En artículos anteriores hablé de cómo el desempleo por pandemia ha afectado de manera pronunciada a las mujeres. También, he tocado el tema de dobles y triples jornadas que son extenuantes por la distribución asimétrica, entre mujeres y hombres, del trabajo no remunerado. La economía del cuidado nos indica que para formar sociedades igualitarias y justas se debe redistribuir y valorar económicamente el trabajo del hogar −en su mayoría no remunerado−.
Pagar salarios justos a las personas que trabajan en el mantenimiento y/o cuidado de hogares, así como el de integrantes de la familia (niñas y niños, personas discapacitadas o enfermas y/o de la tercera edad) impulsa el desarrollo y con ello la profesionalización en esta materia y la autonomía económica de las mujeres en general. Este es un tema pendiente en el país.
En México, según datos de la ENOE 2018 se estima que 2.5 millones de personas mayores de 15 años trabajan en domicilios por un salario, y 87.7% son mujeres. Además, 96.7% lo hacen en la informalidad, es decir, sin prestaciones como acceso al seguro social, ni derechos como jornadas laborales justas, días de descanso, ni vacaciones pagadas. Un dato brutal que maneja CONAPRED nos indica que 36% empiezan en estos trabajos cuando son menores de 15 años, lo que implica ilegalidad.
La estigmatización de estas actividades juega con la necesidad de un sector social pauperizado, marginado y discriminado (en su mayoría mujeres indígenas y/o provenientes de zonas urbanas de bajos recursos). Ello genera condiciones de explotación a través de esquemas de acuerdos laborales de «trabajo de planta» o con jornadas de 12 o más horas, normalmente sin contrato, lo que deja a las personas trabajadoras del hogar en condiciones de vulnerabilidad.
En los últimos años ha habido iniciativas en favor de igualar sus derechos laborales con los de los demás trabajadores. Finalmente, la presión ha rendido frutos: a finales de 2019 el IMSS y su programa piloto para la incorporación de Personas Trabajadoras del Hogar reportó 11 mil 947 personas afiliadas y ya se busca la reforma correspondiente. Además, México ratificó –por fin– el Convenio 189 de la OIT el 3 de julio de 2020.
Ahora, falta que se valore (en pesos) el trabajo del hogar, como otras sociedades lo han hecho. También se requiere fortalecer servicios públicos y privados dedicados a ello, y generar cultura de apoyo desde las comunidades, para insertar a las mujeres al campo laboral formal y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida, de ellas, de sus familias. Con el trabajo asalariado en los hogares, por contrato y con prestaciones de ley, se promueve el desarrollo y bienestar de la sociedad entera.
