Organizaciones civiles, activistas y académicos del estado desaprueban la iniciativa promovida por la senadora Ninfa Salinas; señalan que las deficiencias con las que cuenta podrían poner en riesgo la conservación de especies silvestres y áreas naturales protegidas
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]L[/dropcap]a Ley General de Biodiversidad (LGB), propuesta por la senadora Ninfa Salinas, representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es una simulación ambientalista, señalan diversas organizaciones sociales ambientalistas quienes aseguran que es permisiva y supone un riesgo para los compromisos adquiridos por México a favor de la conservación de la vida silvestre en diversos tratados internacionales.
La iniciativa no sólo desprotege la biodiversidad sino que cuenta con las mismas omisiones que la propia Ley General de Vida Silvestre, lo que ha generado que las autoridades competentes sean incapaces de controlar y supervisar el aprovechamiento de las especies; por lo tanto, ambientalistas y académicos en Chiapas rechazan la LGB y proponen construir una mejor propuesta que cumpla con la conservación, protección y aprovechamiento tanto de la fauna como de la flora silvestre.
A través del foro «Diálogos sobre el Marco Legal para la Biodiversidad y Manejo Sustentable de Recursos Naturales en Chiapas», organismos ambientalistas locales buscan informar a la ciudadanía respecto a los riesgos que representa aprobar una ley «amañada».
Tierra Verde; Cecropia; Medio Ambiente, Productividad y Sociedad; asociación civil Maps; Pro Natura Sur y Ambio son organizaciones ambientalistas que durante años han trabajado e incidido en el cuidado ambiental y pertenecen al Comité Organizador de este foro que se llevará a cabo el próximo 31 de agosto, en el teatro universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).
Contará con dos mesas de trabajo, una enfocada en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable y su Relación con Chiapas; y otro, en la Ley de Biodiversidad y su relación con el Desarrollo Sustentable y la Conservación de Chiapas.
También se tendrá la participación especial de la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Carmen Carmona Lara; y el doctor Andrés Ávila Akerberg de la asociación civil Polea; así como de académicos de la Unicach, entre ellos la bióloga y encargada del laboratorio de Ciencia y Sociedad de este instituto, Sandra Urania Moreno Andrade.
Ésta última, en entrevista, dio a conocer que «Diálogos Sobre el Marco Legal para la Biodiversidad y Manejo Sustentable de Recursos Naturales en Chiapas» es el resultado de la voluntad de los organismos civiles por creer que el marco legal es útil y que las instituciones aún pueden desempeñar sus funciones. El objetivo principal es la construcción de una postura común respecto a los cambios en el marco legal que afectan la gobernanza, la conservación y el manejo de los recursos naturales.
Además, buscan señalar a quiénes están causando contaminación al agua, al aire y al suelo tanto en Tuxtla Gutiérrez como en otras partes del estado; hacer de las organizaciones ambientales del estado, colectivos que propongan conocer a Chiapas e inhibir prácticas de deterioro.
«Tenemos que seguir creyendo en las instituciones, el marco legal es para prohibir pero también para permitir, es el fundamento de la actuación de las autoridades y el espacio en donde el ciudadano puede sentirse seguro».
Por lo tanto, el Comité Organizador ha dirigido el foro todo público, especialmente activistas, estudiantes y académicos.
«Existe un marco legal y queremos que se conozcan, además buscamos que la ciudadanía se sume a la protección de las especies, de la vegetación y lo haga proponiendo, vigilando que las inactivas como la que tenemos en puerta no vaya con errores que a corto plazo afecten el medio ambiente».
La negativa de los ambientalistas locales a la LGB marca también la pauta para demostrar que desde Chiapas, se puede tener una opinión crítica y propositiva para en un primer momento, rechazar propuestas vacías y en un segundo momento proponer actualizaciones que requiera dicho marco legal.
