Recriminan que el gobierno federal ha hecho un lado a las organizaciones de la sociedad civil y les ha quitado presupuesto
Aline Espinosa Gutiérrez / Cimac Noticias
Ciudad de México. Defensoras de organizaciones civiles lamentaron que pese a que el gobierno mexicano dice tener una política exterior feminista, en los hechos mantiene una postura de no reconocimiento a los Derechos Humanos de las mujeres, de poco apoyo a las organizaciones civiles a quienes les cerró y relegó de espacios y recortó presupuestos.
Al participar en el conversatorio virtual «La participación de las OSC feministas en foros multilaterales» señalaron que si bien la participación de las organizaciones civiles de mujeres en la política exterior mexicana ha servido para generar una agenda feminista, crear espacios de reflexión y tejer lazos de comunicación entre los países, toda esta labor se queda en el papel porque no se aplican los instrumentos en la política nacional ni se generan acciones para ello, lo que deja a las ciudadanas con un aparato grande de protección, pero sin beneficios de él.
Recordaron que aunque el acceso de las organizaciones a las discusiones internacionales ha impulsado alianzas importantes entre mujeres, sigue prevaleciendo la negativa en el país por trasladar los acuerdos, convenios, instrumentos y demás documentos, a la política nacional.
«Las autoridades mexicanas parecen tener una política de bipolaridad porque por una parte presumen del aporte e intervención de las organizaciones en la política exterior, pero les quitan los recursos económicos y ponen trabas al desarrollo de su labor. Existen estos espacios maravillosos, sin embargo nos pasa esto.
Le pregunto a la cancillería, entonces cómo aprovechamos esa riqueza que generamos y cómo mejoramos nuestra incidencia. Las leyes son primordiales, pero si no tienen mecanismos para llegar a (la política nacional), no hay forma de estas funciones. Existe una falta de escucha porque nadie nos contesta», dijo la directora general del Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C, Magdalena García Hernández.
Recomendaron que para seguir progresando en las políticas exteriores feministas es importante que se abran los espacios de discusión a más personas como las migrantes, desplazadas y jóvenes, con el fin de escuchar las problemáticas que las afectan y estas sean consideradas porque ellas también aportan riquezas y beneficios al resto de la sociedad.
Consideraron que es momento para que los derechos sexuales y reproductivos se integren a más instrumentos y se establezcan mecanismos que continúen garantizando la participación de las organizaciones en el diseño de las leyes internacionales, y eliminar que los instrumentos, convenciones y otros documentos sean considerados como vinculantes o no.
«Es absurdo que la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) sea obligatoria, y la Plataforma de Acción de Beijing no. Los Derechos Humanos no son negociables», añadió García Hernández.
A la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le solicitaron que recuerde a los países de forma sistemática y permanente los acuerdos o documentos que se generan en las discusiones internacionales porque cada vez que hay cambios en los cargos de gobierno parece que estos progresos son olvidados; y que distribuya sus recursos económicos de forma diferente a fin de evitar que los países no entren en un conflicto de intereses.
Llamaron a que todas las instituciones mexicanas adopten los instrumentos internacionales y que ellas junto con la sociedad civil hagan difusión sobre la política exterior y nacional feminista, dejen de estigmatizar la labor de las defensoras de Derechos Humanos y de las organizaciones, y que de una vez cumplan con los estándares internacionales.
En el evento participaron la coordinadora de las relaciones interinstitucionales de Católicas por el Derechos a Decidir, Aidé García Hernández; la coordinadora del Programa de Innovación Social y Participación Ciudadana del Instituto de Liderazgo de Simone de Beauvoir, Tania Martínez Hernández y la directora de IPAS Centroamérica y México, María Antonieta Alcalde.
