El domingo pasado marché con mi hija y madre, con mis amigas y con millones de mujeres en todo el mundo para manifestarnos a favor de la igualdad y los derechos de las mujeres y niñas.
El lunes, todas las mujeres de mi familia y mi oficina paramos. Nos unimos a todas las mujeres que dejaron de lado el trabajo, la escuela, las calles, para hacer sentir nuestra ausencia, como se siente la de aquellas mujeres y niñas a las que les arrebataron la vida, a pesar de que la Convención para Prevenir y Erradicar toda forma de Violencia contra las Mujeres se aprobó hace 40 años.
En estos días lanzamos un enérgico mensaje en todo el país, de forma masiva y empoderada como nunca. ¡Basta! exigimos soluciones eficaces para prevenir la violencia contra las mujeres y detener el feminicidio que ha crecido como cáncer en los últimos 25 años.
Después del 8M y 9M sigue implementar políticas púbicas integrales y efectivas para atender esta ingente violencia contras las mujeres. Esto es responsabilidad del Estado, pero también de los medios de comunicación, las familias, las empresas, las escuelas, es decir, de la sociedad en su conjunto.
Existen diagnósticos y numerosas propuestas provenientes de la academia, la sociedad civil y de algunos integrantes de los gobiernos comprometidos con el tema. Sin embargo, para erradicar la violencia contra las mujeres también es necesario un cambio en los pequeños espacios cotidianos: el lenguaje, «las bromitas», los dichos. Dejemos de aceptar que a las mujeres se nos minimice, se nos acose, se nos insulte, que se nos considere como objetos.
Por un lado, hay que modificar la cultura, y por otro, hay que exigir cambios institucionales, en las normas y programas enfocados a disminuir la brecha de desigualdad y a prevenir violencia, en la atención a víctimas y en la impartición de justicia, con monitoreos y mediciones que permitan ver los avances, con personal sensible al tema, y, sobre todo, con asignación presupuestal adecuada.
La paridad numérica en los organismos de los tres poderes es fundamental, pero insuficiente. Las políticas públicas en educación, salud, combate a la corrupción y fiscalización, y en particular la impartición de justicia, tienen que tener además de perspectiva de género, rostro y corazón femenino.
Sueño, como millones de madres, que mi hija no forme parte de ese 70% de mujeres que han vivido algún acto de violencia, que el precio de vivir en este país no sea ése. Sueño con saber qué si sale ella, mi madre, mis amigas, yo misma, vamos a volver a casa. Que no seremos sólo una cifra más, una cruz sin vida. Merecemos todos, todas, como decía Rosario Castellanos «otro modo de ser… humana y libre», y no debemos parar hasta conseguirlo.
