La negación de los derechos igualitarios reproduce conductas como la violencia, discriminación y dominación, prácticas basadas en prejuicios y aceptadas como «normales» que limitan la participación político-electoral de las mujeres y las descartan de la toma de decisiones
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]C[/dropcap]hiapas, Oaxaca y Sonora son entidades federativas que destacan, entre muchas, por ser claros ejemplos de lo que es la violencia política por razones de género. El maltrato verbal, psicológico, institucional y social que en 2016 enfrentaron distintas mujeres, entre ellas Rosa Pérez Pérez, demuestran que en el estado aún se restringe el derecho político a este sector que representa más de la mitad de la población.
Los acercamientos hacia la igualdad son resultado del esfuerzo que activistas y organizaciones de la sociedad civil han hecho por fortalecer la democracia en la entidad y recuperar la ya perdida confianza en las instituciones.
Brindando apoyo y acompañamiento a las víctimas de violencia política, la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare) ha intensificado su lucha en la búsqueda de espacios que permitan a las mujeres ejercer libremente su derecho a ser votadas y ejercer cargos públicos obtenidos democráticamente, sin temor a ser agredidas.
Ante la obstaculizada participación del sexo femenino y como parte del trabajo que inició hacia el proceso electoral 2018, la Repare solicitó a marchas forzadas que la definición de violencia política dejara de ser un tema pendiente para poder así prevenir actos que atenten contra la integridad de aquellas que compitan en los próximos comicios.
Fue así como el 25 de mayo el Congreso del Estado, a través de su presidente, Eduardo Ramírez Aguilar, recibió la propuesta de modificación al Código Penal que la Repare construyó en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), la Cátedra Unesco y organizaciones civiles que se han sumado a la lucha por la paridad efectiva.
Durante el proceso, activistas dieron a conocer que entre 1915 y 2015 en Chiapas, 4 mil 704 hombres ha ejercido como presidentes municipales, mientras que sólo 57 mujeres han alcanzado el puesto; es decir, el reconocimiento de la igualdad, libertad y derechos no se han cumplido en su totalidad.
No obstante, el pasado 27 de junio sumaron un logro más en la defensa de los derechos políticos de las chiapanecas, pues el Congreso del Estado aprobó en sesión ordinaria la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
Con esta aprobación se garantiza la protección de las mujeres contra la violencia política de género y se crean nuevos espacios de representación, libres de violencia y con una paridad de efectiva para que influyan en las decisiones trascendentes de la vida pública, social, económica y política de Chiapas.
El concepto quedo plasmado en el artículo 49 de la Ley «Los tipos de violencia contra las mujeres» establece en su fracción IX «La violencia político de género» y en el artículo 50, fracción V «Violencia en los medios de comunicación considerados como actos de violencia verbal, sonora, impresa, digital, audiovisual, televisiva, radiofónica, cinematográfica, editorial o electrónica que sean dirigidos a una mujer, independientemente si se trata de una niña, adolescente, adulta, sea ciudadana o militante de un partido político o política en funciones».
La noticia fue celebrada por muchos por ser considerada como la primera Ley de esa naturaleza en el país, aunque organizaciones de la sociedad civil advierten que aún no es tiempo de celebraciones pues una ley no garantiza que los derechos políticos vayan a ser una verdadera realidad a pesar de constituir un gran primer acercamiento.
De acuerdo con Teresa Olvera Caballero, una de las fundadoras de la Repare, la violencia por razones de género puede presentarse en diversos espacios de acción y obedece a conductas con distintos grados de notoriedad, ya que puede presentarse en forma de acoso, exclusión y hasta muerte.
En cambio, la violencia política por razones de género puede definirse como la omisión en el ámbito político o público que tenga por resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer y el acceso al pleno ejercicio de su cargo o su función en el poder público.
Por tal razón, consideró que en la ruta hacia la participación política de las mujeres en el estado, valdría la pena cambiar los imaginarios colectivos que promueven la violencia política por razón de su sexo y que en las próximas elecciones los partidos políticos se ocupen en impulsar y promover la capacitación, habilitación y defensa de las mujeres que aspiran a un cargo público y, con ello, dar un paso firme en favor de la democracia.
