Para algunos expertos, la nueva política del gobierno es en realidad un endurecimiento del modelo extractivista y un paso adelante en la privatización del territorio mexicano; el nuevo esquema convierten a agentes privados en autoridades de facto sobre polígonos ricos en recursos naturales —que son propiedad de la nación y por tanto, de los mexicanos—, además, los dota de capacidades para decidir sobre la seguridad y el tránsito de bienes y personas
Julieth Rodríguez/Portavoz
[dropcap]L[/dropcap]as Zonas Económicas Especiales (ZEE) son áreas proyectadas en sitios del país con ventajas naturales y logísticas para convertirse en regiones altamente productivas, a fin que sus habitantes tengan las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar que los del resto del país, al menos eso es lo que afirma la Secretaría de Gobernación al respecto. Incluso su planteamiento resulta utópico.
Para que los habitantes del Sur tengan las mismas posibilidades que los del resto de México, tendrían que contar con las mismas o similares condiciones de vida; no obstante, gobiernos han pasado y han sido incapaces tanto de elevar la competitividad como los índices de desarrollo humano en esta región, tal como revelaron los últimos resultados del Índice de Competitividad Estatal 2016 elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco); y los Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México 2014, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Las ZEE se han vendido como polos de desarrollo industrial que atraerán inversiones, generarán empleos de calidad, además que detonarán una demanda de servicios locales y otorgarán beneficios a la población; la verdad es que ésta es la que menos beneficiada resultará del establecimiento de estos sitios que, además, pretenden ponerse en marcha aunque ello signifique pasar por sobre la Constitución Mexicana. Los mayores favorecidos serán los capitales extranjeros y en menor medida algunos empresarios y funcionarios mexicanos; pero primero, hay que despojar al pueblo de sus tierras.
Privatizan territorios
La organización no gubernamental Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés) planteó en un estudio que esta nueva política del Gobierno federal es en realidad un endurecimiento del modelo extractivista y un paso adelante en la privatización del territorio mexicano.
Patricia Legarreta, investigadora de ese organismo, concluyó que «la Ley muestra un paso más allá, porque se le da a la iniciativa privada la posibilidad de gestionar territorios»; éstos son sin duda donde se asentarán las ZEE: Puerto Lázaro Cárdenas, que incluye municipios vecinos de Michoacán y Guerrero; el Corredor del Istmo de Tehuantepec, que contempla a Coatzacoalcos (Veracruz), y Salina Cruz (Oaxaca); y Puerto Chiapas (Chiapas).
Ahí, «se le entrega al administrador, que pueden ser un inversionista, la capacidad para gestionar el territorio en términos de políticas públicas, y obliga a los autoridades municipales a alinear sus políticas para adoptarlas a las necesidades de las Zonas Económicas Especiales; es decir, les quita autonomía a los municipios», añadió.
Esta disposición elevada a rango de ley contraviene la Constitución, a juicio de Legarreta y su compañero investigador Óscar Pineda, ya que convierten a agentes privados en autoridades de facto sobre polígonos ricos en recursos naturales —que son propiedad de la nación y por tanto, de los mexicanos—, además, los dota de capacidades para decidir sobre la seguridad y el tránsito de bienes y personas. Es decir, si ellos consideran que un grupo de campesinos opositores representan una amenaza para la ZEE, cuentan con elementos legales para actuar en su contra.
Atenta contra soberanía
Los expertos hacen especial énfasis en que esa atribución está contenida en el inciso XII del artículo 33 de la Ley Federal de las Zonas Especiales Económicas (LFZEE), que permite a este denominado «administrador integral» «operar los servicios de vigilancia y control de accesos y tránsito de personas y bienes en la Zona, de conformidad con lo previsto en las reglas de operación de la misma (…). Dichas funciones podrán presentarse con un cuerpo encargado de verificar que la seguridad y vigilancia de las mismas se lleve a cabo conforme a las disposiciones establecidas».
Los investigadores alertaron de que no sólo atenta contra el derecho al libre tránsito, sino que amenaza de forma directa a la soberanía nacional pues el hecho de que el «administrador integral» decida quién puede o no acceder a estas zonas, es una atribución regresiva, calificaron. Lo más preocupante, es que «puede fomentar la conformación de cuerpos de seguridad «especiales» o ad-hoc para resolver o disolver cualquier conflictividad social», se lee en el texto que PODER publicó en la revista de la organización oaxaqueña Servicios para una Educación Alternativa.
En entrevista para SinEmbargo, Pineda comentó que el riesgo es la «discrecionalidad» con la que la LFZEE permite actuar a las empresas privadas pues les otorga poder sobre los territorios mexicanos a particulares para que decidan sobre licencias, subcontratación y oferta de servicios, así como el tránsito de personas y mercancías, con beneficios tributarios; todo ello lo harán sin consulta a las comunidades asentadas y propietarias de esos territorios.
«No se especifican mecanismos de resolución de conflictos o reparación de daños en caso de que se lleguen a desarrollar ciertos proyectos que involucren un alto consumo de recursos naturales y/o despojo de tierras cuyo fin sea agropecuario, de vivienda o autoconsumo. Tampoco se consideran mecanismos de salvaguarda de los derechos fundamentales de las y los pobladores de estas zonas cuya vida será afectada por la decisión de los tres niveles de gobierno y sus socios empresariales (…) Si a este panorama sumamos la grave crisis de derechos humanos y la rampante corrupción que se vive en el país, las consecuencias son más que evidentes», agrega el artículo.
Ya lo habían previsto
Anteriormente un investigador advirtió acerca de las estrategias de despojo contra pueblos originarios que antecedieron a las ZEE. Agustín Ávila Romero, profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), documentó en 2013 esta forma de operar justificada desde la mirada del capitalismo en su artículo «Turismo y pueblos indígenas de México: despojo y veredas de apropiación comunitaria».
Ya lo hizo en relación con las ZEE en 2016, desentrañando las estrategias que operan detrás de estos modelos complejos en su estudio «Reconfiguraciones territoriales y neoextractivismo: la nueva zona económica especial de Chiapas, México», que hizo en colaboración con León Enrique Ávila Romero, también de la Unich.
Para estos investigadores, el asentamiento de la Zona Económica Especial en Puerto Madero, Chiapas, forma parte de la apropiación capitalista de los territorios que implica la reconfiguración de estas construcciones previas (comunidades); se trata de nuevas estrategias de expansión geográfica y procesos colonizadores.
Antes fuimos sometidos por españoles que se apropiaron de las tierras de los indígenas y los seccionaron a modo; resistimos el embate expansivo del imperio Francés pero no así de estas nuevas formas de conquista, porque están siendo permitidas desde el Estado y las leyes y justificadas por el libre mercado.
En su artículo, los expertos comentan que David Harvey —geógrafo y teórico social británico— explica que esta nueva producción de espacio a la que corresponden no sólo las ZEE, sino otros modelos (el reemplazo de cultivos tradicionales como maíz y frijol, por productos para el mercado global como la palma africana), son una continuación del proceso de dominación colonial.
«Las nuevas divisiones territoriales del trabajo, implican básicamente una confrontación violenta con las comunidades campesinas e indígenas que mantienen otra forma de relacionarse, de construir su economía y sus sentidos de vida. Es ahí donde la dinámica de la vida campesina e indígena de Chiapas choca con los grandes intereses económicos que se impulsan en la región», asientan los investigadores.
La privatización de los bienes públicos y comunitarios son un modelo de explotación de los recursos naturales que proporciona a las empresas excepcionales condiciones de rentabilidad pero sin mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. De acuerdo con la periodista Ángeles Mariscal, el presidente de la República Enrique Peña Nieto fue muy claro al respecto en una visita que hizo en 2015 en la entidad, a propósito de la ZEE en Puerto Chiapas.
«El planteamiento de la iniciativa de ley para la creación de zonas económicas especiales que hizo el presidente Enrique Peña Nieto ayer en la ciudad de Tapachula fue clara: están diseñadas por y para el capital privado, en una lógica de mercado —principalmente el trasnacional—, en donde la población chiapaneca sólo está presente en el proyecto como mano de obra, dejando de lado que es la dueña de los recursos naturales y materias primas», se lee en un artículo que publicó para Chiapas Paralelo.
No se habla de los pueblos
Según la periodista, ante representantes del Banco Mundial y del Consejo Coordinador Empresarial, Peña Nieto refirió que con el establecimiento de las ZEE se pretende garantizar un régimen de beneficios fiscales aduanero especial para el comercio exterior, que favorezca a la iniciativa privada en regiones con alto potencial productivo; no habló de los pueblos más que al tocar el tema de la pobreza. Es decir, habrá beneficios y concesiones tanto para inversores como para extranjeros pero los pobres, son pobres.
Para los investigadores de la Unich, a los ya encaminados procesos de despojo que afrontan las comunidades en Chiapas como la reconversión productiva agro-exportadora; el impulso a sistemas de plantaciones forestales y de agrocombustibles; la privatización de los recursos energéticos; la minería; el impulso al turismo capitalista convencional y los megaproyectos infraestructurales (presas), se les suma el de la ZEE.
«Dichas zonas económicas especiales (ZEE), no sólo vienen a entregar parte de nuestro territorio nacional a empresas extranjeras sino que sobre todo vienen a modificar la forma de vida campesina e indígena que se encuentra mayoritariamente en dichos estados de nuestro país», con la complicidad del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que aportan, asesoran y apoyan la gestión del proyecto, asientan en su análisis publicado en una revista argentina.
En la conferencia «Expansión geográfica, despojo y zonas económicas especiales: el caso de Chiapas, México», Agustín Ávila Romero explicó que hasta en los documentos donde se justifica la implementación de las ZEE, siguen viendo al Sur como lo atrasado, con unos diferenciales enormes de pobreza, de productividad y por tanto, impera la necesidad de poner en marcha estrategias con visión de progreso, de crecimiento económico como lo fundamental, sin entender la vida campesina indígena que se desarrolla de forma ancestral en esos territorios.
«Hay un proceso de expansión geográfica, es una forma que ha funcionado en el capitalismo, donde nuevos territorios deben subordinarse a las lógicas de valorización de capital, buscando una mayor explotación, una mayor ganancia para primordialmente las empresas transnacionales sin importar los recursos naturales o la ecología», declaró.
Hizo referencia al libro «Las Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo», donde se plantea que el capitalismo como proyecto es un fracaso sistémico pero lo que hace es trasladar geográficamente sus crisis. «Así, si el proceso de acumulación de capitales en México está teniendo problemas en el Norte y en el Occidente, pues hay que abrir partes geográficas en el Sur-Sureste a esos procesos de acumulación de capital. Pero esa acumulación tiene como base el despojo la despoblación».
Esto ha sido permitido incluso por los tratados de libre comercio de los que México es firmante. El estudioso calificó de «devastador» el efecto de éstos en la República Mexicana, donde se han traducido en caída salarial del poder adquisitivo, la pérdida de empleos, de industria y ha sido peor en el campo con la desvalorización de los productos campesinos, la pérdida de la soberanía alimentaria al importar cantidades enormes de maíz y frijol, base de la alimentación de los mexicanos.
El despojo que viene
Han sido estos intereses transnacionales los que han posado sus ojos en el Sur de México, donde se centra la mayor diversidad; de acuerdo con el especialista, van tras la caza de dos cosas en particular: los recursos naturales y la fuerza de trabajo que hay porque existe una gran cantidad de personas campesinas o indígenas que pueden incorporarse a la actividad productiva, debido a sus necesidades.
El que el 70 por ciento de la propiedad de la tierra en México sea tierra colectiva, a raíz de la Revolución Mexicana, les representa una dificultad por lo que se han pensado en leyes a modo que les permitan operar en esas regiones; de ahí que «la minería, el petróleo, el turismo, todos estos proyectos de enclave del capitalismo están centrados precisamente sobre tierras de base ejidal, comunal, colectiva».
Hay intereses territoriales muy fuertes en Chiapas y también hay un contexto de quiebre de la economía campesina, lo que favorece la implementación de estas políticas, explicó Agustín Ávila Romero. «Chiapas, se señala, es una puerta estratégica a Centroamérica, ya tiene un corredor logístico intermodal. El proceso ya va, ¿qué es lo fuerte de éste? El despojo que viene; el 50 por ciento de las tierras donde se van a instalar las ZEE están en tierras ejidales, en zonas indígenas», vaticinó.
