El fin de semana se hicieron públicos los nombres de las personas que integran las quintetas de las que saldrán las y los titulares de algunas consejerías del Instituto Nacional Electoral, incluyendo su presidencia. La renovación del órgano administrativo electoral nacional es de la mayor relevancia y no ha estado lejos de la polémica y la inconformidad. Aún hoy, cuando se sabe quiénes llegaron hasta la última fase, aparecen dudas sobre cómo llegaron y sobre la decisión que tomará el poder Legislativo.
Este proceso tiene una peculiaridad. El actual gobierno federal ha hecho evidente su distancia y molestia con el INE. A algunos de sus integrantes se les ha adjetivado e incluso agredido –no olvidemos que la violencia verbal es eso, violencia– (los consejeros tampoco se han quedado callados, hay que decirlo) por mantener una preferencia ideológica y política distinta a la del régimen o porque sus resoluciones técnicas van en contra del partido hegemónico.
Los episodios de confrontación con algunos consejeros y consejeras electorales con integrantes del partido gobernante, miembros del gabinete e incluso el Presidente son tristemente conocidos. Señalo que son “tristemente conocidos” porque órganos del Estado, como lo son el INE y los poderes de la Unión, y también las agrupaciones políticas, deben conducirse con respeto, aunque expresen diferencias en cuanto a temas comunes porque la autonomía permite que ni unos ni otros sean obsequiosos y mantengan su propia capacidad de discernimiento.
Con todo, la renovación del INE no llegó por la vía del poder Ejecutivo, sino por la del tiempo constitucional. Cuatro de sus actuales miembros concluirán en unos meses el periodo para el que fueron designados. De un número muy significativo de personas inscritas, han quedado 20, agrupadas en cuatro listas: en dos, sólo hay mujeres, y en las otras dos, hombres. La quinteta de donde saldrá la persona titular del Consejo General del INE está integrada por mujeres. Esto es producto –y conquista– de los movimientos por la igualdad política de las mujeres.
Uno de los aspectos que más se le ha criticado a este proceso es que varias de las personas inscritas desde un inicio y quienes han llegado a las quintetas tienen relaciones con el partido gobernante o con el gobierno de la República. Pareciera que dejar atrás las designaciones por cuotas partidistas es muy difícil, a pesar de que para ello se estableciera un comité ex profeso. Flaco favor se le hace a una democracia en crisis y a la credibilidad de las instituciones al designar a encargados de la función electoral con potenciales conflictos de interés.
Las nuevas personas que se integren al INE deberán honrar la tarea que tienen frente así cumpliendo, entre otros, los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad.
La democracia no es sinónimo de elecciones, pero sin ellas, no hay convivencia armónica posible (en donde los disensos se resuelvan sin el recurso de la fuerza y las voces de todas las personas se expresen con libertad); por ello, hay que cuidar a la autoridad electoral (lo que no significa su mantenimiento sin cambios) y un paso para esto es la pulcritud en los procesos de designación de sus autoridades.
