Chiapas es uno de los estados de la República que tienen menos mujeres en el Poder Judicial
Aline Espinosa Gutiérrez / Cimac Noticias
Ciudad de México. Senadoras, diputadas y magistradas, coincidieron en la urgencia de impulsar la presencia de las mujeres en el poder judicial en todo México con el fin de garantizar la paridad de género, eliminar las brechas de género, asegurar el acceso a la justicia, promover reformas y fortalecer leyes vigentes que atiendan las problemáticas y necesidades de las mexicanas, como la violencia de género o política, derecho al cuidado, autonomía económica, entre otros temas.
Durante el foro virtual «Hacia la paridad efectiva en el poder judicial», mujeres en distintos niveles de poder detallaron que el poder judicial ha sido uno de los espacios que más se ha negado en avanzar hacia la paridad de género, por ejemplo, han habido 14 ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la Ciudad de México y ninguna de ellas ha sido electa como presidenta en sus 200 años de existencia.
En la CDMX además, dijo la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Wendy Briceño Zuloaga, de las 78 magistraturas que existen en el poder judicial, 63.5 por ciento están ocupadas por hombres y 36.5 por ciento por mujeres, y hay 6 mil 432 personas servidoras públicas en el poder judicial, de ellas 56 por ciento son mujeres, sin embargo, ninguna está en puestos de decisiones.
Estas cifras, detalló Briceño Zuloaga, son aún más graves en los poderes judiciales locales de México, visibilizan la poca presencia de las mujeres en espacios de alto poder, por ello dijo es importante tejer redes entre magistradas, juzgadoras, y todas las que se encuentren dentro de la política para desarrollar reformas y apoyar acciones contundentes que deconstruyan las condiciones que mantienen a las mexicanas en la desigualdad.
Briceño Zuloaga señaló que existen magistradas que trabajan y emiten resoluciones que fortalecen los derechos de las mujeres, como la sentencia del caso «Campo Algodonero» (asesinato de 8 mujeres en Ciudad Juarez, Chihuhua en 2001), la sentencia 1264 (obligó a todos los partidos políticos a respetar la cuota de representación por género desde 2014) y la reasignación paritaria en la Cámara de Diputados.
A pesar de ello, agregó, el pasado domingo quedó constituida la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, la cual tendrá paridad total por primera vez con 250 diputadas y 250 diputados; hay 6 gobernadoras electas y otras mujeres pudieron ser reelegidas en cargos de poder, sin embargo, esto no basta para desmantelar las prácticas establecidas por el patriarcado.
Asimismo, la senadora, Xóchilt Gálvez Ruiz dijo «la igualdad formal no es suficiente para que las mujeres gocen plenamente de sus derechos. Urgen emplear acciones que permitan la existencia de una igualdad como hecho material y no sólo como una manifestación. Las normas jurídicas priorizan la participación de las mujeres, pero la realidad dista mucho de ello».
Ejemplo de ello, añadió, es que las cifras de los poderes locales son aún más graves, hasta abril de 2021, de las 619 plazas de magistraturas locales, 401 están ocupadas por hombres y 218 por mujeres, además; del total de personas magistradas de circuito sólo 20 por ciento son mujeres y 80 por ciento son hombres; y de personas juezas de distrito 26 por ciento son mujeres y 64 por ciento hombres.
Gálvez Ruiz comentó que sólo 4 estados: Aguascalientes, Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz, tienen a una mujer como presidenta del poder judicial local y sólo 4 más: Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Querétaro tienen una conformación paritaria de sus magistraturas mientras que Colima, Coahuila, Chihuahua, Chiapas y Baja California Sur poseen los menores porcentajes de mujeres en magistraturas.
Estas cifras, expuso, demuestran que la paridad en los poderes judiciales locales tampoco ha podido materializarse. «¿Por qué hay sólo 4 estados con una mujer presidenta en el poder judicial?, pues, mucho tiene que ver con que la integración de las magistraturas de los tribunales superiores de justicia estén dominados por hombres. De qué sirve la igualdad formal ante la ley, si en la realidad muy pocas mujeres alcanzan los cargos más altos», dijo.
De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Aleida Alavéz Ruíz, la brecha de género se extiende a otros espacios: en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su sala superior se encuentra integrada por 2 mujeres y 5 hombres; el Consejo de la Judicatura se compone por 2 mujeres y 5 hombres, y el Tribunal de Federal de Justicia Administrativa su sala superior se integra por 2 mujeres y 9 hombres.
«Si las mujeres tenemos obligaciones con la sociedad, pagamos impuestos y acatamos las leyes, entonces es razonable que quienes cumplan con los requisitos para ello tengan las mismas oportunidades que los hombres para integrar los niveles superiores del poder judicial federal», declaró Alavéz Ruíz.
Frente a este contexto, la presidenta de la Subcomisión de Feminicidios y diputada, Lorena Villavicencio Ayala, dijo que es indispensable impulsar las voces de las mujeres y legisladoras en el poder judicial a fin de exigir que la paridad total llegue a todos los espacios de gobierno. Por su parte, la secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, Cinthya López Castro, mencionó que las unidades de género en el poder judicial deben dedicarse a atender temas relacionados con las mexicanas, como apoyo a víctimas, fortalecer los mecanismos de protección y brindar apoyo a las ciudadanas que están privadas de la libertas sin una sentencia.
Además de ello, la magistrada de la Quinta Sala Penal del Tribunal de Justicia de la CDMX, Celia Marín Sasaki, añadió que es necesario que la ley «3 de 3 violencia contra mujeres» sea aplicada en el poder judicial para que ningún hombre que sea agresor o deudor llegue o permanezca en el poder, y llamó a las presentes a promover otros conversatorios sobre paridad en todo y a crear talleres para analizar las sentencias que el poder judicial publique, y así modificar o generar nuevas leyes enfocadas en garantizar que las mujeres disfruten de sus derechos.
