Como en la federación, la organización política en los estados mexicanos es republicana; es decir, existe una división de poderes, con la separación y distribución de funciones correspondiente: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.
Chiapas no es la excepción y como parte integrante del pacto federal, ha hecho propia esta organización del poder público. Cada poder tiene facultades, atribuciones, derechos y obligaciones constitucionales que debe cumplir y, en el caso del Congreso del Estado, una lista de temas y tareas que abordar y desahogar con la finalidad, no sólo crear normas jurídicas abstractas, generales e impersonales o de actualizar las vigentes, sino de coadyuvar, en el ámbito de su competencia, a la gobernabilidad y a construir un mejor entorno para el desarrollo de las potencialidades de los chiapanecos.
En este sentido, la agenda legislativa, aprobada por la LXIX Legislatura (2024-2027), muestra lo que las diputadas y los diputados, 40 en total, pretenden realizar durante el trienio.
Los ejes de acción son 10: economía y seguridad social; seguridad y justicia; equidad de género, inclusión social y derechos humanos; educación, ciencia y tecnología; chiapanequidad, cultura y turismo; salud y bienestar social; medio ambiente y sostenibilidad; grupos vulnerables, pueblos y comunidades indígenas; transparencia y gobernanza, y democracia, juventud y participación ciudadana.
Cada uno de los ejes considera el qué y el cómo, aunque no se menciona el cuándo ni el con qué. Esto no debe significar una preocupación en tanto que los trabajos legislativos se desahogan con base en un calendario y los recursos con los que cuenta este Poder son suficientes para la materia central de su labor. No obstante, la supervisión de lo que realicen las diputadas y los diputados por parte de la sociedad civil es fundamental –y condición necesaria del Estado Democrático de Derecho– para conocer el desarrollo, argumentos, posiciones y tiempos en que se va satisfaciendo o no lo establecido en la propia agenda legislativa. Que la ciudadanía supervise a los poderes públicos es una forma de evitar simulaciones, posiciones absurdas o abiertos actos de corrupción.
El contexto político en el que esta agenda se habrá de desarrollar es el de un gobierno unificado; esto es que el partido que ganó el poder Ejecutivo es mayoría en el Legislativo. Más aún, Morena y su coalición, integrada por los partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Redes Sociales Progresistas, ganaron el mayor número de los gobiernos municipales (junto con partidos hoy extintos). Entonces, las iniciativas provenientes de esta coalición deberían ser aprobadas con facilidad, lo que no quiere decir la ausencia de debates y disensos entre poderes, niveles de gobierno, fracciones parlamentarias o al interior de los grupos de diputados de un mismo partido.
La agenda legislativa es un instrumento que orienta e impulsa el trabajo del Congreso, aunque hay que tener claro que la propia Constitución del Estado, en su capítulo II, al referirse a las atribuciones de este órgano, no establece acciones de política pública, que se encuentran en otro poder; sin embargo, como se mencionó al inicio de este texto y con base en los desarrollos teóricos de la ciencia política y las políticas públicas, como institución de representación, los cambios que hagan a las leyes deben responder a las necesidades y problemáticas y a los intercambios entre los actores que luchan por la distribución de recursos, de forma tal que su trabajo atienda el juego político real considerando los impactos en la colectividad y su eventual concreción en acciones de gobierno.
Los partidos políticos representados en el Congreso son una fotografía incompleta de la política chiapaneca. Esta supera a los actores instituciones, pero no los sustituye, por ello, atender lo que en la agenda se establece puede ser un paso en la dirección de un contrato social distinto que refleje la pluralidad de un estado tan diverso y, en ocasiones, enfrentado entre sí.
