El Club de Industriales de Chiapas reitera el llamado al Congreso del Estado para que a la brevedad proceda y corrija la actual legislación y no incluya a ningún organismo empresarial como integrante del Comité de Adquisiciones para que no funjan como juez y parte
Julieth Rodríguez / Portavoz
Afectación a las operaciones comerciales, restricción de la derrama económica, reducción de la capacidad de ingresos en el estado y agudo subdesarrollo socioeconómico. Eso es lo que dejó la experiencia previa de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y la Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas por la injerencia de dos organismos empresariales, lo que se prevé peor ahora con la inclusión de cuatro sin representación general, aseveró el secretario técnico del Club de Industriales de Chiapas, Enrique Vázquez Constantino.
Pese a que los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en Tuxtla Gutiérrez, David Zamora Rincón y Óscar Gabriel Corzo Tovilla, respectivamente, han indicado que la ley referida es inclusiva y su objetivo principal es beneficiar a todos los proveedores chiapanecos, la realidad es que esos dos organismos junto con la Delegación Tuxtla de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) del estado, exclusivamente integran el comité que al final coordinará los procedimientos de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la contratación de servicios.
¿Hay maña?
De acuerdo con el decreto de la reforma publicado el 21 de diciembre pasado, artículo 9, a este comité le compete proponer las políticas, bases y lineamientos en la materia; evaluar las propuestas que los organismos requirentes formulen, aplicando los mecanismos administrativos establecidos en la misma legislación, así como dictaminar la viabilidad del inicio del procedimiento de la licitación.
Al respecto, Vázquez Constantino refirió: «Se benefician como juez y parte, privilegiando sus particulares intereses porque no representan a la generalidad», lo que considera anticonstitucional. Su dicho lo sustenta con que esos cuatro organismos empresariales no agrupan ni el 2 por ciento de las unidades económicas establecidas en el estado.
«No son representantes de todos los organismos empresariales y tampoco son representantes de todas las unidades económicas en y de nuestro estado (…) Carecen de una representatividad general, lo que viola la legalidad y engaña a la sociedad, circunstancia por la que el Club de Industriales de Chiapas se lo ha comunicado en solicitud legal y objetivamente fundamentada al Congreso del estado», insistió.
A pesar que la representación que logran los cuatro organismos que integrarían el comité de adquisiciones no contempla a prácticamente el 98 por ciento del empresariado chiapaneco, la legislación dictamina en su artículo 8 que «las decisiones que emitan los Comités serán obligatorias, por lo que ninguna adquisición celebrada sin su acuerdo será válida, salvo las excepciones previstas por esta Ley». Como organismo, el Club de Industriales de Chiapas le ha solicitado al Poder Legislativo estatal que proceda a la brevedad y corrija la Ley de Adquisiciones actual, sin incluir a ningún organismo empresarial como integrante del comité de adquisiciones ni en algún otro análogo. Aducen que cualquiera que pudiera ser incluido en esta figura, como asienta el artículo 6, velaría por sus propios intereses y no por la economía chiapaneca; podrían utilizar la ley, a modo, para acaparar los beneficios.
Resalta que la ley en la materia —artículo 25, fracción XIII, inciso E— indica que entre las bases para aplicar a «invitaciones restringidas, invitaciones abiertas y licitaciones públicas», se contempla que los organismos requirientes deberán proporcionar su registro del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) actualizado.
La misma legislación aclara que los «organismos requirentes» son las «unidades administrativas integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos autónomos de que se trate, que soliciten bienes o servicios». No obstante, Vázquez Constantino refirió que ello beneficia únicamente a las Cámaras porque sólo éstas tienen registro de SIEM. «Otro engaño a la sociedad en la declaración de la Canaco y el CCE, es su mención del SIEM, que en realidad es un factor oligopólico e intrascendente que en nada contribuye a la productividad de México ni de Chiapas. Prueba de ello, en junio de 2016, el gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, instruyó a la dependencia correspondiente para que se elimine el requisito de contar con el SIEM a las empresas interesadas para ser proveedores del gobierno de Chiapas, en aras de dar facilidades a los trámites y ayudar a las Mipymes».
Que una empresa no cuente con este requisito, en nada interfiere en su capacidad financiera, técnica o productiva para que sea proveedora del gobierno del estado, declaró el secretario técnico del Club de Industriales de Chiapas.
Reforma fue arbitraria
Acusó a la CCE y a la Canaco-Servytur de no tener sustento para asegurar que la Ley de Adquisiciones vigente es de las más avanzadas del país; y de falso, que se trate de una respuesta para superar situaciones como la falta de pago, ya que no es «lo toral» de este debate.
Es una arbitrariedad haber nombrado representantes de esos cuatro organismos como parte del comité de adquisiciones, una falta en la que incurrió la comisión encargada en el Congreso del estado, de estudiar y aprobar las reformas. Esto sólo podría deberse a dos causas, explicó Vázquez Constantino: una, a una actuación por contubernio y dolo contra los intereses de la sociedad; o bien, por falta tanto de experiencia como de capacidad profesional en el tema, lo que también lacera a la ciudadanía.
De no corregirse la actual Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y la Contratación de servicios para Chiapas, se corre el riesgo de perpetuar las adversas condiciones económicas que imperan y no permiten el desarrollo del empresariado en general, advirtió el especialista.
«En la Ley de Adquisiciones reformada en 2008 —durante la administración de Juan José Sabines Guerrero—, por primera vez y erróneamente se contempló la participación directa como integrantes en el comité de adquisiciones a dos organismos empresariales: Coparmex y CCE; y los resultados han demostrado lo negativo y absurdo de este acto indebido, además de inconstitucional, por los pésimos resultados que se han reflejado y son del conocimiento de la sociedad, desde entonces a la fecha», explicó en un escrito enviado a esta redacción.
En aquella que la antecedió —hasta el 29 de enero de 2003—, en su artículo 7, se planteaba que el órgano colegiado (comité de adquisiciones) estaría integrado por las organizaciones con fines similares que lo soliciten previa autorización de la presidencia del comité. Al incluir a corporativos específicos, mediante la modificación legislativa, se permitió que particulares se beneficiaran con los recursos.
«Tal arbitrariedad se refleja en el impacto negativo registrado en correlación en el Producto Interno Bruto per cápita que del 2010 al 2015 cayó o redujo en -4.5 por ciento, es decir: afectó las operaciones comerciales, restringió la derrama económica, redujo la capacidad de ingresos en Chiapas y agudizó el subdesarrollo socioeconómico, tal cual lo estamos padeciendo», expuso.
Por este daño derivado de la falta de equidad en los procesos indicados en la legislación referida, el mismo del Club de Industriales de Chiapas entregó de manera formal a los integrantes de la LXVI Legislatura, la solicitud de reforma a la ley; contiene aportes que la hacen «objetivamente fundamentada». No pretenden ser incluidos en el comité; lo que urge es democratizar la economía, fomentar la transparencia, opinó Vázquez.
