Las 334 inconformidades presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), incluida la del gobernador de Chiapas, han denunciado presuntas violaciones al «derecho a la información» o a la «libertad de expresión»
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[dropcap]S[/dropcap]e atenta contra su libertad de expresión; ése fue el argumento que utilizó el gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, como base al presentar su impugnación contra los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar «piso parejo» en las próximas elecciones.
Luego que se diera a conocer que siete mandatarios estatales —entre los que figura MVC presentaron sus recursos de impugnación, el periódico nacional El Norte informó ayer que las 334 inconformidades presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) han denunciado presuntas violaciones al «derecho a la información» o a la «libertad de expresión».
Entre las objeciones contra los Lineamientos para Garantizar la Equidad entre los Participantes en la Contienda Electoral 2017-2018 destacan no sólo la de los gobernadores, sino las de Presidencia de la República, legisladores y medios de comunicación agrupados en la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).
La Presidencia consideró que al aprobar esos lineamientos, el INE excedió sus facultades legales pues sólo el Congreso de la Unión —explicó en un escrito— está facultado para reglamentar el Artículo 134 Constitucional, que norma la promoción personalizada.
Su Consejería Jurídica —que preside Misha Leonel Granados— acusó que la disposición del máximo órgano electoral del país transgrede el presupuesto de las dependencias federales en materia de comunicación social; y afectan el derecho de la ciudadanía a ser informada sobre las acciones y programas de gobierno.
«El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco acusó que se atenta contra su libertad de expresión», se lee en la nota publicada por ese diario.
La CIRT acusó que los lineamientos afectan el derecho de sus agremiados a que sean contratados para difundir mensajes que informen a la ciudadanía.
«Es ilegal que los lineamientos que se impugnan impidan que nuestros agremiados sean contratados para difundir mensaje en los que se den a conocer a los ciudadanos en qué consisten los servicios públicos y programas sociales», indicó esa denuncia.
Las reglas aprobadas por unanimidad por los consejeros del INE el pasado 20 de julio prohíben la promoción personalizada de aspirantes a cargos de elección popular y la difusión de programas de Gobierno.
Esas normas aplicarán a partir del 8 de septiembre, en el arranque del proceso electoral federal del 2018, y estarán vigentes por lo menos hasta la tercera semana de noviembre, cuando comienzan las precampañas electorales.
Lo que busca el INE es que haya «piso parejo» para todos los aspirantes partidistas, independientes e institutos políticos.
No se afecta libertad de expresión
Tras el revuelo que ocasionó haber aprobado la regulación de la promoción personalizada en medios, el consejero del INE, Marco Antonio Baños, aseveró para medios nacionales que el elevado número de impugnaciones se debía a que diversos actores «se sienten afectados porque aspiran a una candidatura, pero deben apegarse a las reglas de equidad» como en el caso de aquellos gobernadores que han expresado alguna posibilidad de ser candidatos presidenciales. También insistió en hacerles un llamado a esperar los tiempos procesales de la propia contienda.
Mediante comunicado, el INE explicó que los lineamientos son reglamentos neutros que no buscan favorecer ni perjudicar a nadie puesto que no se trata de una regulación de contenidos en internet ni redes sociales, sólo de la compra y la promoción pagada en esos medios.
«Lo que se busca regular es el dinero, la adquisición, el pago, no la libertad de expresión», explicó en la misiva el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello.
Es decir, los aspirantes a un cargo popular pueden dar entrevistas, enviar mensajes en redes sociales y acudir a actos públicos, pero lo que no podrán hacer es pagar para promover su imagen.
«No cumplir con estos lineamientos implicará que todos los recursos que gasten en propaganda quienes aspiren a un cargo de representación serán sumados a los gastos de éstas, y en caso de rebasar los topes, conforme lo establece la ley, podría ser causal para negar el registro de una candidatura», advirtió.
Córdova Vianello dijo que se establece una reglamentación que garantice la equidad en la contienda no sólo en las elecciones federales, sino también en las 30 concurrentes locales, por efecto de la facultad de atracción ejercida por el INE al aprobar los lineamientos.
