La violencia sexual contra niñas y adolescentes provoca otro tipo de violencias como feminicidio, desaparición, suicidio o muerte materna
Berenice Chavarria Tenorio / Cimac Noticias
Paola Guzmán Albarracín, una joven ecuatoriana de 14 años, fue abusada sexualmente por una autoridad de la escuela donde estudiaba. Dos años después del delito en su contra, la adolescente se quitó la vida. Tras la indignación desatada por lo sucedido, el caso fue retomado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se determinó que Paola Guzmán «no quería realmente dejar de vivir«, sino que buscó «llevar el mensaje del sufrimiento psíquico» que le provocó ser víctima de la agresión. Su historia revela una realidad alarmante que viven niñas y adolescentes de América Latina y El Caribe.
De acuerdo con la Investigación sobre la interrelación y los vínculos entre la violencia sexual y la muerte de niñas y adolescente, realizada por el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU), durante la última década la violencia sexual contra niñas y adolescentes se ha consolidado en la región como un tipo de agresión estructural que provoca otro tipo de violencias como feminicidio, desaparición, suicidio o muerte materna.
El estudio abarca el periodo entre 2010 y 2019, y destaca que durante este tiempo se ha hecho más visible la violencia sexual contra niñas y adolescentes. Pese a lo anterior, impera la inexistencia de bases de datos consolidadas y de largo alcance para determinar el aumento de estas agresiones y su letalidad en comparación con la década pasada.
Entre las principales dificultades o barreras identificadas que impiden que este tipo de violencia ceda, Cladem identificó que en los países analizados –Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay– persisten prácticas nocivas que estigmatizan a las víctimas de violencia sexual, lo que provoca una normalización de estos delitos y que muchas de las denuncias no culminen en procesos justos y restaurativos.
En el informe también se resalta la presencia de débiles modelos y protocolos de atención integral territorial especializada en violencia de género y, en particular, en la atención de niñas y adolescentes: «En la geografía latinoamericana de los doce países analizados en esta investigación, la violencia sexual contra niñas y adolescentes se inscribe en contextos diferentes, pero tienen una característica común: un sistema tradicional de relaciones asimétricas de poder —con causas estructurales que históricamente reproducen marginalidad y exclusión—, que posibilita otras dimensiones de violencias y, paralelamente, una reconfiguración de la violencia feminicida».
Violencia sexual ocasiona feminicidio, suicidio y muerte materna
De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) en América Latina y El Caribe viven cerca de 193 millones de niñas y niños; en materia de violencia sexual, se estima que cerca de 1.1 millones de niñas y adolescentes entre 15 y 19 años han sido víctimas de una agresión de este tipo.
Cladem destaca que esta violencia particular «posibilita otras más brutales que pueden culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta. La violencia sexual es probablemente la forma de violencia que logra con mayor crudeza los objetivos de humillar, degradar y lesionar a las sobrevivientes».
«Por lo tanto, la violencia sexual no puede considerarse como la antesala de las demás violencias, sino como un fenómeno cuya reproducción constante detona violencias feminicidas que ponen en riesgo de muerte a las mujeres y, especialmente, a las niñas y adolescentes», subraya el comité en su reporte.
La situación ha alcanzado un nivel tan preocupante que en El Salvador, por ejemplo, en 2015 se tipificó el «suicido feminicida por inducción o ayuda» mediante la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Con ello, se busca castigar a «quien indujere a una mujer al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo» con penas que van de los cinco a los siete años de prisión.
En ese sentido, Cladem exhorta a los gobiernos a analizar el fenómeno de la violencia contra las niñas y adolescentes desde la perspectiva de género, la niñez y los Derechos Humanos, y no solo desde una visión de seguridad pública o ciudadana.
«Es necesario que las distintas expresiones de la violencia de género contra las niñas y adolescentes estén debidamente tipificadas (visibilizadas y caracterizadas en la legislación penal) y se basen en sus derechos; también, que se desarrollen protocolos de investigación que permitan documentar adecuadamente las especificidades de cada tipo de violencia –con el fin de posibilitar la sanción de los responsables y la disminución de los altos índices de impunidad– y realizar cruces sobre las causas y consecuencias entre los diferentes tipos de violencia».
Cladem
Lo anterior da cuenta de que en la región, la muerte de niñas y adolescentes es el resultado de una acumulación de acciones, actos y omisiones de sistemas opresores que les impiden gozar de una vida digna y libre de violencia.
