En la entidad, en tiempos recientes, la lucha de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente ha sido castigada de manera penal, de acuerdo con informe de Amnistía Internacional
Aquínoticias Staff
Una colonia de San Cristóbal de Las Casas y el municipio de Chilón fueron testigos silenciosos de cómo la protesta fue tratada como crimen, sin importar si existían razones justificadas para la lucha, esto de acuerdo el informe México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente, documento de Amnistía Internacional que plasma los casos del uso desproporcionado del sistema de justicia para disuadir, castigar e impedir que las personas defensoras protesten para exigir sus derechos.
En dicho informe se explica las desventuras de un grupo diverso de personas de la Colonia Maya, en San Cristóbal de Las Casas, que se unió para protestar en contra de la construcción de un fraccionamiento residencial en una zona protegida en la que causaría daños ambientales.
Así mismo, otro caso en Chilón, donde César y José Luis, defensores tseltales, fueron criminalizados por oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio.
Amnistía Internacional explicó que pese a que el derecho a la protesta es una vía fundamental que las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente han utilizado para exigir sus derechos, en particular cuando otros mecanismos institucionales han fallado o no han sido accesibles para ellas. Diversas autoridades estatales han utilizado la vía penal en su contra sin cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Tampoco han considerado los contextos de las protestas, las causas que las originaron, ni el derecho de las personas a defender la tierra, el territorio y el medio ambiente.
“Los procesos penales en contra de personas defensoras intentan ser un mecanismo disuasivo para otras personas que abogan por las mismas causas, pues suelen causarles miedo al ver que sus legítimas demandas pueden terminar, además, en estigmatización, represión y en amenazas a su vida y seguridad. Esta situación ocasiona claroscuros: por un lado, pudimos observar la esperanza y dignidad de las personas criminalizadas injustamente al sentirse apoyadas por sus comunidades, pero también que algunas personas decidieron abandonar la lucha para exigir respeto a sus derechos”, dijo Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México”.
Más información: México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente (Investigación, 13 de septiembre de 2023)|
