Ante el retraso de dos años para asignar al fiscal anticorrupción, la titular del Comité Coordinador, Jacqueline Peschard, urgió a la Senado a realizar el nombramiento, pieza clave del de la operación del SNA
Agencias
[dropcap]E[/dropcap]l comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) quedó instalado aunque de manera incompleta, ya que ni el fiscal anticorrupción ni los magistrados encargados de sancionar a los funcionarios hayan sido designados.
«El comité es la cabeza rectora del Sistema Nacional Anticorrupción… Hoy se conforma incompleto el comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, falta el fiscal anticorrupción y de los magistrados que tendrán a su cargo imponer sanciones administrativas a los funcionarios que incurran en actos de corrupción», destacó la titular del Comité Coordinador, Jacqueline Peschard.
Desde la reforma constitucional de 2014 se previó el nombramiento del fiscal por lo que el retraso del Senado ha sido de dos años. Ante ello, Peschard urgió a la Cámara Alta el nombramiento, pieza clave del de la operación del SNA.
Este comité se encargará de generar políticas anticorrupción, diseñar elementos que permitan corregir las malas prácticas en instituciones públicas.
Está integrado por los titulares de la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como de un representante del Consejo de la Judicatura Federal y del Comité de Participación Ciudadana.
La también presidenta del Comité de Participación Ciudadana señaló que para iniciar la operación del SNA se establecería una agenda basada en la consolidación del edificio del sistema, combatir la impunidad y encontrar apertura gubernamental como estrategia.
En tanto, Carlos Chaurand, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aseguró que los actos violatorios a la ley serán perseguidos y sancionados, sin importar la jerarquía del infractor.
Comentó que las reformas a la Constitución, publicada el 27 de mayo de 2015, representan un conjunto de decisiones para la reconstrucción racional del orden jurídico en el combate a la corrupción.
