Justo en el momento que existen aún dudas sobre la militarización de la fuerza pública, la Secretaría de la Defensa Nacional se ve involucrada en un escándalo. Un grupo de migrantes fue alcanzado por la violencia durante operación militar en Chiapas
Aquínoticias Staff
La tragedia golpeó la frontera sur de México la noche del martes, cuando un grupo de migrantes fue alcanzado por la violencia durante una operación militar. En un confuso y lamentable incidente, seis migrantes perdieron la vida y varios más resultaron heridos tras un enfrentamiento con elementos del Ejército en el municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas. Lo que debía ser una operación de seguridad acabó en una tragedia que ha sacudido la opinión pública y pone nuevamente en debate el rol de las Fuerzas Armadas en el manejo de la crisis migratoria que enfrenta el país.
El comunicado oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalla que el incidente ocurrió en el tramo carretero Villa Comaltitlán-Huixtla. Los militares, que realizaban tareas de reconocimiento en la zona, detectaron un vehículo que, acompañado de dos camionetas de redilas, circulaba a gran velocidad, un comportamiento que según la Sedena es común en los grupos criminales que operan en la región. Fue en ese contexto que, al escuchar detonaciones, dos soldados procedieron a disparar contra los vehículos, lo que resultó en la muerte de cuatro migrantes en el lugar y otros dos fallecidos tras ser trasladados al hospital.
El incidente ha desatado indignación y preocupación, tanto a nivel nacional como internacional, debido a la magnitud de la violencia ejercida en una situación que, según diversos críticos, debería haber sido manejada con mayor cautela. Con una crisis migratoria que no muestra signos de disminuir, el papel del Ejército en el control de la frontera sur ha sido cada vez más cuestionado, sobre todo cuando la intervención militar desemboca en tragedias humanas como esta.
El contexto en que se desarrolla esta tragedia no puede desvincularse de la creciente militarización de la seguridad en México. Según cifras oficiales, el número de efectivos desplegados en la frontera sur ha aumentado un 33% en los últimos cinco años como parte de las políticas del gobierno federal para contener la migración irregular. Sin embargo, la presencia militar en esta región no ha logrado detener los flujos migratorios masivos ni desarticular las redes de tráfico de personas que operan en la zona. Al contrario, las cifras indican que el año pasado más de 2.2 millones de migrantes intentaron cruzar hacia México, y el 17% de estos lo hicieron a través de rutas controladas por el crimen organizado.
El secretario de Relaciones Exteriores, en coordinación con Sedena, ya ha establecido comunicación con las embajadas de los países de origen de los migrantes involucrados, una acción que subraya la dimensión internacional de este hecho. Los migrantes fallecidos y heridos provenían de naciones tan diversas como Egipto, Nepal, Cuba, India, Pakistán y países árabes, lo que refleja la creciente diversificación de los flujos migratorios que atraviesan México rumbo a Estados Unidos.
La Sedena, consciente de la gravedad del hecho, ha prometido colaborar plenamente con las autoridades civiles y judiciales para esclarecer lo ocurrido. Los dos militares que efectuaron los disparos han sido removidos de sus funciones, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) ya ha comenzado las investigaciones correspondientes. No obstante, la situación plantea preguntas difíciles: ¿por qué se permitió el uso de fuerza letal en una operación que involucraba civiles desarmados? ¿Están los elementos militares adecuadamente entrenados para manejar situaciones de alta tensión en el contexto de la migración masiva?
El incidente también reabre el debate sobre el enfoque punitivo que prevalece en la respuesta del Estado mexicano ante la crisis migratoria. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado repetidamente el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades en las operaciones de control migratorio. Según datos de Amnistía Internacional, entre 2020 y 2023, se registraron más de 500 denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en la región sur del país. En el 60% de los casos, los involucrados eran migrantes que buscaban atravesar México en su camino hacia Estados Unidos.
Las cifras de muertes de migrantes en su travesía por México también son alarmantes. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2023 se registraron más de 800 muertes de migrantes en tránsito, siendo el corredor sur uno de los más peligrosos. A la violencia del crimen organizado se le suma ahora el riesgo de ser alcanzado por acciones militares que, en muchos casos, han sido calificadas de excesivas.
Este suceso se inscribe en una dinámica que coloca a las autoridades en una encrucijada: garantizar la seguridad en una región dominada por el tráfico de personas y drogas, y al mismo tiempo respetar los derechos humanos de los migrantes, quienes a menudo se convierten en víctimas colaterales de las políticas de control fronterizo. Para los migrantes que huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen, México representa tanto una ruta de escape como una zona de riesgo extremo.
La tragedia de Villa Comaltitlán es una dolorosa llamada de atención sobre las complejidades y las tensiones que se despliegan en la frontera sur de México. Mientras el gobierno reafirma su compromiso de actuar con apego a la legalidad, este tipo de incidentes parecen indicar que el enfoque actual de militarización está lejos de ser una solución efectiva para la crisis migratoria. En lugar de mitigar el problema, podría estar generando más violencia y sufrimiento para aquellos que ya están entre los más vulnerables del mundo.
Con información de Sin Embargo
