Este año la ciudadanía tiene un compromiso mayúsculo: decidir a las y los gobernantes en México, desde el nivel nacional y, en muchos casos, hasta el ámbito municipal. Los cargos en disputa son muchos, 2,910. Un número significativo de las autoridades por elección popular en el país entrarán en competencia, por lo que los próximos meses serán complicados.
Por ello, conversar en torno a algunos de los riesgos que se pueden presentar antes, durante y después de la jornada electoral es necesario. Es decir, hay que hablar en voz alta sobre los actos que violentan las normas porque no se puede normalizar la impunidad, la ilegalidad y la comisión de delitos, en este caso, electorales. Hacerlo sería claudicar a vivir en una sociedad que se ha dado reglas de comportamiento y aceptar la anomia.
Por ejemplo, hay un riesgo (que, en algunos casos, se puede ver concretado) de que se realicen expresiones de servidores públicos en favor o en contra de una candidatura o un partido político, que haya participación en actos de campaña de personas con un cargo público o que se destinen recursos del erario con fines de promoción de un partido político o una candidatura, o se dé la coacción del voto. Pareciera que no tiene caso mencionar que las anteriores son delitos, porque al salir a la calle, ver la televisión o navegar en Internet hay colores, rostros y hashtags de partidos, personas y nombres que buscan ganar (a como haya lugar). Es lamentable que pretendiendo hacerse de una responsabilidad pública algunas personas tengan que recurrir al olvido de la ley. Pero esto es lo menos malo que puede pasar que, de suyo, es grave.
La presencia del crimen organizado en distintas partes del país es innegable. No tanto porque la prensa nacional y extranjera lo registre, como por los testimonios de familiares, amistades y conocidos que han vivido, con intensidad diferente, la realidad del “México bárbaro”, en donde el Estado si bien no ha desaparecido, sí se ha paralizado, dando oportunidad a que organizaciones delictivas se disputen o apoderen de territorios. Son un actor que debe ser considerado en estas elecciones. Como en el pasado reciente, es probable que ocurran ataques contra candidatos y actores políticos relevantes, y que ofrezcan su estructura operativa para beneficiar a algún partido. Ganar gracias al crimen, vaya caso.
Los gobernantes quisieran: 1. Mantenerse mucho tiempo en el poder y, si no pueden, 2. Dejar a alguien de su confianza. Pero la democracia no permite eso. La organización republicana del poder exige su división y adicionada con la tradición liberal, los mandatos son temporalmente definidos y hay competencia política. Las autoridades electorales, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los correspondientes en las entidades federativas, son los árbitros de la competencia, no deben de aplaudir, sino sancionar. Por ello, cuando haya oportunidad, serán objeto –ya lo están siendo– de descalificación. Es normal, pero también lo es que las autoridades actúen conforme la ley y expresen, cuando sea necesario –sin caer en el protagonismo y dejando a un lado el apetito mediático– sus posiciones con firmeza y claridad, fundados en la ley.
Tres actores se han mencionado vinculado con riesgos de la elección: partidos / candidaturas; crimen organizado y autoridades electorales; sin embargo, no hay que omitir circunstancias que pueden aparecer, aunque su probabilidad sea baja. Que algo tenga poca probabilidad de suceder, no quiere decir que no pueda pasar.
En un contexto de alta competencia electoral, puede ser que se desconozcan los resultados que den las autoridades y no se entreguen los cargos a aquellos que resultaron triunfadores. Esto no solamente generaría una crisis política, sino que los mercados resentirían el hecho, generándose problemas al interior del estado o del país.
Un actor que ha tomado mucho protagonismo en los sexenios recientes son las Fuerzas Armadas. Si bien han descollado por su institucionalidad y aceptado el mando civil desde que el general Manuel Ávila Camacho entregó la Presidencia de la República al licenciado Miguel Alemán en 1946, y reconocido a todos los presidentes sin importar su partido político, hoy los intereses económicos que poseen son mayúsculos. Esto, como es natural producirá que algunos de sus integrantes deseen intervenir –en su beneficio– en las elecciones. Evitar que eso ocurra es tarea irrenunciable del Presidente de la República, como Comandante Supremo, y de los mandos del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.
Se vienen meses complicados, de dimes y diretes, de escándalos, de rumores. Hay que estar listo para lo que toque a la puerta.
