Previo a la reunión de López Obrador y Joe Biden, expertas piden recordar la impunidad que hay en las masacres de migrantes en México
Alexis Ortiz / La Lista
Este martes 12 de julio se llevará a cabo la segunda reunión entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, en Washington, y un tema ineludible en la agenda es migratorio, debido a la crisis que generó el hallazgo de un tráiler con 64 personas atrapadas, la mayoría de ellas muertas por asfixia en San Antonio, Texas.
Ante la tragedia, surgieron reclamos por las duras políticas migratorias de EU con la ayuda de México, lo que ha orillado a las personas migrantes a tomar caminos y medidas más arriesgados por llegar a ese país. La tragedia atrajo la atención internacional, en unos cuantos días se anunció la detención de cuatro personas y el presunto conductor del vehículo sería el primero en comparecer ante un juez para iniciar el proceso legal en su contra.
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que se sumará a las investigaciones del tráiler de San Antonio porque 26 mexicanos murieron en su viaje hacia Estados Unidos.
En 2010 en San Fernando, Tamaulipas, 72 migrantes fueron secuestrados y asesinados por integrantes del grupo criminal Los Zetas, quienes dejaron sus cuerpos apilados en el ejido El Huizachal.
En el mismo municipio, un año más tarde, 196 cuerpos fueron hallados en 48 fosas clandestinas.
En 2012, en Cadereyta, Nuevo León, 49 personas fueron decapitadas, entre ellas, al menos 13 personas extranjeras.
En 2015, en el municipio de Güémez, Tamaulipas, el Ejército encontró una fosa clandestina con los cuerpos de 15 personas migrantes
En 2021, de nuevo en Tamaulipas, pero en el municipio de Camargo, fueron hallados 19 cuerpos calcinados en tres vehículos en un camino de terracería del ejido Santa Anita. De las víctimas, 17 eran migrantes.
La justicia lenta ante crímenes contra migrantes
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJED) ha asumido la defensa legal de algunas víctimas de estas cinco masacres. Ana Lorena Delgadillo, directora de esa asociación civil, detalla que en 2021 se consiguió una sentencia contra dos personas responsables del asesinato de 72 migrantes, mientras que en 2022 se obtuvieron sentencias contra 31 personas por el caso de los 196 cuerpos hallados en fosas clandestinas de San Fernando.
Estas sentencias llegaron más de una década después de que ocurrieron las masacres. En entrevista con La-Lista, la directora de la FJED alerta sobre la impunidad en la que se mantienen los delitos cometidos contra personas extranjeras.
En los casos de San Fernando se obtuvieron sentencias gracias a la presión de la sociedad civil y los familiares de víctimas, pero hay otros sucesos que han sido dejados en el olvido por las fiscalías estatales y la FGR.
«Por una parte tenemos a las redes criminales coludidas con el Estado cometiendo estos delitos y por otra parte tienes a una maquinaria del Estado que ha provocado corrupción, ha provocado impunidad y no tiene ninguna intención de investigar», dice Delgadillo. «La constante ha sido el tema de la impunidad y la falta de acciones efectivas para investigar tanto las ejecuciones como para buscar a las personas migrantes desaparecidas».
Por el asesinato de migrantes en Cadereyta, Nuevo León, actualmente hay seis personas detenidas, pero aún no se ha obtenido ninguna sentencia a 10 años de los hechos.
La FJED tampoco ha visto avances a siete años de la masacre de 15 migrantes en Güémez.
La mayoría de las víctimas son centroamericanos
En todas estas masacres, la mayoría de las víctimas son originarias de los países de Centroamérica, algunas de Sudamerica e incluso de Asia.
Entre las 72 personas asesinadas en San Fernando en 2010, 58 eran hombres y 14 mujeres. Hasta ahora se ha logrado identificar a 63 de ellos, originarios de Honduras. El Salvador, Guatemala, Ecuador, Brasil e India
Mientras que, de los 196 cuerpos hallados en fosas clandestinas también en San Fernando, 91 eran de mexicanos, 36 guatemaltecos, dos salvadoreños y uno hondureño.
En cuanto a los 49 cuerpos hallados en Cadereyta, los que se han podido identificar, 11 eran hondureños, cuatro mexicanos, dos nicaragüenses y uno guatemalteco.
De las 16 víctimas de la masacre de Güemez, diez son de Guatemala y tres de Honduras. Y del más reciente hecho en Camargo, donde 19 personas fueron asesinadas y calcinadas, 16 víctimas son de Guatemala.
Para la directora de la FJED, la impunidad en la que han quedado las masacres contra migrantes ha permitido que la violencia contra este sector de la población continúe. La especialista lamenta que más del 98% de estos delitos no son sancionados.
«La impunidad lo único que hace es mandar el mensaje de que la violencia está permitida, la violencia contra la población mexicana y en contra de las personas migrantes», critica Delgadillo. «No hay ninguna consecuencia para matar, para desaparecer. Si no hay ninguna consecuencia, ¿por qué las redes criminales coludidas del Estado van a dejar de hacer esto que les funciona tan bien?».
La velocidad para resolver los crímenes en México contrasta con lo ocurrido el pasado 27 de junio en San Antonio, Texas. Otro ejemplo reciente es el accidente de un camión en el que más de 50 extranjeros perdieron la vida en una carretera de Chiapas el 9 de diciembre de 2021, del que las autoridades no han dado a conocer avances de alguna investigación.
«Hay toda una intención en la FGR de que estos casos no avancen. Ellos presumen que han conseguido sentencias, pero cuando las lees no encuentras un documento que diga cómo ocurrieron los hechos. También las sentencias se están dando por delitos diferentes a lo que verdaderamente ocurrió, como portación de arma de fuego y delincuencia organizada y no por secuestro u homicidio», señala la directora de la Fundación.
La cifra negra de los crímenes contra migrantes
Estos hechos de violencia han trascendido a nivel nacional e internacional, pero no son los únicos. De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), entre enero y mayo del 2022 al menos 826 personas migrantes han sido víctimas de tráfico de personas, robo, abuso de funciones por parte de servidores públicos, extorsión, soborno, intento de homicidio, entre otros tipos de agresiones.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas solo indica que hay 67 migrantes víctimas de desaparición, una cifra que no encaja con las cientos de familias que dejaron de tener contacto con sus seres queridos en su paso por México con rumbo a EU y que no han recibido respueata ni apoyos para su localización por parte del gobierno mexicano.
Tan solo la FJED acompaña a más de 120 familias de otros países que buscan a sus familiares desaparecidos y también representa al Colectivo Justicia y Esperanza San Luis de la Paz, conformado por las familias de 22 migrantes del estado de Guanajuato que buscaban llegar a los Estados Unidos en 2011 y desaparecieron en el trayecto.
México, corresponsable de un programa con el que migrantes sufren violencia
Para frenar el flujo migratorio y con ello terminar con la violencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto que sus programas sociales Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo El Futuro se apliquen en Centroamérica, además de que Estados Unidos y las empresas privadas hagan una mayor inversión en esa región asolada por la pobreza.
Sin embargo, la necesidad de las personas de mejorar su vida parece no tener tiempo de que la clase política se ponga de acuerdo en un plan. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) indica que entre enero y junio del 2022 llegaron a México 58 mil 642 migrantes a México para solicitar asilo, un número récord. En los primeros cinco meses de este año también han sido detenidos 141 mil 760 extranjeros, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Segob, otra cifra récord para México.
El flujo migratorio sigue y las violaciones a derechos humanos también. En vísperas de la reunión entre López Obrador y el presidente estadounidense Joe Biden, las expertas entrevistadas piden al gobierno federal reconocer el papel que tuvo México en el Protocolo de Protección al Migrante (MPP, en inglés), con el cual decenas de miles de extranjeros han sido devueltos por Estados Unidos a nuestro país y han sido víctimas de diversos delitos en ciudades fronterizas.
El MPP, implementado por el gobierno de Estados Unidos y conocido como «Quédate en México», ha estado vigente desde el 2019. Los extranjeros que piden asilo en ese país deben esperar la resolución de su trámite en ciudades de Baja California, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León o Chihuahua, una región que es extremadamente peligrosa para ellos.
En una primera etapa, con el expresidente Donald Trump, entre 2019 y 2021, 77 mil migrantes fueron enviados a la frontera de nuestro país con Estados Unidos. Luego, con Joe Biden, entre 2021 y 2022, han sido cuatro mil personas más.
La organización internacional Human Rights Watch publicó un informe el 5 de marzo de 2021 en el que documentó la violencia que viven en México los migrantes que son retornados dentro de este programa. De 71 venezolanos entrevistados por esta asociación civil, la mitad dijo que policías, agentes de migración u organizaciones criminales intentaron extorsionarlos en México.
Las autoridades amenazaban a los migrantes con deportarlos si no les entregaban dinero. En 27 casos, los venezolanos aseguraron que grupos criminales les querían cobrar miles de dólares por «protección, de lo contrario, los secuestraban o amenazaban con hacerlo.
Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), considera que las autoridades federales de México debe asumir su corresponsabilidad en el MPP, ya que permitieron que Estados Unidos enviara a personas extranjeras a la frontera norte para esperar sus trámites de asilo.
«México ha sido un gran colaborador o cómplice en estos programas que violan tanto la ley estadounidense como las leyes mexicanas», menciona Kuhner. «Nuestro argumento siempre ha sido que México no está cumpliendo con sus responsabilidades de debido proceso y de no devolución, porque muchas personas han sido expulsadas hasta de México».
Desde 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en sus manos el juicio de amparo 302/2020 interpuesto por Imumi para que se pronuncie sobre la responsabilidad de México en el MPP, pero hasta ahora los ministros no lo han resuelto.
«La idea es que alguna corte reconozca que México tiene una participación activa en estos programas porque sería imposible que el programa funcione si no está de acuerdo», dice Kuhner.
Se tiene previsto que Joe Biden dé por concluido el MPP en los próximos días, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la anulación del programa no viola las leyes migratorias. El presidente de ese país ya había intentado terminar con Quédate en México desde el primer día de su administración en 2021, pero un juez federal de Texas ordenó reinstaurarlo.
Aunque el MPP terminará en Estados Unidos, el Imumi tiene planeado seguir por ahora con el juicio de amparo en la SCJN para que México acepte su responsabilidad en este programa que ha vulnerado los derechos humanos de miles de migrantes.
«Hay migrantes que fueron registradas bajo el MPP y nunca tuvieron la oportunidad de tener su juicio en Estados Unidos porque fueron secuestrados o porque pasó otra cosa», concluye Kuhner. «Hasta que sea jurídicamente factible nosotros vamos a seguir con el argumento de que MPP sigue afectando los derechos de las personas».
