oportunidades laborales.
Frente a esta realidad, el gobierno federal ha impulsado una estrategia basada en atender las causas sociales de la violencia, a través de programas como Becas Benito Juárez, Rita Cetina o Jóvenes Construyendo el Futuro, orientados a mantener a los jóvenes en la escuela o integrarlos al mercado laboral. Estos esfuerzos representan un cambio importante respecto a enfoques exclusivamente punitivos. Sin embargo, la persistencia del reclutamiento criminal demuestra que los beneficios de estas políticas aún no han permeado plenamente en todos los territorios, especialmente en regiones rurales, fronterizas o con alta marginación.
No obstante, el tamaño de las estructuras criminales ha crecido de forma sostenida durante la última década, lo que evidencia que la dinámica de reclutamiento sigue siendo más fuerte que los esfuerzos de contención del Estado.
La pregunta de fondo es por qué a tantas y tantos jóvenes les resulta hoy más atractivo pertenecer a estructuras criminales que apostar por las rutas legales de desarrollo.
La respuesta no puede simplificarse a una sola causa. En muchos territorios del país, el crimen organizado ha logrado construir una narrativa seductora: dinero rápido, reconocimiento social, pertenencia a un grupo y la ilusión de ascenso económico inmediato. Cuando esa promesa se presenta frente a contextos de desempleo, abandono escolar o falta de oportunidades reales, el riesgo de reclutamiento aumenta considerablemente.
Por ello, la prevención no puede limitarse únicamente a la persecución del delito. La verdadera contención debe comenzar mucho antes del reclutamiento. Esto implica fortalecer la permanencia escolar en zonas de alto riesgo mediante becas suficientes y acompañamiento educativo, ampliar programas de capacitación técnica y primer empleo para jóvenes en regiones con alta marginación, así como impulsar proyectos productivos locales que generen ingresos reales en comunidades rurales y fronterizas. También es fundamental recuperar espacios públicos enfocados al deporte, cultura y participación comunitaria, donde las y los jóvenes puedan desarrollar habilidades, identidad y redes sociales fuera de entornos violentos. Al mismo tiempo, los programas sociales deben tener mayor focalización territorial para asegurar que lleguen precisamente a las comunidades donde el reclutamiento criminal es más intenso. Solo así será posible ofrecer alternativas reales frente a la seducción de la economía ilegal.
La política de atender las causas apunta en esa dirección, pero su consolidación exige mayor profundidad territorial, coordinación institucional y una estrategia sostenida en el tiempo. El verdadero desafío no es solo reducir las filas del crimen organizado, sino lograr que ningún joven tenga que elegir entre la precariedad y la violencia para construir su futuro.
