El amparo se turnará a otro ministro para realizar un nuevo proyecto
Anayeli García Martínez / Cimac Noticias
Ciudad de México.-Las organizaciones civiles que promovieron y apoyaron un amparo alegando que desde 2016 el Congreso de Veracruz fue omiso al no despenalizar el aborto hasta las doce semanas de gestación, lamentaron que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) postergara la discusión sobre este tema.
La tarde de este miércoles 29 de julio, las y los ministros de la Primera Sala desecharon, por cuatro votos en contra, el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien planteó la obligación del Congreso local de despenalizar el aborto; pero dijeron que el amparo se turnará a otro ministro para realizar un nuevo proyecto.
Al respecto, representantes de las organizaciones Justicia, Derechos Humanos y Género; Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos; Frente Veracruzano por los Derechos Humanos de las Mujeres; Mexfam y Católicas por el Derecho a Decidir, expusieron en conferencia de prensa virtual que esperan que la nueva propuesta de sentencia responda al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
El amparo en revisión 636/2019 que llegó a la Suprema Corte tiene su origen en la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, declarada el 13 de diciembre de 2017, por medio de la cual se recomendó al Legislativo local modificar el tiempo penal de aborto, por ser una norma discriminatoria y a fin de garantizar el acceso a la interrupción del embarazo.
Al presentar el proyecto, la ministra Norma Lucía Piña Hernández expuso que las organizaciones civiles Justicia, Derechos Humanos y Género, Colectivo Aquelarre y Colectivo Feminista de Xalapa, quienes promovieron el amparo en revisión, no pretendían alegar una omisión legislativa, sino reclamar que la tipificación del aborto es discriminatoria porque no incluye todas las causales.
Sobre la decisión de los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández, quienes votaron en contra del proyecto, la integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, criticó que mientras la Suprema Corte siga debatiendo, las mujeres seguirán muriendo.
La defensora expuso que en el estado no se protege la salud reproductiva de las mujeres y aseguró que el ministro que retome el amparo en revisión para realizar un nuevo proyecto debe tomar en cuenta los derechos sexuales y reproductivos a la luz de los mayores estándares de protección, porque de lo contrario continuarán los embarazos forzados de las veracruzanas.
En su opinión, la resolución deja a las mujeres en un estado de indefensión porque la Suprema Corte no resolvió el amparo ni discutió el acceso al aborto legal.
Por su parte la abogada y defensora, Patricia Bedolla, expuso que fue sorprendente la conducta de las y los ministros porque no argumentaron ni discutieron el tema y agregó que la Suprema Corte ha demostrado en varias ocasiones la progresividad de los derechos de las mujeres, por eso confió en que no se postergue más la discusión real en torno al aborto.
En coincidencia, la abogada de la organización Mexfam, Esmeralda Lecxiur Ferreira, consideró que la SCJN quedó en deuda porque, aunque los ministros Piña Hernández y Pardo Rebolledo aclararon que no comentaron sobre el fondo del asunto, si tenían forma de pronunciarse en torno a la legislación local.
A su vez, el director ejecutivo de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, Rodolfo Domínguez, dijo que la decisión de la Primera Sala fue una decepción para las organizaciones civiles porque los precedentes indican que no se pueden alegar formalismos ni cuestiones de derecho interno para no acatar los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos de las mujeres.
El abogado lamentó que la Suprema Corte haya tardado un año en conocer el amparo y que tras la decisión de este miércoles, haya mujeres y niñas obligadas a continuar un embarazo no deseado, debido a que se mantiene vigente una ley que las discrimina. Es por eso que llamó a la nueva ministra o ministro a desarrollar un proyecto de manera diligente y con perspectiva de género.
Finalmente, las organizaciones señalaron que en septiembre el Comité de expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) revisará el cumplimiento del Estado mexicano en torno a las recomendaciones que han formulado, y allí las agrupaciones mexicanas pesentarán información sobre este tema.
