Los fallos en materia de género y otros derechos lo han hecho un presidente de la SCJN diferente, pero le han cuestionado su cercanía con AMLO
Alexis Ortiz / La Lista
Especialistas en derecho constitucional dividen opiniones sobre el legado que Arturo Zaldívar dejará a México luego de ser por cuatro años el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Su periodo arrancó en enero de 2019 y concluirá en diciembre de 2022.
Por un lado los expertos reconocen que ha impulsado varias sentencias en materia de derechos humanos, especialmente en temas de género, pero por otra parte le cuestionan que no haya puesto a discusión las impugnaciones en materia de militarización de la seguridad pública y su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Es un buen ministro y es un mal ministro”, resume Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al referirse a los claroscuros de la gestión de Zaldívar.
Aunque eso no impide que los especialistas critiquen que la Corte no ha debatido sobre la utilización del Ejército en las labores de seguridad y el control que esa institución tiene de la Guardia Nacional. La SCJN ha pospuesto por años un asunto que tiene impacto en la seguridad del país, el control de la migración y los derechos humanos.
“Hay que destacar el enorme progreso que hizo el ministro Zaldívar en derechos de las mujeres, ahí es un acierto, pero esto se ve opacado por la enorme deuda que tiene en que no quiso resolver los casos de militarización del país”, señala Catalina Pérez Correa, profesora-investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
La militarización es un tema central para México en estos momentos. Durante su sexenio el presidente López Obrador ha ordenado que el Ejército apoye en labores de seguridad, que construya un nuevo aeropuerto, que se encargue de una parte del Tren Maya y muchas más tareas por las que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Congreso de la Unión y los partidos políticos han presentado acciones de inconstitucionalidad.
Pese a la demora de la Suprema Corte para debatir la militarización, Burgoa destaca otras acciones que Arturo Zaldívar sí impulsó en su administración: el combate al nepotismo y la corrupción, el acoso sexual, el fortalecimiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública Federal y un mayor acercamiento con las mujeres que están presas en la cárcel de Santa Martha Acatitla, de las cuales algunas han sido liberadas tras revisar sus casos.
Una presidencia diferente
La de Zaldívar “ha sido una presidencia totalmente inusual, atípica y extravagante”, dice Garza Onofre. El investigador de la UNAM señala esto por las descalificaciones que el ministro presidente de la Corte ha hecho en contra de sus críticos —les llamó “académicos tuiteros y mediocres”—, por los videos que publica en sus redes sobre asuntos de vida cotidiana y por la cantidad de veces que se ha reunido con el presidente López Obrador.
“Este eslogan que quiere posicionar Arturo Zaldívar de que hay un nuevo Poder Judicial es mentira, los problemas están muy arraigados. No por abrir un TiktTok, no por hacer un documental, no por tener una placa de YouTube de clics significa que la justicia ha cambiado en México. Los pobres siguen teniendo problemas de acceso a la justicia”, señala Garza Onofre.
El investigador de la UNAM interpreta que el mayor uso de las redes sociales, así como una mayor exposición ante medios de comunicación a través de conferencias de prensa, es parte de la estrategia de Zaldívar de cara a su futuro. Si bien dejará de ser ministro presidente de la Corte este año, en 2024 cumplirá los 15 años para los que fue elegido y dejará su puesto definitivamente.
“Claramente está viendo cuál va a ser su panorama una vez que termine su mandato como ministro. Las señales parecerían que está buscando algo más allá de la Corte y en el caso de la militarización, por ejemplo, no resolver es resolver, es una forma de quedar bien con el poder en turno”, opina Garza Onofre.
El uso de redes sociales y las habituales conferencias de prensa de Zaldívar no son lo único por lo que los especialistas califican su gestión como una presidencia diferente. La cercanía que tiene con López Obrador y más integrantes de su gobierno también es puesta en tela de juicio.
El presidente ha dicho abiertamente que tiene confianza en el ministro presidente e incluso, en abril de 2021, el partido Morena fundado por López Obrador aprobó en el Congreso de la Unión una reforma para que Arturo Zaldívar permaneciera en su cargo como presidente hasta el 2024, justo el año en el que acabará este sexenio.
Si bien Zaldívar salió a decir públicamente que rechazaba la ampliación de su mandato, su reacción no fue de inmediata, se tomó su tiempo, y este suceso no ha dejado de ser un ejemplo de la cercanía entre él y López Obrador. Otras decisiones han reforzado esta idea, como su respaldo al ejercicio de revocación de mandato con el que el presidente de México demostró este 2022 que hasta la mitad de su mandato eran más los mexicanos que lo respaldaban que quienes querían que renunciara, aunque no obtuviera el mínimo de participación que exige la ley para hacerlo vinculante.
En juego, independencia de la Presidencia de la Suprema Corte
La cercanía entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial es una de las principales preocupaciones de los especialistas de cara a la renovación de la Presidencia de la SCJN.
Durante este sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto a cuatro ministros: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf, quienes fueron nombrados por la mayoría calificada del Senado..
Pero el 2 de septiembre de 2022 mostró su enojo con las intenciones de voto en la Corte sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. “Me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos”, señaló López Obrador.
Sus comentarios despertaron la preocupación respecto a un intento de colocar a alguien apegado a su proyecto político en la Presidencia del máximo tribunal.
“Si tenemos una gestión afín a la 4T, va a ser difícil que la Corte se sostenga incluso en casos de inconstitucionalidad”, señala Pérez Correa, la investigadora del CIDE. “Si queda un ministro o una ministra a fin a la 4T, vamos a ver una Corte más complaciente y en cambio si es un ministro que tenga una postura neutra o incluso de oposición vamos a ver un Poder Judicial que defienda la separación de poderes”.
El asunto no es sencillo. La experta recuerda que la elección de la nueva o el nuevo presidente de la Suprema Corte tiene como telón de fondo una ola de críticas del presidente López Obrador para desacreditar a los jueces y los ministros que resuelven asuntos en contra de su gobierno, por lo que no debería sorprender que desde el gobierno federal se busque intervenir para que alguien afín ocupe el mayor cargo de la Corte.
“Hay un juego en el que el Poder Judicial le pone límites, el Ejecutivo se lanza públicamente llamándolos corruptos, diciendo que va a mandar reformas, básicamente intimidando a los miembros del Poder Judicial”.
Francisco Burgoa, académico de la UNAM, se suma a la postura de Correa. “El reto principal es garantizar la autonomía y la independencia del Poder Judicial de la Federación”, dice.
El experto critica que Arturo Zaldívar no ha sido “contundente” en la defensa de los jueces que el presidente López Obrador ataca y eso ha dejado influido en que la academia y la sociedad civil critique la independencia de la SCJN.
“La persona que encabece la Suprema Corte tiene el deber constitucional y la obligación moral de defenderla, principalmente en esta época de todos los ataques y señalamientos que haga el presidente de la República”, sentencia Burgoa.
Este artículo fue publicado originalmente en La Lista
