Jen y Lili son acompañantas de mujeres que deciden abortar. Este 28 de septiembre es el día por la despenalización del aborto
Sandra de los Santos / Aquínoticias
No sabía que dar acompañamiento a las mujeres, que por alguna razón deciden abortar, era un delito. Empezó esta labor cuando era menor de edad y jamás se la cuestionó. Jen solo sabía que tenía amigas y familiares que necesitaban tener a alguien a su lado al momento de interrumpir su embarazo, y decidió ser esa mano en las que ellas se pudieran sostener.
Jen y Lili son integrantes de una colectiva universitaria en Chiapas. Son de diferentes municipios de la entidad, pero ambas asisten a otras mujeres cuando deciden interrumpir su embarazo. Su labor va desde darles información sobre la forma en cómo pueden abortar de manera segura, acompañarlas en el proceso, y ser un soporte emocional en esos momentos.
«Es algo curioso, pero creo que muchas empezamos sin saber que somos acompañantas. En lo personal lo hice desde que era menor de edad, y no es que supiera mucho, debo de confesar que lo hacíamos desde la prueba y error, yo empecé a tomar talleres sobre este tema hace poco» cuenta Jen.
Cuando fue consciente que el trabajo voluntario que realiza era penalizado se estremeció, pero no ha dejado de hacerlo. Para ella es inconcebible que sea el Estado quien decida sobre el cuerpo de las mujeres, que algo que es asunto de salud pública sea tratado desde el discurso religioso y moral.
«Entre las cinco principales causales de la muerte materna está el aborto, pero los abortos mal practicados. Las mujeres mueren no por tener un aborto, sino porque es mal practicado, por someterse a ellos solas. La ciencia ha avanzado mucho y este procedimiento puede ser muy rápido y eficaz sin traumatizar a las mujeres, que quieren planificar su vida».
Jen, primero se hizo acompañanta de mujeres que deciden interrumpir su embarazo y después inició en el activismo feminista. La sororidad se expresa de diferentes formas.
Las acompañantas saben que la penalización de esta práctica no la evita, que lo único que hace es poner en riesgo a las mujeres y sobre todo a las que se encuentran en condiciones de pobreza, migrantes, jóvenes, indígenas y que viven en las periferias. Las que no tienen acceso a pagar un hospital privado. Las que viven este proceso solas y de manera riesgosa.
«Yo sé que puede ser no muy profesional, pero yo sí me involucro emocionalmente con las mujeres que acompaño, porque esta labor la hago desde el amor a la vida, y mis amigas son el amor de mi vida, y no quisiera que ninguna de ellas o ninguna mujer muriera por un aborto mal practicado y sin acompañamiento» cuenta Jen.
Para poder acompañar a otras mujeres, la joven ha tomado cursos y talleres sobre el tema, ahora, también sobre el uso de plantas herbolarias para este procedimiento. Considera que es importante que se tome en cuenta su uso porque hay quienes no pueden pagar fármacos, no tienen acceso a ellos por alguna circunstancia o prefieren no utilizarlos.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional el castigo al aborto, es un paso hacia adelante para lograr que en cada entidad federativa se despenalice esta práctica y que el trabajo que realiza Jen y Lili no sea criminalizado.
La decisión siempre la tienen las mujeres
Lo que la sensibilizó para acompañar a otras mujeres que deciden interrumpir su embarazo fue el caso de una amiga cercana, quien tuvo que pasar tiempo en el hospital por un aborto mal practicado.
Lili aprendió que cuando una mujer que decide abortar está acompañada y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el procedimiento el riesgo es mínimo.
«Muchas veces solo toca escuchar a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo, resolver todas sus dudas, hay que ser muy respetuosas con lo que quieren y no quieren compartir y hasta dónde quieren el acompañamiento» cuenta Lili.
Le ha tocado darles información a mujeres que deciden seguir con su embarazo y otras que lo interrumpen. «La decisión siempre está en ellas, nosotras les damos la información, les resolvemos todas sus dudas, cualquier cosa que decidan hacer es su decisión y su derecho».
Esté o no esté de acuerdo la iglesia, el gobierno, algunas personas o quien sea, en Chiapas como en todo el mundo se practican abortos a mujeres de diferentes edades y por diversas circunstancias.
«El primer caso que acompañé fue de una señora que ya tenía dos hijos y que sabía que no le podía dar una vida digna a un tercer hijo» recuerda Lili.
La estudiante universitaria realiza esta labor mediante una aplicación de mensajería. Ha tomado talleres y cursos. Sigue un protocolo de atención, que también considera la entrega de medicamentos si las mujeres no tienen recursos para adquirirlos por su cuenta.
Un kit para la interrupción del embarazo tiene un costo aproximado de 560 pesos, que incluye misoprostol, misoprostona, parecetamol y una prueba de embarazo. Tomando en cuenta la realización de ultrasonidos un aborto puede salir en promedio entre 800 y mil pesos.
«Nosotras como acompañantas en algunos municipios ya sabemos dónde pueden hacerse el ultrasonido de manera muy económica, dónde hay médicos y médicas que sí atienden alguna complicación» comentó Lili.
La entrevista con ella es por teléfono, su voz es apacible, y genera confianza, mientras platicamos pienso que si con ese tono que me habla a mí lo hace con las mujeres que acuden a ella, pues, seguramente les dará tranquilidad.
El recurso para adquirir los medicamentos los obtienen de cooperaciones voluntarias entre los colectivos de feministas.
En su tiempo de acompañante, Lili le ha tocado ser testiga de que en algunos lugares (muy pocos, pero los hay) no les venden misoprostol a mujeres, que en los propios centros de salud hay una mala atención para las jóvenes que buscan métodos anticonceptivos o las pastillas de anticoncepción de emergencia.
En el centro de salud, del lugar donde es originaria, la hicieron esperar horas para la entrega de condones, y en el hospital materno-infantil de ese mismo municipio le negaron a una joven las pastillas de anticoncepción de emergencia por no ir acompañada de su pareja.
Cuando le ha tocado acompañar casos de mujeres que han sido abusadas sexualmente y si ellas así lo deciden, acuden a las instancias públicas para hacer valer la norma 046, que obliga al Estado a garantizar la interrupción del embarazo sin necesidad de una denuncia de por medio.
«Hay veces que también las remitimos al Cejum porque en esos casos, esa dependencia sí da acompañamiento, aunque no hay necesidad, cualquier mujer que quiera interrumpir su embarazo por una violación puede acudir por cuenta propia a un hospital público y no hay necesidad de interponer una denuncia» explica la estudiante.
Tanto Lili como Jen saben que su labor es importante y necesaria, pero también están conscientes que es el Estado quien debe de hacer ese trabajo, que le toca garantizar que haya personal capacitado y sensibilizado para dar acompañamiento a las mujeres que deciden abortar.
Son mujeres jóvenes que entienden el amor a la vida como algo muy extenso, que hay amor en sostener la mano de una mujer cuando decide interrumpir su embarazo, que el derecho a decidir es algo por lo que vale la pena seguir luchando hasta que sea legal.
