Por Mario Escobedo
Cuando Donald Trump asumió su segundo mandato en enero, muchos sabíamos que no regresaríamos simplemente al guion del primer periodo. Lo que hemos presenciado en estos primeros 100 días es una aceleración dramática de su visión más extrema del poder: una combinación explosiva de autoritarismo selectivo, nacionalismo blanco y brutalidad institucional. En el centro de este huracán político: la migración.
Las políticas migratorias del presidente Trump, lejos de centrarse en la seguridad o la economía —como él suele justificar—, han adquirido un matiz abiertamente ideológico. El trato a los migrantes no es una cuestión de Estado, sino de castigo. Desde la deportación errónea de un migrante a una cárcel de alta seguridad en El Salvador hasta el uso de bases de datos de defunción del Seguro Social para cortar el acceso bancario a migrantes vivos, el gobierno ha desdibujado los límites entre política pública y vendetta populista.
¿Estamos ante la institucionalización de la exclusión como forma de gobierno? ¿Cómo sobrevivirá el principio del debido proceso si se invocan leyes de tiempos de guerra para expulsar personas sin juicio? ¿Qué país se está configurando cuando se criminaliza a estudiantes internacionales por ejercer su derecho a la protesta?
Más allá de las fronteras estadounidenses, las réplicas de estas políticas ya se sienten. En Chiapas, miles de migrantes —venezolanos, haitianos, africanos y centroamericanos— se encuentran estancados en un “territorio de espera” que ya no es solo un sitio de tránsito, sino un limbo permanente. En estas ciudades emergentes del sur mexicano, como Tapachula o Tuxtla Gutiérrez, la desesperanza empieza a echar raíces. Algunos migrantes quieren volver a casa; otros se aferran a una posibilidad laboral que rara vez llega.
La promesa trumpista de sellar la frontera sur y aceptar refugiados blancos sudafricanos es tan escandalosa como reveladora. No se trata solo de cerrar puertas, sino de decidir quién tiene derecho a cruzarlas. La migración, vista así, ya no es una cuestión de derechos humanos o flujos globales, sino de pureza cultural, de supremacía selectiva.
Y sin embargo, pese a la tormenta, las cifras de deportaciones no superan significativamente a las del mandato de Biden. ¿Es esto una estrategia de shock o una cortina de humo para camuflar la continuidad burocrática con un discurso incendiario? ¿Cuántas democracias pueden resistir que la excepción se vuelva norma?
Estamos viviendo una etapa de transformación radical, donde lo migratorio ya no es una variable más del desarrollo, sino el eje donde se disputa el sentido mismo de la democracia y los derechos humanos. Los 100 días de Trump no son solo un examen de liderazgo, sino una advertencia global. Si en México las políticas migratorias de Trump reconfiguran el sur como frontera tercerizada, ¿qué papel jugaremos? ¿Seguiremos siendo el patio trasero o podemos aspirar a ser un territorio de acogida digno y justo?
En tiempos como estos, mirar hacia el norte ya no basta. También hay que mirar hacia adentro. Y preguntarnos: ¿qué país queremos ser frente al sufrimiento migrante?
En los primeros 100 días del segundo mandato del presidente Donald Trump, su administración ha implementado una serie de políticas migratorias que han transformado radicalmente el panorama migratorio de Estados Unidos. A continuación, se detallan las principales medidas adoptadas:
1. Deportaciones masivas y uso de leyes de tiempos de guerra
- Deportaciones aceleradas: Se han deportado más de 142,000 personas en este periodo, utilizando procedimientos expeditos que limitan el acceso al debido proceso legal.
- Invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros: Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, se ha utilizado esta ley para deportar a migrantes, especialmente venezolanos, a la megaprisión CECOT en El Salvador, sin garantías procesales adecuadas.
2. Restricciones a la ciudadanía por nacimiento
- Orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por nacimiento: Se ha firmado una orden ejecutiva que busca negar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en EE.UU., medida que enfrenta múltiples desafíos legales por su posible inconstitucionalidad.
3. Reactivación y expansión de políticas fronterizas
- Emergencia nacional y despliegue militar: Se ha declarado una emergencia nacional en la frontera sur, desplegando 1,500 militares para reforzar la seguridad y reanudar la construcción del muro fronterizo.
- Reinstauración del programa «Quédate en México»: Se ha reactivado esta política que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras se resuelven sus casos en EE.UU.
4. Suspensión de programas humanitarios
- Eliminación del programa de parole humanitario: Se ha terminado el programa que permitía la entrada temporal por razones humanitarias a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, afectando a más de 500,000 personas que ahora enfrentan la posibilidad de deportación.
5. Medidas contra ciudades santuario y expansión de detenciones
- Sanciones a ciudades santuario: Se han implementado medidas para retirar fondos federales a jurisdicciones que no colaboren con las autoridades migratorias federales.
- Expansión del centro de detención en Guantánamo: Se ha ordenado la ampliación del centro de operaciones migratorias en la base naval de Guantánamo para albergar hasta 30,000 migrantes, generando preocupaciones sobre las condiciones de detención y el acceso a procesos legales justos.
6. Vigilancia y colaboración interinstitucional
- Colaboración con el Servicio Postal: Se ha revelado que el Servicio Postal de EE.UU. está compartiendo información con las autoridades migratorias para facilitar deportaciones, incluyendo datos personales y financieros de los inmigrantes.
Estas políticas han generado un ambiente de incertidumbre y temor entre las comunidades migrantes, tanto dentro de Estados Unidos como en regiones fronterizas como Chiapas, México, donde miles de migrantes se encuentran varados en espera de una resolución a su situación.
