El pasado 18 de mayo se cumplieron seis meses de haberse emitido la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVM), seis meses de apatía gubernamental en los que no se han formulado órdenes de protección para las mujeres y en los que no se han aplicado sentencias en contra de los feminicidas
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]E[/dropcap]n los primeros cinco meses que han transcurrido del 2017 las cifras de feminicidios en el estado son alarmantes, de acuerdo con la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser) ya suman 35 las mujeres que han sido asesinadas.
El pasado 18 de mayo se cumplieron seis meses de haberse emitido la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVM), seis meses de apatía gubernamental en los que no se han formulado órdenes de protección para las mujeres y en los que no se han aplicado sentencias en contra de los feminicidas, seis meses en los que los feminicidios y la violencia de género lejos de frenarse siguen en aumento.
Hay que tomar en cuenta que en Chiapas aún existe desinformación respecto a los protocolos que se deberían de estar cumpliendo en los siete municipios en los que la Secretaría de Gobernación declaró la AVM: Tuxtla Gutiérrez, Comitán, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Tonalá, Chiapa de Corzo y Tapachula; según expuso la coordinadora del Consorcio de Organizaciones por la Vida y la Libertad de Mujeres y Niñas (Covimyn), Teresa Olvera Caballero, debido a que el gobierno es ineficiente para defender los derechos de las mujeres.
Ya ha pasado medio año y el avance en la materia es casi nulo, el pasado 8 de mayo se presentó por primera vez la mesa de trabajo sobre la AVG en el estado, por parte de la Fiscalía General en la que solo se lograron acordar la capacitación de funcionarios, según lo reportado por las autoridades en sus portales oficiales.
En reiteradas ocasiones colectivos y asociaciones civiles feministas han denunciado la desarticulación que existe entre los planes de trabajo que las autoridades pretenden implementar y han asegurado que los recursos están siendo utilizados para fines políticos.
De acuerdo con los datos del Observatorio Ciudadano Chiapas la tasa de denuncias por violación sexual de enero a marzo de 2017 es 3.98 mayor a la cifra que en 2016 presentó durante el mismo periodo, y en los últimos 15 meses la cifra ha sido superior a la tasa nacional.
Cabe mencionar que la realidad del estado supera las cifras, tomando en cuenta que las instituciones encargadas de la protección de los derechos de las mujeres se han mostrado apáticas ante los delitos cometidos en contra del sector; además en los espacios rurales las rutas de denuncia son menores debido a los usos y costumbres.
«Es iluso pensar que por la alerta de género mágicamente las cifras van a disminuir, en realidad es un problema multifactorial y considerando las condiciones de vida de muchas mujeres veo muy difícil que cambie esta conducta de patrón feminicida», declaró Dianne Padilla, integrante de Asociación Civil «Somos».
Sin avances en la penalización del delito
Integrantes de Covimyn, el Colectivo Isitamé AC., Nuevos Códices Compatía A.C y Skolta»el Yuún Jlumaltik A.C han mostrado su preocupación ante la falta de avances pese a la existencia de la alerta; en el Estado de México ya se cumplió un año y medio de haberse emitido y, pese a ello, la violencia de género parece ir en aumento.
El Código Penal para el estado de Chiapas, en su artículo 164 bis, reconoce que todo aquel sujeto que haya cometido un acto feminicida será sancionado de 25 a 60 años de prisión.
Sin embargo, la coordinadora del Covimym declaró que activistas y organizaciones civiles han planteado reformular la Ley de libre acceso a una vida sin violencia, revisar el protocolo para la atención del feminicidio y que éste se aplique acorde al protocolo latinoamericano «que tiene una visión más amplia y permite una investigación más específica» como principales acciones que el gobierno estatal debe definir para disminuir la incidencia de este delito.
Además, las integrantes de estas organizaciones destacan la necesidad de capacitar y habilitar al personal de la procuraduría y personal de justicia en Chiapas, considerando que la entidad se coloca dentro de los 10 primeros estados con el mayor número de feminicidios a nivel federal.
El diagnostico «La dimensión espacial y los rostros en de los feminicidios en Chiapas 2012-2016» acercó a los colectivos a conocer los principales motivos para asesinar que algunos feminicidas han revelado, con el objetivo que los colectivos puedan exigir a las autoridades estatales que tienen la responsabilidad de brindar prevención, tratamiento y protección a las mujeres en contra de la violencia de género a diseñar políticas públicas más acordes al ataque del femincidio.
Los resultados del diagnóstico fueron presentados en marzo y puso al descubierto que el 24.8 por ciento de los homicidios tipificados como feminicidio en la entidad se han perpetuado por el temor de ser abandonados por la pareja, el 23.2 por ciento por celos y el 21.2 por ciento se efectuó luego de un intento o haberse efectuado una violación sexual.
